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En suspenso, batalla de L12

Icela Lagunas

La batalla legal que enfrenta el Gobierno del Distrito Federal en contra del Consorcio Constructor de la Línea 12 está parcialmente en suspenso hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida cuáles tribunales,  federales o locales, son legalmente competentes para resolver del caso.

El consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, estimó que para noviembre aproximadamente se tendrá la certeza de si el litigio se queda en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) o se va a los federales.


Oct 5, 2015
Lectura 5 min

"Lo que buscamos es tener certeza para que al final no vayan a salir que tal o cual juzgado no tenía las atribuciones necesarias”

- Manuel Granados Covarrubias

consejero Jurídico
y de Servicios Legales del DF

El 3 de octubre el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, atrajo una parte de la controversia legal que inició el GDF contra el Consorcio Constructor

La pugna legal tiene que ver con el reclamo de pago de 6 mil millones de pesos por concepto de mantenimiento que hace el Consorcio Constructor al GDF

La batalla legal que enfrenta el Gobierno del Distrito Federal en contra del Consorcio Constructor de la Línea 12 está parcialmente en suspenso hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida cuáles tribunales,  federales o locales, son legalmente competentes para resolver del caso.

El consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, estimó que para noviembre aproximadamente se tendrá la certeza de si el litigio se queda en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) o se va a los federales.

“Lo que buscamos es tener certeza para que al final no vayan a salir que tal o cual juzgado no tenía las atribuciones necesarias”, acotó el  Consejero Jurídico, que espera se defina para retomar los procesos legales y administrativos pendientes.

El máximo tribunal del país tendrá que analizar y determinar si el caso tiene características jurídicas que ameriten la atracción del mismo a juzgados federales o en su caso se resuelva en las instancias locales, explicó Granados.

Una vez resuelto ese punto se retomará la exigencia de la administración local respecto a que el Consorcio Constructor, integrado por ICA, Carso y Alstom cumplan con las obligaciones contractuales estipuladas en el millonario contrato de construcción de la Línea Dorada Tláhuac-Mixcoac.

El proceso en la Corte

El pasado 3 de octubre el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, atrajo una parte de la controversia legal que inició el Gobierno del Distrito Federal (GDF) contra el Consorcio Constructor de la llamada Línea Dorada.

Luego de la sesión privada del pasado 23 de septiembre, el ministro resolvió que a su consideración el polémico caso de la Línea 12 debía ser atraído por el máximo tribunal del país.

Sin embargo el tema sigue sin definición, pues dicho ministro elaborará un proyecto de sentencia y luego deberá someterlo a consideración para que dos de los cuatro integrantes de la Primera Sala coincidan o no si se justifica que el tema amerita la atracción.

Y es que, de manera paralela a los tiempos que se fijó el GDF y el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para reabrir el servicio de la Línea 12 para octubre, según adelantó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el pleito legal sigue su propia ruta en tribunales.

“Una cosa es justamente la parte administrativa y otra la operativa”, recalcó el funcionario sin comprometerse a detallar las posibles fechas de reapertura del servicio, que se suspendió de forma parcial desde marzo de 2014.

Fundamentalmente, detalló el Consejero Jurídico, la pugna legal tiene que ver con el reclamo de pago de 6 mil millones de pesos por concepto de mantenimiento que hace el Consorcio Constructor al GDF.

Sin embargo, luego de exigir el pago de esa cantidad inicial, el Consorcio Constructor demandó el pago de tan sólo 2 mil 248 millones de pesos por concepto de trabajos que fueron realizados fuera de contrato.

Pese a la reducción, la postura de la administración local al respecto es que ese cobro debe incluirse al contrato signado entre ambas partes.

Impugnarán amparo

En entrevista, Granados Covarrubias explicó que impugnarán la más reciente decisión del juez federal Ricardo Gallardo Vara, quien declaró ilegal el cobro de 2 mil 177 millones de pesos que reclama el GDF al Consorcio Constructor.

El titular del juzgado 16 de Distrito en materia administrativa amparó de esta manera a ICA, Carso y Alstom, al considerar que la liquidación emitida por Proyecto Metro del Distrito Federal de septiembre de 2014, no les dio oportunidad a las empresas de presentas sus pruebas para aclarar el monto.

El cobro que hace el GDF tiene que ver con la fianza de vicios ocultos. Desde junio de este año el GDF, a través de la Contraloría, inició el trámite formal para hacerla efectiva al considerar que el Consorcio no garantizó la calidad de los trabajos.

De hecho, el dinero que se reclama por dicha fianza, el GDF anunció que se destinaría a los pagos por trabajos de rehabilitación de la Línea 12.

El Consejero Jurídico habló del litigio contra las empresas participantes como un tema de diversas aristas, pues los contratos incluyen esquemas amplios que son analizados a detalles por un grupo de abogados que Granados Covarrubias asignó en específico al caso.

“Son varias las facetas del contrato”, apuntó.

Adelantan reapertura

El jefe de Gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, anunció que debido a los avances en la rehabilitación de la Línea 12 se podrían abrir estaciones de manera paulatina, incluso desde octubre y no hasta noviembre como se había fijado.

Podría adelantarse, explicó, en las estaciones que ya fueron probadas y su funcionamiento está en condiciones para brindar el servicio al público.

Bajo este esquema, para noviembre podrían estar abiertas en su totalidad las 11 de las 20 estaciones que fueron cerradas desde marzo del 2014 ante el riesgo de un descarrilamiento.


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