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El Fiscal de Rodrigo Medina

Carlos Salazar

Los finalistas que aspiran a ocupar la Fiscalía de Nuevo León destacan por sus vínculos cercanos con exgobernadores. Gustavo Guerrero que suena como el favorito pertenece al círculo cercano de Rodrigo Medina, quien podría blindar el conflicto que enfrenta con la ley


Mar 2, 2018
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El exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz prepara su blindaje impulsando a personajes vinculados a su administración -y cercanos al exmandatario- para ocupar el cargo de Fiscal General del estado durante los próximos 9 años.

Se trata de funcionarios y exfuncionarios que ocuparon puestos de gran relevancia durante su sexenio y en algunos casos también durante la administración de su predecesor, Natividad González Parás.

Los integrantes del Congreso local eligieron a Javier Garza, Guadalupe Saldaña, Pedro Arce y Gustavo Guerrero como los finalistas para contender por la Fiscalía General, pasando por alto su relación con el PRI, con los exgobernadores y con algunos colaboradores de su círculo íntimo.

Aunque para otros aspirantes sí parecen haber utilizado un criterio diferente, como el caso del actual procurador estatal Bernardo González, quien precisamente habría sido excluido por su cercanía con la actual administración estatal, mismo caso del exprocurador Roberto Flores.

Después de más de dos años de haber salido de la gubernatura, el exmandatario estatal Rodrigo Medina se encuentra enfrentando a la justicia y sigue vinculado a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial, ambas acusaciones derivadas del caso KIA.

La llegada de alguno de los finalistas podría favorecer al exgobernador en los procesos que se siguen en su contra en el estado, pues a pesar de que Medina se ha intentado desmarcar de los contendientes, la vinculación y cercanía están muy presentes.

La red de protección

Según ha trascendido, de entre los 4 finalistas, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez es el favorito para ocupar el cargo de Fiscal General en el Estado, ya que sería el perfil mejor visto por los legisladores locales tanto del PRI como del PAN y además cuenta con el aval del senador panista por Nuevo León Raúl Gracia.

Guerrero ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León desde 1999. En 2007 bajo la administración de Natividad González se convirtió en presidente del Poder Judicial, cargo en el que estuvo hasta 2009, y posteriormente, Rodrigo Medina lo volvería a impulsar a la presidencia del Tribunal en 2013 en donde permaneció hasta 2015.

Rodrigo Medina impulsó a Gustavo Guerrero a la presidencia del Tribunal en 2013 en donde permaneció hasta 2015

Otro fuerte candidato es Pedro José Arce Jardón, quien no solo contaría con el beneplácito de Medina sino con el abogado defensor del exmandatario y Procurador en el sexenio medinista Javier Enrique Flores Saldívar, de quien es socio y amigo personal.

Arce Jardón ingresó a la Procuraduría estatal en 1994, aunque sería bajo el mandato de Medina cuando despegaría su carrera, siempre bajo la tutela de Flores Saldívar.

Al inicio del mandato de Rodrigo Medina en 2009, Javier Flores, su actual abogado, fue nombrado subprocurador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Nuevo León y en 2015 tomó protesta como Procurador General tras la renuncia del actual alcalde de Monterrey Adrián de la Garza -otro cercano a Medina- y su lugar en la subprocuraduría lo tomaría precisamente Arce Jardón.

También aspira al cargo Javier Garza y Garza, Presidente Magistrado del Tribunal Electoral del Estado entre los años 2005 y 2006; 2008 y 2009; y 2011 y 2012, coincidiendo con los mandatos tanto de Rodrigo Medina como de Natividad González, quienes lo respaldaron en las ocasiones que optó al cargo de Presidente del Tribunal.

Javier Garza también es hermano de Alejandro Garza, Procurador General del Estado en la primera parte del sexenio medinista antes de la llegada de Adrián de la Garza.

La lista la complementa Guadalupe Saldaña Vargas, quien se desempeñó como Director de la Agencia Especial de Investigaciones de la Procuraduría en la administración de Medina, cargo al que ascendió tras la llegada de Adrián de la Garza como Procurador.

¿Y el Comité ciudadano?

Originalmente, se esperaba que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción se convirtiera en un órgano que se encargaría de depurar de forma minuciosa a los candidatos a ocupar las fiscalías del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.

Con la conformación de este comité se esperaba que sus integrantes dieran un paso más allá de una mera evaluación técnica de los aspirantes y que se tomara en cuenta la verdadera independencia política en la lista que enviaron al Congreso.

Sin embargo, en el proceso de ‘pre-selección’, el Comité avaló a 48 de los 51 aspirantes que se inscribieron al proceso para la elección de Fiscal General, bajo el argumento de que ese era el alcance legal que tenían como órgano colegiado de carácter ciudadano.

En el dictamen entregado por el Comité de Selección al Congreso, sí se hace un exhorto a los legisladores para ser cuidadosos en que las propuestas para Fiscal General represente una garantía para poder ejercer el cargo con autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad y que no cuente con limitantes para desempeñar con plena autonomía sus funciones.

“De no cumplirse con dichos elementos en la persona que llegue a ser designada a tan importante cargo, se atentaría contra el espíritu y el objeto de las reformas constitucionales que dieron origen a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, constituyendo uno de los pilares del mismo el separar la procuración de justicia del control del Poder Ejecutivo”, refiere el documento.

Pero atendiendo a los 4 aspirantes finalistas que propusieron, los legisladores ignoraron el exhorto del Comité de Selección de escoger a un perfil con autonomía e independencia política.

Otra victoria para Medina

Ayer por la tarde, el Juez de Control Jaime Garza Castañeda exoneró a Rodrigo Medina por el delito ejercicio indebido de funciones, el cual le fue imputado en agosto de 2006.

Garza determinó que el Ministerio Público no acreditó con suficientes pruebas el delito por el cual fue acusado Medina.

Esta imputación forma parte de la investigación que pesa sobre Medina por presuntamente otorgar beneficios fuera de la ley a la empresa KIA.


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