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Gastó 23 mil pesos diarios en gasolina

El delegado de la Sedesol en Nuevo León, Pablo Elizondo, hizo del gasto de gasolina en el Municipio de Montemorelos su caja chica electoral.

Justo en los tiempos que el priista dejó la Alcaldía de Montemorelos, su administración pagó 2 millones de pesos a uno de sus escoltas por un supuesto consumo de combustible realizado en el primer trimestre de 2012.

Este monto exorbitante –que equivale a un desembolso de 23 mil pesos diarios por compra de gasolina- no pudo ser  comprobado, ni justificado, por la gestión de Pablo Elizondo.

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El delegado de la Sedesol en Nuevo León, Pablo Elizondo, hizo del gasto de gasolina en el Municipio de Montemorelos su caja chica electoral.

Justo en los tiempos que el priista dejó la Alcaldía de Montemorelos, su administración pagó 2 millones de pesos a uno de sus escoltas por un supuesto consumo de combustible realizado en el primer trimestre de 2012.

Este monto exorbitante –que equivale a un desembolso de 23 mil pesos diarios por compra de gasolina- no pudo ser  comprobado, ni justificado, por la gestión de Pablo Elizondo.

Es una de las principales irregularidades que encontró la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la Cuenta Pública 2012 del Municipio de Montemorelos.

La investigación detectó que en el primer trimestre de 2012 se pagaron 2 millones 42 mil pesos a Juan Antonio Sánchez Román, quien se desempeñaba como escolta de Pablo Elizondo, por un supuesto consumo de gasolina.

Los auditores no encontraron en su revisión evidencia documental que comprobara el consumo de gasolina de 212 mil 578 litros de gasolina que se supone se compraron con estos recursos públicos.

Según el exdelegado de la Sedesol, este combustible que compró su escolta era para funcionarios federales y estatales que apoyaron el operativo de seguridad en Montemorelos.

Sin embargo, el Municipio nunca presentó ante la ASE las solicitudes de apoyo para otorgar combustible a las dependencias federales y estatales.

Además las pólizas de los cheques por consumo de gasolina se autorizaron a nombre del escolta de Pablo Elizondo y no, como establece la ley, a nombre de quién emitió el comprobante o realizó el servicio.

Estos pagos realizados al escolta de Elizondo, concluyó el órgano fiscalizador del Estado, se realizaron de manera irregular y son una violación a los artículos 13 y 15 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

Además de la gasolina que se le reembolsó al escolta de Elizondo, la administración de Montemorelos pagó el año pasado 2 millones 600 mil pesos a la empresa Gasolineras de la Región Citrícola, S.A. de C.V. 

Este gasto, a diferencia del pagado al escolta de Elizondo, sí se comprobó con facturas y vales de gasolina, incluyendo el total de litros y el número económico del vehículo como establecen los controles del gasto.

Los pagos por consumo de gasolina que se le autorizaron al escolta de Pablo Elizondo coinciden con la licencia que solicitó el ahora delegado de la Sedesol para contender como diputado local en la pasada elección.

Elizondo dejó su cargo como alcalde de Montemorelos el 22 de marzo de 2012 para postularse como candidato a diputado local por el Distrito 24 de Nuevo León. 

La Auditoría Superior del Estado concluyó que Pablo Elizondo no pudo solventar esta observación, por lo cual debe ser sujeto a un procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa por esta irregularidad.

En la misma situación se encuentra Fernando Daniel Torres Sánchez, tesorero municipal de Montemorelos en la época de Elizondo, quien autorizó estos desembolsos para el guardia de seguridad.

Será el Congreso del Estado, controlado ahorita por el PAN, el que decida si procede contra el delegado de la Sedesol por estas irregularidades que dejó en Montemorelos, o perdona al ahora funcionario federal.

Elizondo en su respuesta a la Auditoría Superior del Estado, aceptó haber violado la ley con estos pagos de 2 millones de pesos, sin embargo alegó que estaba en juego su vida.

El 31 de octubre de 2011, Pablo Elizondo denunció haber sido víctima de un atentado por parte de la delincuencia organizada junto con su secretario de Seguridad Municipal.

Elizondo dice: ‘se jugó la vida’

El delegado de la Sedesol en Nuevo León, Pablo Elizondo, aceptó haberse brincado la ley con el pago de más de 2 millones de pesos que se le hizo a su escolta por un supuesto consumo de gasolina en sólo tres meses.

Pero el exalcalde de Montemorelos lo hizo, según él, porque estaba en juego su vida.

Elizondo intentó en vano justificar ante a la Auditoría Superior del Estado este pago irregular que autorizó justo cuando solicitó licencia como edil en marzo del 2012 para contender como candidato a diputado local por el PRI.

Según Elizondo, a su escolta personal se le asignó la tarea de estar en contacto con los mandos militares y estatales para dotarles de gasolina para sus vehículos.

“No escatimamos en este tipo de gasto, así como de su control, ya que fue muy difícil tomar decisiones desde mi escritorio y sobre todo cuando estaba en juego tu vida y la de los demás”, contestó el ahora funcionario federal, a la Auditoría Superior del Estado.

Elizondo adjuntó copias de notas periodísticas que registran los incidentes en los que se vio involucrado como alcalde de Montemorelos, con la intención de que la ASE las aceptara como una comprobación de este gasto. 

“Me expreso de esta forma como una experiencia vivida (anexo copia documental de los medios que dieron a conocer la noticia que avala mi decir) para que sea tomada en cuenta en su criterio de decisión en cuanto a su comprobación”, escribió en su respuesta el priista.

El dicho de Elizondo no conmovió a los auditores de la Auditoría Superior del Estado, quienes solicitaron al Congreso del Estado iniciar un procedimiento de fincamiento de responsabilidad administrativa en contra del ahora delegado de la Sedesol.

“Se analizó la aclaración y documentación presentada por el expresidente municipal y por la administración 2009-2012…

“Pero aún entendiendo los problemas de inseguridad, los documentos presentados (…) no son suficientes para solventar lo observado, toda vez que no se presentó evidencia que permita confirmar y acreditar el consumo de gasolina, ni documentación, como lo es una solicitud de apoyo de combustible por parte de las dependencias federales y estatales y los tickets de gasolina que emiten los proveedores por cada uno de los consumos efectuados y anexan a las facturas que presentan para su cobro”, dice en su respuesta el delegado.

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