Fiscal absuelve a la mafia del despojo en Montemorelos
La banda que presuntamente estuvo detrás del despojo documental del rancho “Los 13 hermanos”, en Montemorelos, fue absuelta de sus delitos por el fiscal encargado del caso.
El Agente del Ministerio Público César Anuar Oswaldo Monreal Puente dictó el inejercicio de la acción penal por los delitos de fraude y despojo de inmueble, a favor de los siete acusados, entre los que se encuentran el primo de un exgobernador y un exalcalde.
Javier EstradaLa banda que presuntamente estuvo detrás del despojo documental del rancho “Los 13 hermanos”, en Montemorelos, fue absuelta de sus delitos por el fiscal encargado del caso.
El Agente del Ministerio Público César Anuar Oswaldo Monreal Puente dictó el inejercicio de la acción penal por los delitos de fraude y despojo de inmueble, a favor de los siete acusados, entre los que se encuentran el primo de un exgobernador y un exalcalde.
Reporte Indigo publicó el año pasado sobre este grupo que presuntamente “revivió” a un hombre muerto, para que éste firmara documentos y se apoderara del rancho que una familia posee desde hace más de un siglo.
Esta mafia presuntamente fraguó el despojo con la alteración de medidas del predio, a espaldas de la propietaria, María Margarita García Castillo, quien promovió un juicio de nulidad para recuperar el terreno.
Los acusados son el exsídnico primero del Ayuntamiento de Montemorelos Israel Gómez Palma, el expresidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León Manuel de la Garza Robertson, la maestra Lucinda Marroquín Sauceda y los vecinos de los despojados, César González Gil y Virgilio González Rojas.
También se señala a los notarios públicos Francisco González Salazar, primo del exmandatario Natividad González Parás, y Jorge Alberto Salazar Salazar, actual delegado de la Profeco y expresidente municipal de Allende.
El pasado 15 de abril, el fiscal Monreal Puente dictó el no ejercicio de la acción penal contra todos estos personajes, dentro de la averiguación previa número 103/2012-I-3, radicada en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Allende.
El funcionario justificó en su resolución que el delito de fraude había prescrito, porque convenientemente tomó como referencia la última denuncia que presentó la propietaria del terreno.
Según la narración de la denunciante, ella tuvo conocimiento de los hechos el 23 de octubre de 2010, cuando de manera irregular fue notificada de un juicio de Medios Preparatorios con el que supuestamente se inició el despojo.
Así, presentó la querella número 355/2010-IV, el 8 de diciembre del mismo año, contra el exsíndico Gómez Palma, ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Aunque en ésta se hace referencia a otros personajes, el fiscal basó su análisis en una última denuncia del 2 de abril de 2012, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Montemorelos.
Bajo este argumento, el fiscal asegura que la denuncia del fraude prescribió porque quedó fuera del término de un año, como señala el Código Penal del Estado.
“Dejó transcurrir más de un 01-un año 05-cinco meses para interponer la querella, por lo cual al dejar correr lapso de tiempo de un año en el cual pudiera perseguirse a instancia de parte una conducta típica, antijurídica, culpable y punible”.
En el mismo escrito, el fiscal reconoce que de los hechos denunciados también se desprende el delito de despojo de inmueble.
Después de un breve estudio jurídico y de la transcripción de una inspección ministerial en el rancho, el agente absolvió a los mismos acusados de este otro delito.
El funcionario concluyó que como el despojo físico del inmueble no se ha realizado, no hay delito que perseguir, a pesar de que hay alteraciones en escrituras públicas.
“Esta representación social dio fe e hizo constar que la C. María Margarita Castillo sigue teniendo delimitado su predio y sigue con la posesión material del mismo”, se lee.
“Nos encontramos ante la presencia de un hecho que no se encuentra catalogado por la ley como delito.
“Porque la misma querellante refiere que la conducta desplegada por los querellados es un ‘despojo documental’”.
Este caso ha pasado por las manos de tres fiscales diferentes.
Primero fue analizado por el agente de Montemorelos, Mario Parra Barrera, luego fue turnado a Allende, donde lo estudió sin resultados Carlos Alberto Cruz de Hoyos, y finalmente fue resuelto sin consignaciones por Monreal Puente.
