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Esperanza para adultos mayores en sistema penitenciario

Nayeli Meza Orozco

Felipe Campos pasó cuatro años en un centro penitenciario por un homicidio que no cometió. Esta es su historia de lucha y de cómo el sistema de justicia penal en México revictimiza e invisibiliza a las personas mayores de 60 años


Sep 27, 2019

Felipe Campos pasó cuatro años en un centro penitenciario por un homicidio que no cometió.

Todo empezó de noche y así terminó. Felipe Campos dormía a lado de su esposa ese 23 de noviembre de 2012. A unos metros de distancia, en la calle, una persona accionaba un arma de fuego en contra de otra. Hasta ese momento, ni ‘El Donas’ ni su familia se imaginaban la batalla que estaban por enfrentar.

Aunque Felipe había pasado los últimos años padeciendo intensos dolores de cabeza, cada día se levantaba a las 3:00 am para preparar la masa con la que elaboraba el pan que vendía y con el que obtenía ingresos para ayudar a su esposa e hijas.

Pocos días después de lo ocurrido afuera de su casa, el padre de familia salió de su domicilio en la alcaldía de Iztapalapa para comprar unos tendederos. A su regreso, un grupo de policías lo increpó y subió a una patrulla sin darle ningún motivo.

Yo no sé por qué lo hicieron. Me llevaron sin decirme ni explicarme nada, yo jamás le haría daño a nadie

- Felipe Campos

Panadero

Ocho horas después, en la agencia número 9 del Ministerio Público, la vida del panadero de 68 años se configuró: lo acusaban del homicidio de alguien que ni siquiera conocía.

El gobierno mexicano y las instituciones responsables de contabilizar a la población al interior del sistema penitenciario no cuentan con información que permita conocer con exactitud la ubicación y las condiciones de las personas mayores de 60 años.

Hasta junio de 2017, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación tenía registro de 5mil 846 adultos mayores, de los cuales 234 eran mujeres y 5 mil 612 hombres, cuyas edades iban de entre los 60 años hasta los 81 y más.

Dentro de la población privada de su libertad, 59.03 por ciento se encuentra en el rango de entre 60 y 65 años, mientras que 40.97 por ciento tiene más de 66 años.

“Es triste reconocerlo, pero en México no se cuenta con mucha información sobre esta población porque a nadie le interesa. Es un gran reto porque las personas de 60 años y más están olvidadas y nadie quiere hablar de ellas”, asegura Maïssa Hubert, especialista en derechos humanos y sistema penitenciario.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha realizado diversos Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria desde hace años con el objetivo de dar atención oportuna y pertinente a los rubros de salud, accesibilidad y espacios adecuados para esta población y con ello garantizar una estancia digna en los centros de reclusión

Sin embargo, después de analizar las quejas de personas mayores de 60 años en la última década se evidencia su invisibilidad.

En promedio, 66 por ciento de los escritos son por la negativa de conceder un beneficio de libertad anticipada, facultad que, a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, recae en el Poder Judicial, mientras que un 34 por ciento de las quejas se refieren a aspectos de salud, atención médica, marginación, seguridad jurídica y reinserción social.

La CNDH y otras asociaciones civiles han advertido de la vulnerabilidad de esta población por la falta de espacios adecuados para permitir su desplazamiento, hecho que los expone a sufrir actos de violencia y discriminación.

La Encuesta Nacional de Envejecimiento elaborada por la UNAM revela que la discriminación es el principal problema al que se enfrentan las personas mayores de 60 años, con un 37.2 por ciento y, en segundo lugar, con un 31.5 por ciento el abandono y maltrato, situaciones que demandan una mayor atención.

Si no existen condiciones para ninguna persona privada de su libertad, mucho menos para las que superan los 60 años. La discriminación también es económica, pues algunos buscan obtener un ingreso, pero las actividades al interior de los centros penitenciarios tampoco están diseñadas para ellos

- Maïssa Hubert

Especialista en derechos humanos y sistema penitenciario

“Soy inocente”

Desde los 12 años, Felipe Campos se dedica a elaborar pan. La necesidad y el gusto lo llevaron a poner su propio negocio, el cual ayudó a sacar adelante a sus cuatro hijas, en especial a una de ellas que vive en el hogar debido a que padece de epilepsia.

El estado de salud del padre de familia era bueno hasta que un día sufrió un accidente en su triciclo provocándole una fractura en el cráneo y pérdida parcial de la movilidad en el brazo izquierdo, además de lesiones que le generaron serias repercusiones como dolores de cabeza y somnolencia, al grado de que ‘El Donas’ era incapaz de levantar un vaso de agua y mucho menos disparar un arma.

También fue intervenido quirúrgicamente con motivo de una peritonitis y a la fecha sufre de padecimientos derivados de una hernia hiatal inoperable, pues comprometería otros órganos, sin dejar de mencionar la hipertensión y gota.

En 2012, su detención material se efectúo antes de que existiera una determinación del MP. A pesar de que Felipe había llegado al lugar sin un sustento probatorio, bastó el dicho de un testigo, quien formuló la imputación directa en su contra para que un juez en 2013 lo declarara culpable por homicidio calificado, con una sanción de 23 años y 9 meses.

Aunque la ley establece que cuando se trata de testigos únicos esto debe estar corroborado por el resto del material probatorio, esto no sucedió. Asimismo, se le sancionó con el pago de 12 mil 737 pesos por gastos funerarios y 45 mil 500 por daño moral.

“Soy inocente”, repitió varias veces Felipe frente al juez, pero la única respuesta fue el silencio.

En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos de adultos mayores en centros penitenciarios para crear un registro de esta población que incluya información sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación.

Aunque la propuesta puede parecer positiva, Roberto Cortés, abogado del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social, considera que antes de proponer esta clase de políticas públicas, que si bien no son malas, primero hay que mirar un poco más hacia atrás.

“El adulto no tendría por qué entrar a centros penitenciarios y por esa razón están olvidados porque socialmente se piensa que nunca se va a llegar ahí. Las autoridades no quieren hablar de eso porque implicaría un mayor esfuerzo y también analizar cómo involucrar a las víctimas”.

La deuda pendiente de la justicia y el sistema penitenciario

Felipe permaneció durante cuatro años en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de manera injusta. Pero las consecuencias no solo fueron de manera personal. Su familia también vivió un viacrucis.

Diversos defensores legales se acercaron a su esposa e hijas con la falsa promesa de que conseguirían su libertad, sin embargo, ninguno honró su palabra. Esto provocó que vendieran sus máquinas para hacer pan, hornos y hasta la camioneta en la que en ocasiones salían a pasear.

Sus familiares sobrevivían con la venta de uno o dos kilos de donas al día, debido a que este pan era el único que sabían elaborar.

A pesar de los esfuerzos de su esposa por visitarlo, ‘El Donas’ aprendió a entablar un diálogo con la soledad y a enfrentar una dura batalla con la tristeza, porque el dinero que obtenían no era suficiente para visitarlo o llevarle algo de comida.

“Es muy triste, uno solo piensa en la injusticia, es un sufrimiento muy grande porque extrañaba mucho a mi familia, siempre fuimos muy felices repartiendo el pan y yo era incapaz de abandonarlos”, comparte Felipe Campos.

Durante el tiempo que fue privado de su libertad no tuvo acceso a los medicamentos que requería y tampoco recibió una dieta especial, incluso, los alimentos se le entregaban crudos y eso provocó que sufriera un accidente en la cocina.

En ocasiones consumía lo mismo que el resto de las personas en el centro penitenciario y algo de lo que más recuerda es que cuando le decían que eran chilaquiles en realidad se trataba de tortilla mojada. “La comida brincaba de lo dura que estaba”, comparte.

La falta de acceso a medicamentos y una dieta especial provoca que la salud de estas personas privadas de su libertad se deteriore ante la ausencia de medias que los protejan

La organización Documenta había trabajado con Campos el tema de su salud y fue a través de ella que se logró un acercamiento con la organización Reinserta.

Reinserta, en colaboración con el bufete jurídico Nassar, Nassar y Abogados, asumió la defensa de Felipe y se encargó de la elaboración de su demanda de amparo directo. Ese juicio de garantías fue resulto el 6 de mayo de 2016, de tal suerte que se ordenó la libertad de ‘El Donas’.

Tal y como empezó, el 2 de junio de 2016 Felipe Campos salió del centro penitenciario cuando aún no amanecía. La noche fue testigo del encuentro con su esposa, hijas y amigos.

A la fecha, Felipe sigue trabajando y aunque ha perdido gran parte de su vista y el deterioro de su salud es evidente mantiene intacto un sentimiento.

“Debemos continuar luchando para devolver la esperanza en México, aunque en este país los pobres siempre seamos los culpables ante los ojos de la justicia”.

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