Durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel Lopez Obrador se han generado riquezas inexplicables o injustificadas entre sus funcionarios, por un monto que supera los 2 mil 725 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones que ha desarrollado en esta materia la Secretaría de la Función Pública.

El combate a la corrupción es una de las principales banderas que enarbola el Gobierno de López Obrador, y los niveles de enriquecimiento inexplicable o injustificado que ha detectado la Secretaría de la Función Pública entre sus funcionarios, son muy similares a los que se registraron durante la administración que encabezó Peña Nieto.

La información que proporcionó la Secretaría vía transparencia, muestra que durante el Gobierno de Peña Nieto emprendió 199 indagatorias por el crecimiento inexplicable o injustificado del patrimonio de sus funcionarios públicos, por un monto de mil 452 millones 614 mil 533.88 pesos.

Por su parte, durante el Gobierno de López Obrador, la Secretaría señala que ha iniciado 154 expedientes por el aumento inexplicable o injustificado del patrimonio de sus funcionarios, por la cantidad de mil 273 millones 210 mil 399.83 pesos, una cifra apenas por debajo de la que arrojó la administración de Peña Nieto, aunque al Gobierno de la Cuarta Transformación le restan dos años.

De esta forma, y de acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, y en específico de su Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial (DGRVP), los funcionarios públicos de los Gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador, se habrían enriquecido con un caudal de recursos que, en conjunto, suman un total de 2 mil 725 millones 824 mil 933.71 pesos.

A pesar de que la ASF ha detectado enriquecimiento inexplicable en los funcionarios públicos y ha denunciado los hechos a la FGR, estas denuncias se han traducido en pocas sanciones penales

El mismo reporte de la dependencia, sin embargo, evidencia que estos hallazgos que se han hecho vigilando la evolución patrimonial de los funcionarios federales, siguen sin traducirse en un grado importante en sanciones de tipo penal, pues al respecto, la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) señaló:

“Informó que después de una búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta en la temporalidad de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador se localizó un listado total de 290 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de Enriquecimiento Ilícito; de los cuales 279 se encuentra en investigación inicial, 2 en investigación complementaria, 1 en etapa intermedia, 1 en etapa de juicio, 1 en ejecución de sentencia y 6 en impugnación; cabe señalar que hay 4 expedientes a los cuales la Fiscalía General de la República aún no ha asignado el número de indagatoria (folio 330026522001678)”.

+2,725 millones de pesos es el caudal de recursos con el que se han enriquecido injustificadamente los funcionarios públicos en los últimos dos sexenios

Enriquecimiento Ilícito de funcionarios

La Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la Secretaría, señala que durante el Gobierno de Peña Nieto, la dependencia interpuso 157 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de enriquecimiento Ilícito contra aquellos funcionarios federales que incrementaron injustificadamente su patrimonio.

Por su parte, durante el Gobierno de López Obrador, la Secretaría suma hasta ahora 133 denuncias penales presentadas ante la misma Fiscalía, también por el delito de enriquecimiento Ilícito, un delito que está tipificado de la siguiente forma en el Código Penal Federal, en su Artículo 224:

“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. (…) se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”.

Las sanciones establecidas son estas: “Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa”.

Durante el Gobierno de López Obrador se han presentado 133 denuncias penales por enriquecimiento ilícito contra funcionarios públicos

Por su parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece al respecto, en su Artículo 37: “En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”.

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