Fiscalía cuestionada

06 de Dic, 2018

La Fiscalía General del Estado de Jalisco vive un momento crítico, de desconfianza y reestructuración. Las dudas sobre su personal administrativo y jurídico se suman a las críticas de su nuevo titular y los señalamientos de organismos ciudadanos a las reformas en su organización.

En el último mes, la dependencia ha sido el centro de la discusión por parte de diversos organismos, que culmina esta semana con la designación de un nuevo fiscal general y la evaluación pública del Comité de Participación Social Anticorrupción en Jalisco, donde se han puesto en duda algunos puntos de la reforma orgánica que actualmente se discute en el Congreso local.

La tarde de este martes tomó protesta Gerardo Octavio Solís Gómez en el Pleno del Legislativo de Jalisco. El nuevo fiscal llega con la promesa de renovación de la dependencia y acusaciones de un pasado opuesto al respeto de los derechos humanos por parte de organizaciones defensoras y estudios de su gestión al frente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Solís Gómez llega con el aval de 32 legisladores de las bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, PVEM y el PT, una mayoría abrumadora frente a los seis votos en contra de la fracción de Morena, quien ya había hecho pública su intención del voto ante los señalamientos de las organizaciones de derechos humanos.

Desde la calle, la organización Wikipolítica Jalisco mostró su oposición. En un vídeo compartido en sus redes sociales explicó que Enrique Alfaro está aplicando una política de “fiscal carnal” al designar a un cercano suyo en el puesto.

“Hoy por hoy, lo que pasa es que el fiscal es carnal, es amigo de nuestro gobernador. Hoy lo que sucede es que no tiene sentido ir a denunciar porque no va a realizarse una investigación. No tenemos una fiscalía técnica que nos dé la certidumbre de autonomía y de independencia”

Según la evaluación presentada esta semana por el Comité de Participación Social a la iniciativa que reforma a la fiscalía -diagnóstico a partir de la plataforma #FiscalíaQueSirva- existen algunos puntos dudosos respecto a la autonomía de sus investigaciones y el carácter efectivo de su personal.

Dicho organismo señala contrariedades en la nueva reforma en cuanto a garantías de independencia interna y externa de los ministerios públicos, aún cuando avalan que en lo general se ha cubierto la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía para que nadie sea tratado por razones ajenas al derecho.

Uno de los flancos es la incapacidad o nula atención a las acciones de investigación, que hoy tiene rezagada a esta dependencia. No hay elementos referentes a la planificación de la investigación de acuerdo a metodologías de verificación de hechos delictivos y tampoco se señala una posible transformación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en un organismo constitucional autónomo.

De los 23 puntos revisados, según la evaluación disponible en la página del Comité, sólo uno está cubierto a cabalidad, nueve se cubren de forma parcial, en nueve no existen elementos que cubran lo mínimo y cuatro son contrarios, esto en cuanto al contenido de lo que debería mejorar el funcionamiento de la fiscalía.

Justicia pendiente

Los indicadores del último informe del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presentado hace un mes indican que el 63 por ciento de la población mayor a los 18 años considera que los ministerios públicos y procuradurías son corruptas, cifras publicadas con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2018.

La percepción no es menor, comparada con la falta de infraestructura suficiente para dar solución a las miles de carpetas de investigación abiertas. Datos del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías de este año muestran la falta de recursos humanos suficientes para dar solución a las investigaciones, lo que deviene en una ineficiencia para resolver casos y una casi nula probabilidad de que se esclarezcan.

Organizaciones denuncian la existencia de un “fiscal carnal” en Jalisco

Jalisco está en el lugar número 32 de efectividad de las investigaciones, con un 5.4 por ciento, por debajo de entidades como Guanajuato y Nayarit, primero y segundo lugar, respectivamente. En cuanto a la efectividad para cumplir las órdenes de aprehensión, está en el lugar 27, con 40.6 por ciento, donde lideran estados como Coahuila y Yucatán.

A esto se suma que en lo referente a la probabilidad de denuncia y esclarecimiento, Jalisco se encuentre en la posición 30 a nivel nacional, con 0.37 por ciento de que ocurra el esclarecimiento, según el Índice estatal de desempeño.

La falta de efectividad en las funciones de la fiscalía tiene su origen entre otros factores, en la falta de personal suficiente para las áreas de investigación. Casos como el de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas han puesto el acento en un incremento del personal que realiza las diligencias.

Según el Índice Estatal de Desempeño, en Jalisco hay 4.5 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, lo que pone a esta entidad en el numero 29 a nivel nacional, donde lidera el estado de Chihuahua con 24.8 MP. Además, en el mismo tenor, este estado cuenta con apenas 12.7 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, dejando a Jalisco en el lugar 25.

Este panorama desincentiva la denuncia, como han señalado algunos expertos locales en seguridad, pues la falta de investigadores genera la percepción de que no se resuelven las denuncias. De tal forma, como evidenció el último informe del gobierno estatal, no se denuncian el 92.7 por ciento de los delitos ocurridos en esta entidad.

Nueva era

Gerardo Octavio Solís Gómez, nuevo fiscal de Jalisco, explicó en su toma de protesta que realizará una evaluación de los funcionarios de la dependencia para depurar a quienes no realicen su trabajo.

Pero el modelo de la fiscalía también amerita una transformación, pues la dependencia ha fungido bajo el modelo policial de la Fuerza Única de Jalisco en oposición a un apego y respeto de los derechos humanos y el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“El personal que haya trabajado duro, que tenga buenas cifras, que tenga en lo general un buen rendimiento probado y que se pueda demostrar, no tiene nada de qué preocuparse. El que no dio resultados, pues con permiso, son otros tiempos y la ciudadanía demanda”, anunció Solís Gómez ya como fiscal.