Falsificación marca al abogado del Foliatti
Un abogado de los que defienden al casino Foliatti fue implicado hace cinco años en una red que se dedicaba a cometer fraudes inmobiliarios utilizando documentos falsos del Registro Público de la Propiedad del Estado.
Patricio Manuel Martínez Brito, quien aparece como abogado autorizado de este centro de apuestas en la demanda de amparo que interpuso contra el Municipio de Monterrey, fue detenido en mayo de 2007 por la Procuraduría del Estado acusado del delito de falsificación de documentos oficiales.
César Cepeda
Un abogado de los que defienden al casino Foliatti fue implicado hace cinco años en una red que se dedicaba a cometer fraudes inmobiliarios utilizando documentos falsos del Registro Público de la Propiedad del Estado.
Patricio Manuel Martínez Brito, quien aparece como abogado autorizado de este centro de apuestas en la demanda de amparo que interpuso contra el Municipio de Monterrey, fue detenido en mayo de 2007 por la Procuraduría del Estado acusado del delito de falsificación de documentos oficiales.
Es precisamente el mismo delito que se estaría configurando con el permiso municipal apócrifo que presentaron ante un Juez federal los propietarios del casino Foliatti, para conseguir un amparo en contra de la clausura impuesta por la administración municipal la semana pasada.
Reporte Indigo publicó ayer que los dueños y abogados del Foliatti intentaron engañar a un Juez federal presentando una anuencia municipal de la que no existen antecedentes en el Municipio de Monterrey, y la cual fue calificada como falsa por la alcaldesa Margarita Arellanes.
El permiso municipal también fue desconocido por José Garza Gallardo, quien aseguró que no firmó la autorización de uso de suelo al casino Foliatti en su gestión como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, en los tiempos del alcalde Adalberto Madero.
El abogado Martínez Brito es uno de los abogados que el casino Foliatti autorizó en la demanda de amparo que presentó la semana pasada contra la clausura que impuso el Municipio de Monterrey por la falta de permiso de uso del suelo.
El 1 de marzo Javier Rubén Lozano Martínez, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, concedió una suspensión a favor del casino Foliatti, uno de los tres centros de apuestas que recurrieron al Poder Judicial de la Federación para combatir el cierre.
En el escrito de la demanda también aparece Claudio Robledo Martínez como abogado autorizado por parte de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., dueña de los permisos federales para operar casinos en México.
Jesús Rodríguez Quintero, dueño de la Pulga Mitras y del casino Foliatti, aparece como apoderado de la casa de apuestas en el juicio de amparo 401/2013, interpuesto por Antonio Ochoa.
En los círculos de abogados se asegura que uno los defensores de los propietarios del casino Foliatti es el abogado regiomontano Mauricio Ramón Garza, pero su nombre no está incluido en la demanda.
Por su parte, Ochoa Garza sí aparece como dueño de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., que obtuvo sus permisos federales gracias a una resolución judicial de un tribunal de Puebla el año pasado.
A Patricio Manuel Martínez Brito, uno de los abogados del Foliatti, hace cinco años se le involucró en un delito similar al que se le acusa hoy a los socios del Foliatti.
Martínez Brito fue aprehendido en el 2007 por las autoridades estatales acusado de falsificación de documentos del Registro Público de la Propiedad para apropiarse de inmuebles.
Esto, de acuerdo a una nota publicada el 19 de mayo de 2007 por el periódico Milenio, en la que se asegura que Martínez Brito fue detenido junto con otras tres personas. Los cuatro involucrados en una red de abogados y funcionarios del Registro Público de la Propiedad que se dedicaban a cometer fraudes inmobiliarios.
La nota periodística también señala que fueron consignados por la Procuraduría de Justicia Jesús Arnoldo García Rivas, José Alfredo Rodríguez y Raúl Omar Salazar Fraustro.
Martínez Brito fue acusado de los delitos de falsificación de documentos y uso de sellos oficiales del Registro Público de la Propiedad. Entre los predios involucrados en este fraude se encontraba un terreno de 38 hectáreas ubicado en el sector Cumbres de Monterrey.
En su declaración, consigna la nota, Martínez Brito se apegó al Artículo 20 para no responder las preguntas del Ministerio Público y solicitó la libertad bajo fianza.
Hay otra referencia de Martínez Brito importante: es militante activo del PAN de San Pedro.
Según el padrón panista, el abogado que defiende al Foliatti se reafilió el año pasado al PAN y quedó registrado el 3 de agosto de 2011.
Incluso hay fotos del año 2009, donde aparece en la campaña del ex candidato panista a la gubernatura Fernando Elizondo.
Cárcel, pena por mentir a Juez
En caso de que se compruebe la falsedad del permiso mostrado por el Foliatti ante el juez federal que otorgó la suspensión, los responsables de la demanda de amparo enfrentarán la posibilidad de ser recluidos en la cárcel.
La Ley de Amparo vigente establece en su Artículo 211 que se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de 10 a 90 días de salario al quejoso o tercero perjudicado en un juicio de amparo que presente testigos o documentos falsos.
El Municipio de Monterrey es quien debe presentar la denuncia ante la PGR contra quien firma la demanda de amparo.
Pero también Javier Rubén Lozano Martínez, juez Segundo de Distrito, debe dar vista al Ministerio Público federal para que consigne al responsable del documento apócrifo.
Lo que dice la ley
Ley de Amparo, Artículo 211.- Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de 10 a 90 días de salario al quejoso o tercero perjudicado en un juicio de amparo, que presente testigos o documentos falsos.
