Fiscalía de NL sin transparencia y sin auditoría de 2019
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, reservó información en el gasto de servicios básicos, mientras tanto, la Auditoría Superior del Estado no está autorizada para difundir su contenido
Jesús PadillaLa Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, clasifica como información reservada el gasto en servicios básicos. Esto ocasionó que la auditoría no pudiera desglosar en la revisión de la cuenta pública de 2019 los artículos adquiridos.
La FGJNL reserva el proveedor, precio unitario y cantidad de artículos en la compra simple y pago de aditivos, mantenimiento menor de áreas verdes y predios, así como en una consultoría para el soporte en la elaboración de la cuenta pública 2019.
“En este apartado se contiene información y datos extraídos de documentos y expedientes clasificados como reservados por el ente público, y hasta en tanto subsista la reserva de la misma, esta Auditoría Superior del Estado de Nuevo León no está autorizada para difundir su contenido”, dice la cuenta pública 2019.
De manera muy general, la ASENL informa la compra de refacciones mecánicas para vehículos tales como mantenimiento mayor, resistencias de suspensión, ajuste de faros y puertas, rellenos de empaques, balatas delanteras y traseras, horquillas superiores. Pero con esto no se puede determinar el precio unitario de cada artículo comprado.
+87
Los proveedores del pago de servicios por arrendamiento de activos intangibles necesarios para la operación de la FGJNL también se califican como reservados. La clasificación de información reservada es un criterio que utilizan la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para no proporcionar el gasto por motivos de seguridad.
No obstante, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado (Cotai) y la Secretaría de Seguridad firmaron un convenio en 2020 con el objetivo de facilitar la publicación constante de información de interés público. Se comprometieron a optimizar el acceso y no sujetarse a la clasificación de información reservada.
La fiscalía estaría violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Responsabilidades Administrativas
En total son 28 conceptos abiertos a consulta, los cuales estarán disponibles en esta primera fase, entre los que destacan el gasto por COVID-19, el costo de monitoreo de medidas cautelares, el total de ascensos por año, presupuestos desglosados, entre otros.
Gestión financiera de la Fiscalía deficiente
La ASENL revela que la FGJNL presenta 46 observaciones no solventadas en gestión financiera en la cuenta pública 2019, recién publicada.
A decir de la auditoría, el órgano autónomo a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero no sustentó bajo la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Responsabilidades Administrativas 87 millones 656 mil 854 pesos.
“No solventa registros contables, ya que la baja de bienes no se realiza conforme a lo establecido ni tiene registrados en su contabilidad los bienes inmuebles, no proporcionó evidencia del levantamiento físico de inventarios conciliado con contabilidad, además, durante el ejercicio 2019 realizó registros de gastos e ingresos sin haberse realizado o cobrado, asimismo realizó registros de manera global sin detalle o documentación soporte”, dice la auditoría.
El órgano fiscalizador exhibió que la Fiscalía no brindó cursos a sus proveedores sobre las faltas administrativas y hechos de corrupción.
“No se localizó ni se exhibió la documentación con la cual se demuestre que al menos una vez al mes durante el ejercicio 2019 el ente público haya impartido a los proveedores que le brindaron cualquier tipo de servicio, el curso de prevención y concientización sobre las faltas administrativas y hechos de corrupción”, dice la auditoría.
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Además, la Fiscalía no presentó evidencia de que durante el ejercicio 2019 contara con los perfiles de puestos de los servidores públicos en materia de contrataciones y su capacitación.
“Y sólo acompaña la propuesta de la descripción de puesto ‘comprador’ que contiene el perfil del puesto y la propuesta de las directrices relativas a la capacitación de los servidores públicos que participan en las adjudicaciones”, dice la cuenta pública.
