Organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Documenta, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, A.C y Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), entre otras 80 más, pidieron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que haga públicos los criterios y la racionalidad en los que basó su decisión para cancelar 14 encuestas.
El día de ayer el presidente de la esta institución, Julio A Santaella Castell, informó que al no contar con los recursos que solicitaron, es difícil para la institución cumplir con su función de forma plena.
“Con respecto al presupuesto original, donde se contemplaban 17 mil millones de pesos, pensamos que esos recursos son los mínimos indispensables para poder llevarse a cabo nuestra función con forme al plan original y respetando la naturaleza universal y temática de los censos.
“El presupuesto que actualmente estamos asignando para el programa regular para este año es de 6 mil 682 millones de pesos si se compara con los 7 mil 199 millones de pesos del año anterior.
“Esto significa que tenemos una disminución nominal de 6.1 por ciento y si tomamos en cuenta la inflación, es decir, lo vemos en términos reales, esa disminución en los recursos presupuestales y en el poder de compra de este presupuesto pues disminuye más del 10 por ciento”.
Ante el anuncio, las organizaciones no tardaron en manifestar su preocupación.
“Contar con datos públicos, fiables y oportunos, debe de ser un eje toral de la acción del gobierno. Estos sirven como fundamento para conocer las necesidades de la ciudadanía, y brindan el contexto necesario para poder diseñar, monitorear y evaluar políticas públicas adecuadas y eficientes. Además, estos datos son vitales para evaluar a la administración pública.
“Específicamente, miramos con gran inquietud que algunos de los proyectos de información cancelados permitían monitorear la situación de poblaciones discriminadas, como los campesinos, personas en situación de pobreza, personas privadas de la libertad, usuarias de sustancias psicoactivas, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, entre otros.
“La falta de información sobre estos grupos promueve su invisibilidad, pues no se contará con datos sobre su situación, ni sobre las posibles vulneraciones a sus derechos lo que perjudicará el desarrollo de políticas públicas que garanticen sus derechos humanos”, señalaron a través de un comunicado.
Las encuestas que fueron canceladas son: La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), La Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH), La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), El Censo Agropecuario, La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), La Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO), La Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP), La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH), La Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN), La Encuesta Nacional de Població Privada de la Libertad (ENPOL), La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, La Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).
?Organizaciones pedimos que se esclarezcan los criterios sobre los que el @INEGI_informa pospone y cancela 14 encuestas nacionales, entre ellas la "Encuesta Nacional de Uso de Tiempo" ? pic.twitter.com/5dM5jd3GYc
— Inst Simone Beauvoir (@ISBeauvoir) 25 de enero de 2019
