El exdirector jurídico de la administración de Fernando Larrazabal firmó un resolutivo que hoy los casineros podrían utilizar como el principal argumento legal para reabrir casas de apuestas.

El responsable, el hoy diputado local por el PAN, José Adrián González Navarro, firmó ese resolutivo.

En él, el Ayuntamiento regio se declara incompetente para vigilar la operación del Casino Revolución, por ser una atribución federal.

Pero lo afirma cuando el asunto a vigilar era el uso del suelo, es decir, una atribución municipal. 

El panista señaló en la resolución, fechada el 3 de febrero de 2012, que el Municipio no podía determinar la actividad que realizan los casinos porque es atribución de la Secretaría de Gobernación.

Es el mismo argumento que contiene la denuncia penal que interpuso el casino ante la Procuraduría del Estado para intentar tumbar la clausura que le impuso el Municipio por carecer de uso del suelo.

Ayer, Reporte Índigo publicó que los propietarios del Revolución presentaron la denuncia penal contra los funcionarios de la administración de la alcaldesa Margarita Arellanes que participaron en el cierre del establecimiento, el pasado 17 de septiembre.

La resolución que firmó el exjurídico, González Navarro, está citada en una demanda de amparo que presentó la empresa Players Palace, S.A. de C.V., operadora del Palacio de los Números, S.A. de C.V., dueña del permiso que utiliza el casino, y de la particular Daniela Garza Villarreal.

“No corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en el caso específico, determinar si la actividad desarrollada a través de las máquinas instaladas en el inmueble se indique la palabra ‘casino’, corresponde o no al giro de casino”, se lee en la justificación del albiazul.

“Pues tal atribución es competencia exclusiva de la Secretaría de Gobernación, o en su caso, de la autoridad judicial ante la que se acredite o no tal extremo, pero se insiste no es un tema que le toque a la autoridad municipal dilucidar”.

Esta determinación deriva de un proceso iniciado por los socios del casino, que solicitaron al Municipio las licencias de regularización, en septiembre de 2011, durante el trienio de Larrazabal.

Los permisos fueron negados e, inconformes, los dueños del casino presentaron el 9 de noviembre del mismo año un recurso de revisión, que fue resuelto por el diputado panista cuando era director jurídico.

El exfuncionario municipal aseguró en su resolutivo que no se podía determinar la “función real de las máquinas”, porque eso escapaba de la competencia del Municipio.

El criterio utilizado por el actual legislador pone en entredicho las declaraciones del exalcalde Larrazabal, quien durante su administración emprendió una campaña para cerrar casinos ilegales.

El exmunícipe presumió en su momento que iría contra las casas de apuestas que no respetaban la ley.

Ahora, el amparo del Casino Revolución reclama a las autoridades el desconocimiento y la violación de los derechos adquiridos que, aseguran, provienen de la licencia de uso de suelo que tienen con el giro de restaurante bar, videojuegos y billar.

También reclaman la emisión de la orden de inspección de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que fue notificada luego de la visita al casino de los inspectores municipales.

El juicio de garantías 1610/2013, admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, pretendía revocar esta clausura impuesta por la administración de Arellanes.

El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento de Monterrey clausuró provisionalmente las instalaciones del Casino Revolución, porque no cuenta con el permiso para operar el giro de casa de apuestas.

El juez en primera instancia negó la suspensión provisional y la definitiva, pero está pendiente la resolución final de los magistrados en un Tribunal Colegiado.

Mientras tanto, el Ayuntamiento colocó los sellos de clausura definitiva el 22 de octubre de este año.

El casino fue uno de los que no fue cerrado en febrero de 2013, durante el operativo municipal en el que cerraron diez casas de apuestas en Monterrey, porque contaba con una suspensión vigente.

Esa medida cautelar fue concedida en 2008 por el magistrado José Alonso Solís Navarro.