Hace falta reforzar los mecanismos de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, sobre todo en el contexto de austeridad y violencia en el país, considera la especialista Andrea Velasco, integrante de CASEDE.

“El mecanismo no cuenta con personal suficiente, tiene muchos menos recursos de los que se da en otros países latinoamericanos, siendo que tenemos más homicidios y más agresiones, entonces habría que incrementar los fondos en este sentido”, explica Andrea Velasco.

La investigadora afirma que desde 2018 un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo una lista de las recomendaciones para robustecer el trabajo del mecanismo de protección.

3.1

calificación general de México en materia de la calidad de leyes para la protección de periodistas

Considera que existe una desprotección con la eliminación de los 109 fideicomisos que realizó esta administración en el marco de las medidas de austeridad.

“Sí representa un reto fuerte en el ejercicio de los fondos y una posible desprotección y dificultad de accionar rápidamente ante las agresiones, sobre todo las más urgentes contra periodistas, digamos amenazas de muerte que requieren de reacción máximo nueve horas, de acuerdo al protocolo del mecanismo”, sentencia.

La especialista considera que las fuerzas como la Guardia Nacional tienen que contar con protocolos y capacitaciones en el trabajo con población civil para que se respeten los derechos humanos.

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stados carecen de un marco jurídico apropiado para la defensa de comunicadores y defensores de los derechos humanos (Ags., BC, BC S, Campeche, Edomex, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas)

“Ya que van a realizar estas labores, creemos desde el Casede que, si no hay estas capacitaciones previas, se presta a que haya violaciones constantes de los derechos humanos; se deben cumplir estándares internacionales”, explica.

Velasco alerta sobre el incremento de ataques contra la libertad de expresión en los últimos años.


“Si bien han disminuido los homicidios, las presiones han aumentado. El año pasado se documentaron más de 600 agresiones a periodistas, específicamente. Es un aumento de alrededor del 13 por ciento y ni se diga del riesgo diferenciado que viven las mujeres periodistas y mujeres defensoras de los derechos humanos, ya que el tipo de agresiones y los actores que las agreden varían bastante”

Andrea Velasco

Investigadora de Casede

Andrea Velasco hace un llamado a poner atención en las reformas que se realizan en los ámbitos locales, ya que inciden en el trabajo periodístico.

“Hay que poner foco en lo local, en estas leyes que se están pasando y limitan la protesta y el acceso a la información también”.

‘Se sienten intocables’

En el ámbito local, los funcionarios llegan a sentirse intocables y ante la total impunidad optan por hacerle daño a un comunicador o activista, considera Andrés Solís, reportero en el Estado de México y colaborador de CASEDE.

“Si desde el poder público se dan las agresiones contra periodistas a nivel nacional, esto hace que a nivel local se quieran replicar. Entonces, los gobernadores y presidentes municipales se creen señores feudales y tienen hasta peores prácticas que las que pudiéramos ver en la Presidencia.

“Ya hemos visto gobernantes que públicamente en conferencias de prensa dicen ‘a ti no te voy a responder porque eres de tal medio, tú no entras a la conferencia de prensa’ o hay hasta audios donde escuchamos a un gobernador diciéndole a su jefa de prensa qué medios van a poder entrar y qué medios no”, explica Solís.

4

estados tienen áreas especializadas para la investigación de delitos contra periodistas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Oaxaca

Además, dice que si lo hace un gobernador, pues resulta que los presidentes municipales son todavía peores, porque no solamente imitan lo que ven desde otros Poderes, sino que se asumen como una autoridad suprema de un municipio y pretenden controlar el flujo de información, y aquí es donde tenemos otro panorama muy complejo, que es cuando las propias autoridades, cuando los propios gobiernos, no solamente obstaculizan la labor periodística, sino que además obstruyen el libre flujo de información.


No solamente es la cantidad de agresiones o el número de asesinatos que se cometen de periodistas, sino la terrible impunidad que a esto acompaña

Andrés Solis

Investigador de CASEDE

Este escenario de total impunidad para poder exigir un trabajo puntual a las autoridades locales, genera una fuerte carencia de información pública, que es el derecho de todos los ciudadanos.

“No dan información, dan largas a solicitudes de información de transparencia, se niegan a dar entrevistas, ya sea en la calle, una banquetera, un ‘chacaleo’, o gestionar una entrevista con algún medio. No van a los medios, siguen poniendo los famosos corralitos para obstruir el paso de periodistas, utilizan a la fuerza pública, todavía hay muchos alcaldes que lo hacen para impedir que la prensa tome fotografías, video o audios”, explica.

“Bajo este panorama hay que considerar que hacer periodismo en este país es un asunto muy muy complicado”, apunta Andrés Solís.

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entidades carecen de estructura en su Mecanismo de Protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos

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