El asesinato de la menor Ana Lizbeth en el municipio de Juárez, Nuevo León pone en evidencia la incapacidad y omisión de las autoridades para implementar acciones y protocolos necesarios para combatir la violencia contra las mujeres.

A un año y ocho meses de que fuera declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 5 municipios, uno de ellos Juárez, el gobierno ha sido omiso en la implementación de medidas de seguridad y preventivas para atacar la crisis y las consecuencias de su incompetencia se siguen acumulando.

Ayer la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer la identidad del principal sospechoso del asesinato de Ana Lizbeth.

Se trata de Juan Fernando ’N’ de 37 años, quien tiene antecedentes penales y cumplió una condena por violación y abuso sexual. Ya contaba con órdenes de aprehensión.

La autoridad dio a conocer que la causa de muerte de la menor fue por asfixia y estrangulamiento y ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien facilite información que ayude a la detención.

Asimismo, el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero recalcó que la Policía de Juárez tardó 12 horas en notificar sobre la desaparición de la menor, y aseguró que como indica el protocolo, emitieron la Alerta Amber de forma inmediata.


Representantes de organismos civiles aseguran que la actual administración ha sido rebasada por el problema y que las medidas implementadas no son suficientes para garantizar la seguridad

“Falta mucho todavía que hacer en cuanto a temas de coordinación y vinculación. Sí vemos esfuerzos, son esfuerzos de personas que quieren hacer las cosas bien pero falta definitivamente la conformación de una política pública que realmente vincule y haga estrategias con una visión a largo plazo”, asegura Alicia Leal, fundadora de la asociación Alternativas Pacíficas.

Nuevo León no solo se encuentra sumido en una crisis de seguridad pública sino que es un estado en donde las mujeres están expuestas a la violencia de género.

La problemática más grave es a nivel institucional. Las acciones por parte del gobierno, advierten, no han sido suficientes. Hasta el momento el esfuerzo parece estar concentrado en la prevención.

El más reciente caso que ha indignado a la opinión pública, el asesinato de Ana Lizbeth exhibe claramente las deficiencias: falta de respuesta inmediata, ausencia de coordinación entre instancias y vacío institucional, entre otras.

“No se qué criterio utilizaron para mandar este asunto hasta el lunes. La niña debió inmediatamente haber sido buscada de manera inmediata. Los niños de 8 años no se van por lo general por su propio pie”, recalca Alicia Leal.


La mayor omisión por parte de la policía de Juárez es el no haber dado parte de forma inmediata a la Fiscalía General sobre la desaparición, lo que refleja no solo la falta de coordinación, sino las deficiencias de los municipios en la implementación de las recomendaciones de la Alerta de Género, las cuáles son generalizadas

“La familia va y reporta a la policía y la policía de Juárez si bien pudieron haber andado buscando a la niña, sí cometieron una omisión al no dar el parte al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata. Ahí el problema es esta ineficiencia y esta falta de capacitación de lo que tienen que hacer”, apunta Irma Alma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad.

“Tenemos un dictamen que ya está publicado que habla precisamente que el municipio hizo pocas acciones para darle seguimiento a las medidas recomendadas por la Alerta”, agrega.

Precisamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio sobre posibles negligencias en las que incurrieron tanto las autoridades de Seguridad Pública de Juárez como la Fiscalía General del Estado por no haber atendido de forma diligente y oportuna la denuncia.

Crisis evidente, nula conciencia

Los números no mienten. Según cifras de organizaciones como Arthemisas por la Equidad o Alternativas Pacíficas, en lo que va del año se habrían registrado al menos 41 muertes violentas en la entidad, aunque no todas ellas han sido investigados como feminicidio.

Además, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 en Nuevo León se acumularon 644 denuncias por violación y mil 7 por abuso sexual. Entre enero y mayo de este año los números son de 332 y 436 denuncias respectivamente.

Falta de protocolos actualizados de investigación, deficiente coordinación entre las instancias oficiales y prevenir la violencia contra las mujeres, una nula concientización real del problema, falta de atención adecuada a víctimas, son algunas de las deficiencias.

“Hay datos que pudieron ser tomados en cuenta para evitar los feminicidios, no todos, pero la realidad es que la mayoría de los feminicidios que pueden ser evitados si se tomara en consideración el grado de peligrosidad del agresor y se tomara más la carga en el peso de los agresores, no en las víctimas”, advierte Alicia Leal.

“Necesitamos revisar lo que hemos estado haciendo como gobierno, como sociedad civil, lo que necesitamos reorganizar”, agrega.

“Hay que trabajar en todo el estado, no únicamente en los cinco municipios donde se declaró la Alerta”, recalca Irma Alma Ochoa.


Las medidas emprendidas quedan muy lejos de las expectativas, y al final quienes siguen pagando el costo son las mujeres

Expolicía presunto asesino de Ana Lizbeth

Por jesús Padilla

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló a Juan Fernando Ruiz Ramos como presunto asesino de Ana Lizbeth Polina de 8 años, por quien ofrecen una recompensa de 500 mil pesos.

Según la información, el señalado, quien era expolicía de Seguridad Pública de Nuevo León, operó en un radio de 400 metros para llevar a cabo su cometido en la colonia Vistas del Río, en Juárez.

La menor fue raptada el pasado domingo en una plaza de la zona y el martes su cuerpo fue encontrado en un terreno.

Se informó que el sospechoso habría asesinado a Ana Lizbeth por sofocamiento en un domicilio, que fue asegurada por la Agencia Estatal de Investigación, ubicado a media cuadra de donde fue vista por última vez por su madre Dulce Elizabeth Ramírez, así lo informó Esteban Alejandro Cantú Montes, director de la Agencia Estatal de Investigaciones

Presuntamente se dijo que la casa donde se cometió el crimen habría sido prestada al homicida hace unas semanas por su pareja sentimental.

“Sabemos que es una persona que no tiene un domicilio fijo, una persona que puede estar vagando, y se pude dificultar un poco la ubicación”, agregó el funcionario.

Juan Fernando “N” tiene 37 años, mide 1.70 metros de estatura y probablemente usa barba y tiene tatuajes.

En septiembre de 2014, el presunto asesino de Ana Lizbeth fue señalado por la entonces Procuraduría de Justicia de Nuevo León por una carpeta de investigación por el delito de violación. En esa ocasión se ofrecieron 275 mil 889 pesos por información del acusado.

Se estableció que Juan Fernando secuestró a la menor en un taxi, para después abusar de ella en la Colonia Cima del Poniente.