El factor gasolinazo
Pocas cosas pueden influir en el voto de los electores como aquellas que pegan directo a su bolsillo.
La decisión de aumentar el precio de la gasolina podría tener incidencia directa en el voto que ejercerán los ciudadanos en los procesos electorales por venir.
Aunque en 2017 solo habrá elecciones en cuatro estados del país -Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz-, la proximidad de la sucesión presidencial también puede provocar que los resultados se vean empañados por las implicaciones directas que tendrá el aumento a la gasolina en la economía de las personas.
Por primera vez en mucho tiempo, un tema económico podría tener injerencia directa en la decisión que tomen los votantes en junio próximo
Hoy, los priistas intentan justificar la medida tomada por el Gobierno federal de aumentar el precio de los combustibles, dicen que se trata de una medida necesaria
Los otros partidos intentan evitar el costo político que sufrirán, ya sea por haber aprobado la reforma fiscal o la energética
“El Gobierno de la República ha actuado de manera responsable, ha eliminado el precio artificial de los combustibles y, en consecuencia, pudimos salvar los programas de seguridad social”
Enrique Ochoa
Pocas cosas pueden influir en el voto de los electores como aquellas que pegan directo a su bolsillo.
La decisión de aumentar el precio de la gasolina podría tener incidencia directa en el voto que ejercerán los ciudadanos en los procesos electorales por venir.
Aunque en 2017 solo habrá elecciones en cuatro estados del país -Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz-, la proximidad de la sucesión presidencial también puede provocar que los resultados se vean empañados por las implicaciones directas que tendrá el aumento a la gasolina en la economía de las personas.
El voto en las próximas elecciones será de castigo; y no solo para una fuerza política.
Casi ninguno de los partidos podrá sacar raja política de este aumento; tanto el PRI como el PAN y el PRD ayudaron al Gobierno federal en la aprobación de las reformas estructurales que hoy pasan la factura -literalmente- a los ciudadanos. Todos son culpables.
Quizá uno de los pocos que pueda salvarse de los señalamientos es Morena, que sistemáticamente se opuso a las reformas estructurales desde la trinchera que tenía.
Aunque todavía no era un partido constituido legalmente, su líder, Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra los cambios constitucionales que hoy tienen de cabeza a la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Mientras que en el PRI se intenta minimizar el golpe para aminorar el costo político que les traerá la medida, desde el PAN y el PRD se quiere culpar al Gobierno federal por la crisis que viene, tratando de que la gente no recuerde la firma del Pacto por México y el voto del PAN a favor de la reforma energética, y del PRD a favor de la reforma hacendaria.
La lucha ideológica también se da entre quienes pretenden culpar al Gobierno federal, y quienes cargan la responsabilidad a diputados y senadores del Congreso de la Unión.
En redes sociales y a través de otros medios de contacto, como Whatsapp, los ciudadanos llaman a rechazar el aumento a los combustibles y a manifestarse con marchas y bloqueos.
Aunque en algunas ciudades del país las protestas fueron poco atendidas, conforme los efectos en el bolsillo vayan resintiéndose es posible que las movilizaciones aumenten y suban de tono.
Tener una de las gasolinas más caras del mundo tendrá un precio muy alto para toda la clase política del país.
Mala memoria
Fuerte retumbaban los golpes a las cacerolas que los priistas de Coahuila daban contra los gasolinazos.
Era febrero del 2010, y el entonces presidente del PRI en ese estado, Rubén Moreira –hoy gobernador- sacó a las calles a miles de personas del tricolor a protestar contra la medida impulsada por el presidente Felipe Calderón, del PAN.
“El gobierno del presidente Calderón ya no puede conducir esta Nación (…) están todos aquí para, unidos, decirle al presidente Calderón que tiene que rectificar su Gobierno (…) la gente tiene hambre.
“El presidente Calderón tiene una cualidad: no escucha, no sabe escuchar. Por eso compañeros, hay que gritarle al presidente Calderón que ya basta”, lanzó Moreira en su mitin, a lo que la gente contestaba con gritos de: “¡Fuera, fuera!” y agitaba mantas donde se leía: “Calderón, bájale a los huevos, tortillas y gasolina”.
Hoy, en una postura totalmente diferente, los priistas intentan justificar la medida tomada desde el Gobierno federal.
Enrique Ochoa, presidente nacional del tricolor, se ha empeñado en decir que el aumento en el precio de los combustibles obedece a circunstancias externas y que se trata de una medida necesaria.
“Ante el aumento del precio del petróleo, el aumento del valor del dólar con respecto al peso y otras monedas del mundo, el Gobierno de la República ha actuado de manera responsable, ha eliminado el precio artificial de los combustibles y, en consecuencia, pudimos salvar los programas de seguridad social, de atención a la pobreza, de construcción de infraestructura que tanto necesita nuestro país, que estaban en riesgo ante la posibilidad de mantener el precio artificial de los combustibles”, soltó Ochoa, el domingo pasado.
Aun así, el líder del tricolor dijo que su partido se solidariza “profundamente” con los ciudadanos ante ese escenario.
Las otras fuerzas políticas intentan evitar el costo político que inexorablemente sufrirán; sea por haber aprobado la reforma fiscal o la energética, la oposición también tendrá consecuencias por sus votos en el Congreso.
El 2 de diciembre del 2012, un día después de haber asumido la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto logró que los tres partidos políticos más grandes –el PRI, el PAN y el PRD- se sentaran en la misma mesa para firmar el Pacto por México, una serie de compromisos para aprobar reformas estructurales.
Los apoyos se dividieron buscando que las reformas se aprobaran, pero intentando no cargar con el costo político de las decisiones.
Las reformas y el precio de la gasolina
El aumento de hasta el 20 por ciento en el precio de los combustibles, así como su precio diferenciado por regiones, son producto de las reformas aprobadas en años pasados por los partidos políticos mayoritarios representados en el Congreso.
En octubre del 2013 la mayoría del PRD apoyó al PRI en la aprobación de la reforma hacendaria, con la cual ahora se cobra el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), que compone la cuarta parte del precio total de cada litro de gasolina.
En la Cámara de Diputados, la reforma hacendaria se aprobó el 17 de octubre del 2013. Ahí votaron a favor todos los diputados presentes del PRI (207); del PVEM (25); y de Nueva Alianza (10). La apoyaron también 73 de los 100 diputados del PRD y 2 de 10 del PT. Los panistas (113) y los legisladores de Movimiento Ciudadano (18), votaron en contra.
En el Senado, las bancadas del PRI (55) y el PVEM (7) votaron a favor. El PRD se dividió: 10 senadores votaron a favor y nueve en contra. El PAN (36) y el PT (5) votaron en contra.
Con la reforma hacendaria subió el IVA, se unificó su cobro a nivel nacional (antes en la zona fronteriza se pagaba menos), y se creó el IEPS.
A partir de 2017, el cobro del IEPS en gasolinas es fijo. Fue tasado –por la Secretaría de Hacienda y aprobado por el Congreso- en 26 por ciento del precio por litro.
El IEPS (26 por ciento) y el IVA (16 por ciento) concentran el 42 por ciento del precio por litro de gasolina. Poco más del 40 por ciento se refiere al precio internacional de referencia; y el resto (alrededor de 16 a 18 por ciento) corresponde a ganancias de los comercializadores, gastos de transporte y otros.
Es decir, gracias a la reforma hacendaria aprobada por el PRI, el PVEM, Nueva Alianza y parte del PRD, casi la mitad del precio del litro de gasolina corresponde al pago de impuestos.
A esto se suma la reforma energética, aprobada principalmente por el PRI y el PAN, gracias a la que ahora se liberalizará la venta de gasolinas, con la entrada de competidores diferentes a Pemex, y que dividirá al país en regiones de venta con precios diferenciados.
En diciembre del 2013, en el Senado se aprobó la reforma energética con el voto de los senadores del PRI (53); del PAN (35) –aunque dos votaron en contra-; y del PVEM (7). En contra estuvieron las bancadas del PRD (19) y del PT (5).
Al día siguiente, el 12 de diciembre, en fast track los diputados aprobaron la reforma.
Las bancadas del PRI (209); del PAN (107); del PVEM (28); y de Nueva Alianza (10), se encargaron de aprobar la reforma energética. En contra votó una diputada del PRI; tres del PAN; 95 del PRD; 13 del PT y 19 de MC.
Frente al rechazo a la reforma energética, el Gobierno federal comenzó una estrategia de comunicación para defenderla. El propio presidente Enrique Peña Nieto apareció en decenas de spots y con mensajes en redes sociales, anunciando que ya no aumentaría el precio de los combustibles y bajaría el costo de la electricidad.
Ahora los ciudadanos le cobran su error, que podría afectar no solo a su Administración, sino a su partido en las próximas elecciones.
Panorama electoral
Para junio próximo se medirá el verdadero impacto que tendrá el crecimiento en el precio de la gasolina y la cascada de aumentos que, como consecuencia, habrá en otros productos y servicios.
El primer domingo de ese mes, los votantes del Estado de México, Coahuila y Nayarit acudirán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador/a. En Veracruz se elegirá a nuevos alcaldes.
Y aunque el tema del aumento a los combustibles será una de las principales armas de la campaña, lo cierto es que los tres partidos mayoritarios tuvieron que ver con el estado de cosas actual.
En el caso de las elecciones a gobernador, los estados más relevantes para el PRI serán el Estado de México y Coahuila, donde no ha habido alternancia y el tricolor podría perder su hegemonía.
La decisión de aumentar el costo de los combustibles se da también a unos meses del inicio de la sucesión presidencial del 2018.
En octubre próximo, el Instituto Nacional Electoral deberá declarar la apertura del proceso electoral del 2018, donde se elegirá al nuevo ocupante de la Residencia Oficial de Los Pinos.
Por primera vez en mucho tiempo, un tema económico podría tener injerencia directa en la decisión que tomen los votantes. El descontento es generalizado.
Tanto organizaciones sociales, campesinas y empresariales han expresado su rechazo al aumento al precio de las gasolinas.
Esto puede derivar no solo en que el Gobierno federal pierda apoyos, sino que se ejerza un voto de castigo en las próximas elecciones.
“En la determinación de los nuevos precios, nos parece desproporcionado que el gobierno le traslade toda la carga al consumidor final y que no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales”, expresó ayer la Coparmex en un comunicado.
Los empresarios y otros sectores han llamado a mejorar la capacidad de refinación de productos petroleros para dejar de importar gasolina tasada en dólares, cuyo valor ya supera los 21 pesos por dólar.
Las únicas fuerzas electorales que se ha opuesto a las reformas impulsadas desde el Gobierno federal han sido Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, y Movimiento Ciudadano.
Ambos partidos son los únicos que podrían aprovechar electoralmente el tema. Sin embargo, los otros partidos han dicho que tienen “estrategias” para procurar el voto ciudadano en las próximas elecciones. ¿Serán suficientes?
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