Funcionarios en riesgo, deficiencias en seguridad

Los ataques y amenazas contra altos mandos de gobiernos estatales obliga a las autoridades a considerar brindarle más seguridad a su personal, mientras el desafío del crimen organizado hacia el Estado continúa
Eduardo Buendia Eduardo Buendia Publicado el
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Los recientes atentados y amenazas a servidores públicos de gobiernos estatales o del Poder Judicial reabren el debate sobre la importancia que tiene la seguridad personal para que realicen su labor.

Los últimos hechos registrados también encienden las alarmas de las autoridades para mantener protegidos a sus funcionarios.

Los asesinatos del juez federal Uriel Villegas y de su esposa cometidos en Colima; el atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y la información sobre que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se encuentra entre los objetivos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejaron al descubierto los desafíos que grupos del crimen organizado lanzan al Estado.

“Se ha perdido el respeto a la figura del gobierno. Y lo vimos en el atentado cometido a Harfuch, que ocurrió en una de las zonas más importantes de este país, donde están todas las embajadas de diferentes gobiernos”, considera Arturo Argente, experto en temas de seguridad y gobierno.

El también académico del Tecnológico de Monterrey agrega que además de revisar los protocolos de protección para los servidores públicos que realizan labores de seguridad, se deben perseguir los actos de corrupción en el sistema de justicia para hacer más efectiva la detención de personas ligadas a los cárteles y evitar la filtración de datos sensibles para que los funcionarios dejen de ser blancos de la delincuencia.

El Gobierno federal debe adoptar ciertas medidas y no ceñirse a la guardia personal de los funcionarios que están en esta lucha contra el narcotráfico. Esto implica que el Poder Judicial también haga una limpia en su estructura
Arturo ArgenteAcadémico del Tecnológico de Monterrey

Ataques y amenazas

La mañana del 16 de junio, el juez federal Uriel Villegas fue asesinado en su domicilio por un grupo armado. Los atacantes también ejecutaron a su esposa.

El homicidio se interpretó como una respuesta al trabajo que Villegas desempeñaba como juez federal. Durante su carrera judicial llevó varios casos relacionados con la delincuencia organizada.

Entre esos expedientes, se encuentra uno de los procesos penales en contra de Rubén Oseguera González –quien fue extraditado a Estados Unidos–, hijo de Nemesio Oseguera CervantesEl Mencho”, líder del CJNG.

Tras el asesinato, en redes sociales se criticó el hecho de que el juez federal no contara con seguridad personal y para su familia. El crimen fue calificado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, como un “crimen de Estado”.

Diez días después del homicidio de Uriel Villegas, se registró un tiroteo en la zona poniente de la Ciudad de México.

Alrededor de las 6:30 horas, un grupo armado acorraló y disparó en más de 400 ocasiones hacia el vehículo en el que viajaba Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A pesar de contar con personal de seguridad y un vehículo blindado, el secretario resultó lesionado por tres disparos. Sus escoltas murieron y una persona que pasaba cerca del lugar en el momento del atentado.

García Harfuch atribuyó el ataque a integrantes del CJNG. Por el hecho, fueron detenidas 12 personas.

Durante las indagatorias a los detenidos por el ataque al titular de la SSC, la autoridad dio a conocer que entre los objetivos del CJNG se encuentra también Enrique Alfaro.

Luego de que esta información surgió, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección al mandatario de Jalisco.

Presidente con seguridad austera

Uno de los compromisos de López Obrador antes de su llegada a la Presidencia fue la eliminación del Estado Mayor Presidencial, institución encargada de la seguridad de los mandatarios mexicanos antes de su gobierno.

En mayo de 2019 se publicó la extinción de este organismo y sus 6 mil 600 elementos pasaron a las Fuerzas Armadas del país.

Decisiones como la desaparición del EMP y el viajar en vuelos comerciales como parte de la “austeridad republicana”, valieron críticas para el jefe del Ejecutivo por considerar que su protección debe ser reforzada por el ambiente de inseguridad y violencia que hay en el país.

El presidente López Obrador ofreció protección al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por las amenazas que recibió del CJNG

Otra de las medidas tomadas por el gobierno del tabasqueño fue enfocar la protección solo en servidores públicos encargados en tareas de seguridad pública.

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