Luego de que se informará que un departamento y una casa prestadas a Rosi Orozco, exsenadora del PAN y activista contra la trata de personas, fueron recuperados por el gobierno federal, Comisión Unidos Vs. Trata A C. aseguró este día que siempre se pagó renta, seguro, predial y “todos los servicios y derechos procedentes”.

En un comunicado, la organización civil informó que fueron otorgados bajo un contrato con SAE-Hacienda, y eran ocupados para procurar “la seguridad de quienes colaboran con la causa, así como proveer a las víctimas en rehabilitación un refugio a salvo de quienes aún buscan dañarlas”. 

El uso de estos inmuebles – explica la Comisión–  fueron incautados a la delincuencia organizada bajo la administración de SAE-Hacienda.

Además, aseguran que están de acuerdo con el retiro de los bienes, pero piden sensibilidad a las víctima.  


El uso de inmuebles incautados a la delincuencia organizada, bajo la administración de SAE-Hacienda está intrínsecamente relacionado con la seguridad, pues su ubicación debe ser resguardada al igual que la identidad de las víctimas. Por ello, estamos conformes con el retiro de dichos bienes por parte del gobierno.. Sin embargo, pedimos sensibilidad, procurando violentar lo menos posible la estabilidad de los 35 niños y niñas y jóvenes en CDMX, pues su condición es ya sobradamente vulnerable y se es constante y abiertamente amenazada por peligrosos criminales, dice el comunicado.

Reiteran que siempre se han pagado por los servicios y uso de ellas, sin embargo rechazan que “se ponga en tela de juicio la legitimidad de nuestra causa”.

Finalmente, aseveran que acompañan la lucha contra la corrupción e impunidad impulsada por la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador,  “pero reiteramos nuestra petición a las autoridades responsables para que hallen piedad y consideren la situación de las víctimas para que puedan cambiar de domicilio sin sentirse perseguidas o acusadas injustamente, pues no se ha cometido abuso o delito alguno”.