Los mecanismos de fiscalización que tiene a su disposición el Instituto Nacional Electoral (INE), pero que requieren de la participación de otras instancias federales para su funcionamiento óptimo, no están operando de forma armónica y eficiente en este proceso electoral, según se advierte en un Informe de la Comisión de Fiscalización del organismo.

A pesar de que el financiamiento ilícito de las campañas políticas está reconocido como uno de los mayores problemas que enfrenta la democracia mexicana, instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llegan a demorar cientos de días en responder a los requerimientos de información que les hace el INE.

De acuerdo con el “Informe del estado que guardan las solicitudes de información a las autoridades fiscales y financieras”, que publicó el INE en mayo de 2021, esta tardanza de las autoridades bancarias y fiscales no solo entorpece las investigaciones sobre el financiamiento y gasto de los actores políticos, sino que representa en sí misma una violación a la ley.


La tardanza de la CNBV y el SAT no solo entorpece las investigaciones sobre el financiamiento de las campañas electorales, sino que representa una violación a la ley

“La fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y candidaturas independientes a nivel nacional, le corresponde al INE por conducto de la COF (Comisión de Fiscalización). (…) Para ello, el artículo 200 de la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) dispone que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la UTF (Unidad Técnica de Fiscalización), las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud”.

Pese a ese “plazo máximo”, el Informe señala que la CNBV tiene 741 solicitudes pendientes de responder de manera total (pocas de ellas fueron respondidas de forma parcial). La más antigua se realizó en el año 2020 y tiene 252 días sin atención, una excede de 125 días, 61 con un promedio de 57 días y 239 con 37 días sin atención.

“Respecto de 439 solicitudes formuladas recientemente en el mes de mayo, todas ya sobrepasan el plazo de ley de cinco días para dar respuesta”, señala.

Con respecto al SAT, el Informe revela que además de que tiene decenas de requerimientos de información sin responder, recientemente le solicitó al INE que justifique sus solicitudes de datos.

“El SAT tiene 65 requerimientos sin atender; el más antiguo de 155 días. (…) Es importante destacar que el viernes 14 de mayo, el SAT notificó ocho oficios al INE, respecto de solicitudes previas, requiriéndonos señalar las razones que motivan los requerimientos de información, lo anterior para permitir otorgar la certeza necesaria que garantice el adecuado intercambio de información conforme al objeto del Convenio de colaboración del 23 de febrero de 2015.

“Este requerimiento por parte del SAT resulta inédito pues anteriormente el INE ha solicitado información similar y el SAT ha proporcionado las respuestas sin manifestar ningún inconveniente”.


El SAT pese a tener decenas de requerimientos de información sin responder, el más antiguo de 155 días, le solicitó al INE justificar sus solicitudes de datos

Políticos-empresarios

Con la Secretaría de Economía (SE) también se están presentando problemas: el INE le propuso que se hiciera un cotejo “masivo“ entre dos grandes rubros de información: los candidatos y actores políticos por un lado; y por otro, los accionistas y miembros de las empresas del país, sin embargo, la dependencia no pudo proveer los datos necesarios.

“Se conformó un grupo de trabajo integrado por ambas instituciones. En las reuniones de trabajo, la UTF expuso la necesidad de contrastar, masivamente, la información de los socios, accionistas, representantes legales y comisarios de las sociedades mercantiles contra los candidatos, estructura orgánica de los partidos políticos, aportantes, proveedores, entre otros.

“Derivado de lo anterior, en mayo 2018, la SE entregó a la UTF la información relativa al SIGER. El 17 de marzo de 2021, la UTF solicitó a la SE la actualización del universo de sociedades mercantiles inscritas en el SIGER, de 2019 a marzo de 2021; sin embargo, al no recibir respuesta por parte de la SE con fecha 13 de abril 2021 se envió recordatorio. (…) El 20 de abril 2021 la SE informó que la petición de la UTF sobrepasaba sus capacidades técnicas y humanas, por lo tanto, no podría atenderse”.


La Secretaría de Economía respondió al INE que no tenía las capacidades técnicas y humanas para realizar un padrón de políticos y otro de empresarios y proveedores

Ante tales muestras de descoordinación, el INE recuerda que este andamiaje legal y operativo en materia de fiscalización, requiere para su óptimo funcionamiento, de un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de las distintas autoridades y dependencias que tienen participación en áreas de prevención y vigilancia sobre el adecuado origen y destino de recursos públicos y privados que circulan en el sistema financiero de nuestro país.

“En este sentido, el intercambio de información con otras autoridades adquiere suma relevancia para allegarse de elementos para corroborar el origen del financiamiento que reciben los partidos políticos y personas candidatas, así como su correcta aplicación”.

Dinero ilegal en fiscalización

En el estudio “Dinero Bajo La Mesa. Financiamiento Y Gasto Ilegal De Campañas Políticas En México”, que elaboró Integralia y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en 2018, se arroja una estimación del tamaño que podría tener el financiamiento ilícito de las campañas en el país:

“El financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana. (…) Se toma como unidad de análisis las campañas de gobernador (…). En aproximaciones conservadoras, se estima que, en promedio, ¡por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad!”.

También señala que una campaña promedio para gobernador puede costar hasta 10 veces más que el tope legal. El tope legal promedio de campañas de gobernador de las últimas elecciones en las 32 entidades del país antes de 2018 fue de 46.8 millones de pesos constantes.

“Eso significaría que el promedio de gasto real ejercido de una campaña exitosa de gobernador puede rondar los 460 millones”, concluye el estudio.

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