Funcionario de Banobras, bajo investigación
La SCT realiza algunas investigaciones de sus propios funcionarios “al vuelo”.
La Secretaría de la Función Pública ordenó reabrir las indagatorias por la asignación de un contrato ilegal para rentar taxis aéreos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las indagatorias involucran principalmente a Carlos Fernando Garmendia Tovar, exdirector general de Recursos Materiales de la SCT y ahora gerente de Adquisiciones de Banobras, dependencia que es encabezada actualmente por Alfredo Vara Alonso.
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“Esta contratación fue única y exclusivamente con el objeto de atender las circunstancias expuestas de manera urgente, aún y cuando en su momento se carecía de la suficiencia presupuestal y por ende existía la imposibilidad para cumplir los requisitos establecidos en la ley”
Actualmente, Carlos Fernando Garmendia Tovar es gerente de Adquisiciones de Banobras y percibe un sueldo neto mensual de 45 mil 714 pesos
La SCT realiza algunas investigaciones de sus propios funcionarios “al vuelo”.
La Secretaría de la Función Pública ordenó reabrir las indagatorias por la asignación de un contrato ilegal para rentar taxis aéreos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las indagatorias involucran principalmente a Carlos Fernando Garmendia Tovar, exdirector general de Recursos Materiales de la SCT y ahora gerente de Adquisiciones de Banobras, dependencia que es encabezada actualmente por Alfredo Vara Alonso.
Reporte Indigo tuvo acceso al expediente de este caso, donde Garmendia Tovar es investigado por haber otorgado un contrato presuntamente violando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa y su Reglamento, además de violar otras disposiciones y leyes.
Se trata del contrato No. ADN-712-DGRM-01/2014-79, que consistió en la contratación del servicio de transportación de taxi aéreo con la empresa Eolo Plus, por un monto de 5 millones 442 mil pesos durante dos meses de 2014.
La Secretaría de la Función Pública investiga si en dicho contrato los recursos de los que dispuso la SCT se administraron con eficiencia, economía y transparencia para satisfacer los objetos destinados, en este caso, la transportación aérea cobraba por horas para funcionarios de la dependencia federal.
La Función Pública investiga si el Órgano Interno de Control en la SCT ocultó hechos en la investigación contra el funcionario público.
En su momento, la propia SCT determinó como “cosa juzgada” el asunto, y la SFP determinó la reapertura de las investigaciones en la contratación de las horas de vuelo a la empresa aeronáutica.
La SFP investiga presuntas irregularidades administrativas, como la ausencia de la suficiencia presupuestal que viola disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa y su Reglamento; y la omisión para elaborar un dictamen sobre la investigación de esa contratación.
También cuestiona la presunta falta de un proceso de investigación de mercado, que transgrede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, así como la violación al Código Fiscal de la Federación, al no contarse con la opinión positiva del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La SFP pidió a la SCT que argumente “el supuesto caso fortuito o fuerza mayor que derivó en la contratación y por el que no fue posible obtener los servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad”.
Asimismo, pide conocer si se realizaron tres cotizaciones con las mismas condiciones para la contratación del servicio de taxi aéreo y la descripción pormenorizada de los servicios requeridos, así como el señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que hubiesen sido necesarios contar para la prestación de los servicios correspondientes.
Actualmente, Carlos Fernando Garmendia Tovar es gerente de Adquisiciones del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. N.C. con un sueldo neto mensual de 45 mil 714 pesos y trabaja a las órdenes del director de Recursos Materiales, Teódulo Ramírez Torales.
‘Era mucha urgencia’
Ante el inicio de la investigación del Órgano Interno de la SCT, los funcionarios defendieron que la contratación se dio de manera inmediata debido que era “urgente”, aunque no había recursos para el pago de estos servicios de manera inmediata.
De hecho, en el documento de contratación de la prestación del servicio se explica que la SCT tiene en trámite los recursos presupuestarios para solventar dicho documento.
La SCT dio un carpetazo al asunto, que consideró “cosa juzgada”, incluso con referencias a documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque los propios implicados aceptan que no se apegaron a la ley para la contratación.
“Para hacer frente a las necesidades de los servicios aéreos destinados a los funcionarios de mando en esta secretaría (SCT), fue necesaria la contratación de una empresa que contara con capacidad de respuesta inmediata y ofreciera condiciones de seguridad en el traslado de los servidores públicos, por lo que suscribí conjuntamente con el maestro Carlos Fernando Garmendia Tovar, director general de Recursos Materiales, en contrato ADN-712-DGRM-01/2014-79 con vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2014 con la empresa mencionada”, refiere el oficio 5.0.2-007/2014 firmado por el director general adjunto de Seguridad y Servicios Aéreos de la SCT, Santiago Hidalgo y Gómez, quien se mantiene en el cargo en la dependencia federal.
Hidalgo y Gómez acepta que realizó la contratación “sin ajustarme estrictamente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, así como la similar presupuestal, sin embargo, esta contratación fue única y exclusivamente con el objeto de atender las circunstancias expuestas de manera urgente, aún y cuando en su momento se carecía de la suficiencia presupuestal y por ende existía la imposibilidad para cumplir los requisitos establecidos en la ley, como era lo procedente a fin de establecer los compromisos entre esta dependencia y ‘el proveedor’”, señala el oficio dirigido a la titular del Órgano Interno de Control de la SCT.
En una rememoración de los antecedentes, se describe que la contratación permitió a la SCT “coadyuvar al cumplimiento de conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país”.
Sobre el pago a la empresa se explica que “se obtuvo la suficiencia presupuestal el pasado 3 de junio del año en curso (2016), cuando solicité a la Subdirección de Convenios y Contratos de la Dirección de Adquisiciones me asignara el número de referencia y su respectiva formalización con el objeto de asumir y finiquitar la obligación de pago”, explicó el director general adjunto de Seguridad y Servicios Aéreos de la SCT.
