Con los nulos resultados del organismo se perdió la oportunidad de investigar y sancionar el financiamiento ilegal de las campañas políticas con fondos públicos, privados y de la delincuencia. Foto: Especial

Exfiscal electoral de Jalisco deja cargo sin concretar ningúna sentencia; estuvo 8 años al frente

El período de Ricardo Suro Gutiérrez al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales concluyó recientemente sin haber obtenido ningún resultado contundente

Ricardo Suro Gutiérrez, quien fungió como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de Jalisco durante ocho años, concluyó su gestión sin haber logrado ni una sola sentencia condenatoria o alguna aprehensión durante ese tiempo.

En ese periodo, comprendido entre el 13 de enero de 2015 y el 28 de enero de 2023, el estado atravesó por tres procesos electorales: en los años 2015, 2018 y 2021; sin embargo, ninguna de las cientos de denuncias que recibió la dependencia por delitos en esa materia derivó en una condena por parte del Poder Judicial.

La Fiscalía Especializada reporta que en ese lapso recibió en total 573 denuncias por delitos electorales, que originaron la apertura de 94 averiguaciones previas y 479 carpetas de investigación.

No obstante, al cuestionar  los resultados vía transparencia, respondió que “no se cuenta con sentencias condenatorias”  y que “no se han tenido detenidos”, de acuerdo con el documento con el número de folio 140255823000296.

Pocos resultados, mucho financiamiento

La inoperancia que ha mostrado la Fiscalía Especializada, creada específicamente para perseguir y sancionar los delitos electorales, se mantuvo durante todos estos años, pese a que su financiamiento público requirió de decenas de millones de pesos: tan solo en el periodo de 2019-2022, la dependencia contó con 23 millones 191 mil 754 pesos.

Además, Suro Gutiérrez, quien obtuvo su encargo como fiscal electoral durante el Gobierno del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, asesinado el 18 de diciembre de 2020, contaba con un salario bruto mensual de 96 mil 742 pesos, lo que significa que estos ocho años de gestión debieron representar ingresos por alrededor de nueve millones 287 mil pesos, pese a los nulos resultados.

Los registros proporcionados por la dependencia muestran el destino jurídico que tuvieron 559 denuncias por delitos electorales presentadas en casi una década: en 259 carpetas de investigación, la Fiscalía determinó la facultad de abstenerse de investigar, acorde al numeral 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado”, indica el numeral mencionado.

Otras 195 indagatorias terminaron archivadas y en 75 averiguaciones se determinó su reserva según el artículo 100 del abrogado Código de Procedimientos Penales de Jalisco.

Dicho artículo establece que “si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación al juzgado; pero apareciere que con posterioridad podrían allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que se obtengan esos datos y, entre tanto, se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos”.

Asimismo, otras 22 indagatorias fueron acumuladas, en seis la Fiscalía se determinó incompetente, en una se determinó el no ejercicio de la acción penal, y en otra se aprobó un criterio de oportunidad.

Dinero ilícito

Con los nulos resultados que demostró la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales durante estos años, se perdió la oportunidad de investigar y sancionar el financiamiento ilegal de las campañas políticas con fondos públicos, privados y de la delincuencia, no obstante que la dependencia está facultada para ello.

El artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece: “Se impondrá de mil a cinco mil días de multa y, de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie.

“A favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Este castigo se aumentará hasta en una mitad más, cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral.

Por su parte, el Artículo 11, fracción III, indica que “se impondrán de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”.

Origen de actos de corrupción

La importancia de investigar y sancionar el financiamiento ilegal de las campañas, radica en que ahí se establecen los compromisos y transacciones ilícitas que posteriormente podrían originar buena parte de la corrupción gubernamental, una vez que el actor político beneficiado arribe al poder público.

Así lo advierten las organizaciones Integralia y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su reporte “Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal de Campañas Políticas en México”.

“El financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana. El generoso sistema de financiamiento público que surge en la reforma electoral de 1996 ha fracasado en prevenir la penetración de dinero ilegal —público y privado— que fluye a las campañas.

“Dinero que busca beneficios particulares: contratos con el gobierno, permisos para establecimientos mercantiles, acceso para influir en regulación favorable o, también, comprar impunidad cuando un gobierno en funciones desvía recursos para apoyar a candidatos en contienda”, señala el informe.

Una práctica tan común que se estima que, en promedio, por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad.

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