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ELECCIONES

Fiscalización, encargo imposible en su totalidad

Eduardo Buendia

Las revelaciones del caso Lozoya donde acusa la inyección de sobornos millonarios en la campaña presidencial de Peña Nieto y los videos que involucran a Pío López Obrador en un posible financiamiento ilícito al partido Morena, ponen en entredicho la capacidad del INE para revisar los recursos utilizados en cada proceso electoral


Ago 27, 2020
Lectura 6 min
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El Instituto Nacional Electoral es el encargado de la fiscalización todas las elecciones en el país. Dicha labor se le encomendó a partir de la reforma político-electoral del 2014, antes de ese ordenamiento el organismo autónomo solo se encargaba de revisar los recursos de las campañas para cargos federales, en la actualidad también lo hace a nivel local.

Para Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE –hoy INE–, la tarea del órgano electoral para observar y cuantificar el dinero invertido en campañas es una de las funciones más complicadas de lograr por el despliegue de recursos económicos y humanos que requiere.

Pensar que el INE puede rastrear todas las operaciones internacionales que ocurren en el mundo para poder detectar si alguna de ellas es para algún partido político o pensar que el INE podría estar en el restaurante donde David León le dio una bolsa de dinero a Pío López Obrador es ingenuo, es imposible. Es la naturaleza de las transacciones lo que hace imposible que un órgano electoral lo pueda hacer

- Luis Carlos Ugalde

Exconsejero presidente del IFE y director general de Integralia Consultores

El director general de Integralia Consultores agrega que, sobre el posible fondeo a la campaña de Enrique Peña Nieto por parte de Odebrecht, es muy probable que el dinero no haya entrado al sistema financiero mexicano, lo que dificulta su rastreo; asegura que eso también ocurre cuando la aportación se hace mediante efectivo, como lo evidenciaron los videos de la entrega de recursos de David León a Pío López Obrador.

Fiscalización de cara al 2021

Alejandro Viedma Velázquez, consejero del Poder Legislativo de Morena ante el INE, considera que para el proceso electoral que culminará en 2021 el Instituto llegará fortalecido por la reciente renovación de cuatro de sus 11 consejeros electorales.

El diputado morenista expone que, con respecto a la encomienda de la fiscalización, se debe apuntar que el INE de la actualidad es muy distinto al IFE del 2012, ya que este último no observó en su momento el financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto.

“El IFE fue muy cuestionado porque no hubo voluntad para revisar (el caso Odebrecht), el Instituto Nacional Electoral también llega cuestionado por otros temas. Pero quiero pecar de ingenuo y confiar en que parte del trabajo de los nuevos consejeros va a ser darle un giro a este tema que es de agenda nacional y una exigencia ciudadana que es que el INE ya no puede hacerse como que no ve, cuando se trata de dinero que la sociedad sí ve”, dice Viedma.

El INE debe de perseguir por oficio los casos en los que partidos políticos o candidatos rebasen el tope de dinero para campañas o cuando exista evidencia de que hubo recursos sin reportar a la autoridad, indica Camerino Márquez Madrid, representante del PRD ante el Consejo General del Instituto

“Hay límites para aportaciones ciudadanas, está reglamentado, y también hay topes de gastos de campaña; pero se tiene la obligación como partido y candidato de rendir los informes. Y el INE sería quien nos puede decir si Morena en 2015 recibió financiamiento de procedencia ilícita o de entes prohibidos, eso es lo que tendríamos que solicitarle al Instituto”, menciona Márquez.

Heredan malas prácticas

Las organizaciones ciudadanas que buscan obtener su registro como partido político emplean las malas prácticas de los institutos ya existentes al no declarar el origen y destino de los recursos con los que construyen sus plataformas sociales.

Ante las irregularidades encontradas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en la revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos de las siete organizaciones que aspiran a convertirse en partidos, el Consejo General aprobó imponer sanciones por 6.14 millones de pesos.

México Libre, plataforma encabezada por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, es la asociación a la que se le impuso la mayor sanción económica por 2 millones 707 mil 482 pesos

Fuerza Social por México, organización ligada a Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), fue multada con un millón 141 mil 629 pesos por las inconsistencias en sus recursos reportados.

La plataforma Grupo Social Promotor de México, que es impulsada por integrantes del extinto Partido Nueva Alianza, deberá pagar como sanción 907 mil 930 pesos.

Las Redes Sociales Progresistas, organización ligada a Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tendrá que cubrir 875 mil 063 pesos de multa.

Durante la sesión del 21 de agosto, en la que el Consejo General del INE determinó aplicar los castigos a las asociaciones que buscan su registro, Lorenzo Córdova, consejero presidente, destacó que de enero de 2019 a febrero de 2020 la Unidad Técnica de Fiscalización revisó todos los informes mensuales de los que derivaron 377 observaciones.

Del total de irregularidades revisadas, Córdova Vianello informó que 325 fueron atendidas y 43 no.

Las multas que se proponen aplicar a estas organizaciones son un mecanismo o una manera de ir en contra de la opacidad y de cualquier conducta que pretenda burlar la ley

- Lorenzo Córdova

Consejero presidente del INE

Entre las observaciones no atendidas se encontraron irregularidades en ingresos de recursos por entes “no identificados” como las aportaciones en especie sin comprobación fiscal, aportaciones de personas que no corresponden con sus capacidades económicas –por más de 13.3 millones de pesos–, gastos en traslado a las asambleas por casi 20 millones de pesos y dinero entregado a proveedores identificados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como “personas de riesgo” por 3 millones de pesos.

También puedes leer: Fiscalización del proceso electoral, tarea pendiente


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