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CáRCELES

El éxodo de los presos

Luis Herrera

De los 7 mil 337 reos en prisiones estatales en Jalisco en espera de juicio, 2 mil 824 podrían llevar su proceso en libertad, derivado del nuevo sistema penal. De éstos, 405 presuntamente están ligados al crimen organizado


Feb 6, 2018

Los centros penitenciarios de Jalisco podrían liberar en el corto plazo a 2 mil 824 internos, derivado de los efectos del nuevo sistema de justicia penal que ahora restringe la aplicación de la prisión preventiva, de acuerdo con registros obtenidos de la Fiscalía General. 

Los casi 3 mil reclusos que retornarían a las calles, sin embargo, enfrentan cargos por delitos de muy diversa índole, desde los más sensibles como privación ilegal de la libertad y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, hasta otros de menor impacto como abigeato y robo de animales.

2,824 presos podrían recuperar su libertad

El hecho o condición que les permitiría a estos internos seguir sus juicios en libertad –aún no están sentenciados-, es que fueron recluidos durante el antiguo sistema penal por ilícitos que estaban clasificados como graves, y que ahora, con el nuevo sistema, ya no lo están.  

Los delitos graves son aquellos que ameritan la prisión preventiva mientras se desahoga el juicio, de ahí que estos internos, al ya no tener cargos en su contra por ilícitos de esa categoría, reúnen los requisitos para pedirle al juez de control que los exima de dicha medida cautelar.

Los presos que pueden beneficiarse de esta medida enfrentan cargos por delitos como privación ilegal de la libertad, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y robo

“Las 2 mil 824 personas privadas de la libertad en calidad de procesados (…) que ingresaron por delitos que eran considerados graves en el anterior Sistema Penal, y que ya no son considerados graves en el Nuevo Sistema, están en el supuesto de poder solicitar su liberación para enfrentar su proceso en libertad”, advierte la Fiscalía, en su informe del recurso 1160/2017.

La Fiscalía confía que, dado el caso de que estos casi 3 mil internos soliciten al juez la cancelación de la medida cautelar de prisión preventiva, este deberá analizar en cada caso la conveniencia de hacerlo; empero, la posibilidad de una liberación masiva está latente. 

Los delitos

Las cárceles estatales de Jalisco albergan a 7 mil 337 reclusos que están en proceso de ser juzgados, de los cuales, 2 mil 824, el 38 por ciento, podría seguir su proceso en libertad por delitos que van desde robo de animales hasta delincuencia organizada. Aunados a los 15 mil 419 presos que ya cumplen una condena.

“Ingresaron por delitos que eran considerados graves en el anterior Sistema Penal, y que ya no son considerados graves en el Nuevo Sistema”

- Fiscalía General de Justicia de Jalisco

En el informe de recurso 1160/2017

Sin embargo, de los internos que se encuentran en proceso de recibir una sentencia, 2 mil 824, es decir, el 77 por ciento, enfrenta cargos por robo, mientras que hay 29 presos con cargos por extorsión y 27 presos funcionarios o burócratas acusados de cohecho.

2,171 detenidos enfrentan cargos por robo

Sin embargo, 405 reos podrían estar ligados con actividades del crimen organizado como portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y portación y posesión de armas de fuego sin licencia.

27 procesados son funcionarios o burócratas acusados de cohecho

El número de internos relacionados con este tipo de delitos es preocupante en una entidad que tiene fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un índice de asesinatos que creció un 18.7 por ciento del 2016 al 2017, al pasar de mil 153 homicidios a mil 369 de un año a otro. 

405 internos podrían tener ligas con crimen organizado

Los beneficios del nuevo sistema penal alcanzarían también a 15 “huachicoleros”, como se conoce a los ladrones de combustible, una vertiente del crimen organizado que sigue fortaleciéndose cada vez más. 

Los filtros

Para poder llevar su proceso fuera de las rejas, los reos deben de cumplir con una serie de requisitos que establece la Ley, lo cual puede no ser fácil.

“La liberación está sujeta a los parámetros normativos es tablecidos en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo es la evaluación de riesgo que presenta el inculpado o imputado, así como al debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva”, señala la Fiscalía del Estado de Jalisco

“Compete al juez de control determinar el cambio de medida cautelar, según sea el caso particular de cada procesado, de acuerdo a los hechos que dieron origen a la causa (…) resulta esencial para ello la determinación o voluntad del inculpado o imputado para solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que el juez de la causa resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese”.

El origen de este derecho a pedir el fin de la prisión preventiva por reclasificación de delitos graves está en el artículo quinto transitorio del decreto del 17 de junio de 2016, que reformó a ese Código y otras leyes.

Dice ahí que sobre la prisión preventiva impuesta en el antiguo sistema: “el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que (…) resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese”. 

La controversia

La liberación de reos ha sido un tema polémico no sólo en Jalisco, sino también en otras entidades del País, donde sus opositores han argumentado que no se está preparado para recibir a los presos que salgan de las cárceles.

El año pasado, Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que tendría que haber un presupuesto para reforzar a todos los estados en materia de prevención, disuasión y equipamiento. También atribuyó el incremento en los índices delictivos a la liberación de reos.

Y en noviembre pasado, Nuevo León anunció la liberación de mil 400 internos para despresurizar los penales, lo cual dividió opiniones entre los distintos partidos. Los opositores dijeron que la entidad no pasaba por un buen momento en materia de seguridad, pero los que estuvieron a favor resaltaron que sólo saldrían los acusados de delitos no graves.


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