Fiadores no ceden en Terralta
La disputa por la quiebra de Terralta tendrá nuevos episodios en días próximos, porque los acreedores no quieren esperar hasta que se desarrolle el proyecto, asegura la defensa de los fiadores.
Abogados de los acreedores del Inmobiliaria Terralta, localizado en el municipio de García, buscará alternativas legales para que les paguen a sus clientes.
Esto, aunque el proyecto no concluya y porque las tierras ya están a punto de ser liberadas por los comuneros.
Hugo GutiérrezEl pago de Pargo a D´Capital por los derechos de esa deuda fue de 7 millones de dólares
La disputa por la quiebra de Terralta tendrá nuevos episodios en días próximos, porque los acreedores no quieren esperar hasta que se desarrolle el proyecto, asegura la defensa de los fiadores.
Abogados de los acreedores del Inmobiliaria Terralta, localizado en el municipio de García, buscará alternativas legales para que les paguen a sus clientes.
Esto, aunque el proyecto no concluya y porque las tierras ya están a punto de ser liberadas por los comuneros.
De tal manera que la intrincada historia del proyecto que comenzó con Alberto Jaime Martínez Fernández, tendrá nuevos capítulos.
Todo empezó cuando que luego de negocios exitosos, Martínez Fernández quiso emprender el desarrollo inmobiliario y Club de Golf Terralta.
Aparentemente, tenía una intención puramente de negocios, pero no midió la envergadura financiera del proyecto.
En 2003 inició la venta de acciones del Club de Golf, a través de Consorcio Promesa, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Terralta, que actualmente está en quiebra.
Esa compañía vendió acciones captando dinero de los inversionistas, entre ellos de muchas familias de empresarios sampetrinos.
En la documentación indican que Inmobiliaria Terralta es propietaria de 277 hectáreas y 70 serán para el Club de Golf.
Y ambas empresas estaban representadas por Martínez Fernández.
Para iniciar el club y el proyecto inmobiliario, Terralta contrató créditos, entre ellos está uno por 8.4 millones de dólares con D’ Capital Consultores, S.A. de C.V.
Es un crédito contratado en 2005 y es el más alto de un solo acreedor, al que tuvo acceso Inmobiliaria Terralta.
Esos pasivos fueron certificados con hipotecas y garantías prendarias de la familia de Alberto Jaime Martínez Fernández.
Pero además, entre el 2006 al 2009, contrataron otros créditos con diversas personas, entre ellos Martín Gallardo, por más de 120 millones de pesos.
Ese pasivo que no está registrado en la contabilidad de Terralta.
Ante tanto manejo de dinero, el SAT hizo una auditoría y le abrió un crédito fiscal a Terralta por más de 90 millones de pesos.
Al no pagar a sus acreedores, D´Capital presentó una demanda ante el Juzgado Tercero concurrente, bajo el expediente 141/2007, y séptimo concurrente, folio 144/2007.
Así que entonces se constituyó Terralta Dos, el 9 de marzo del 2009, por José Gómez Cañibe y una empresa representada por él mismo: Pargo, S.A. de C.V.
Un año después de la creación de Terralta Dos, el 22 de abril del 2010, D´Capital cedíó los derechos de la deuda a Terralta Dos.
El pago de Pargo a D´Capital por los derechos de esa deuda fue de 7 millones de dólares.
Así que tres meses después de que Gómez Cañibe compró los derechos litigiosos de la deuda a D Capital, el 21 de julio de 2010, firmó ante notario público la escritura en la que Terralta otorga en dación de pago las 227 hectáreas de las comunidades agrarias Pájaro Seco y Mesa de Los Nogales.
El costo estimado de la dación es de 8.4 millones de dólares, unos 110 millones de pesos.
Por ello aquí es donde los acreedores hablan de una operación ruinosa, porque según ellos Terralta no puede pagar 110 millones de pesos con tierras que valen unos 420 millones de pesos.
Y el 11 de julio de 2011 se dictó sentencia declarando en concurso mercantil a Inmobiliaria Terralta.
Para el concurso la autoridad nombró conciliador a Ernesto Canales y como síndico a Roberto Barquera.
Pero los acreedores exigieron cancelar esta operación en la que se transmitieron los bienes de una empresa a otra.
De tal manera que el 28 de febrero de este año dictaron sentencia y se modificó la fecha de retroacción que había sido establecida el 18 de octubre de 2010. El juez la pasó al 21 de abril de 2010.
Esta modificación indica que la fecha en que se transmitieron las tierras de una compañía a otra queda dentro de los días de retroacción fijados por el juez.
Y ahora los acreedores buscan que de acuerdo a la Ley de Concursos Mercantiles, la operación de transmisión de tierras no surta efectos.
Su objetivo es que entonces las tierras regresen a la original Terralta y ésta debe hacer frente a sus acreedores vendiendo los lotes para pagarles.
