En charola de plata

La propuesta de abrir todo el sector de hidrocarburos mediante la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución -como lo plantea el Partido Acción Nacional (PAN)- sería la apertura más agresiva al sector privado, nacional o extranjero, de los últimos 30 años advierte Carlos Huerta Durán, experto en el tema.

95.7%
del presupuesto de inversión pública aprobado a Pemex en 2012

La propuesta de abrir todo el sector de hidrocarburos mediante la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución -como lo plantea el Partido Acción Nacional (PAN)- sería la apertura más agresiva al sector privado, nacional o extranjero, de los últimos 30 años advierte Carlos Huerta Durán, experto en el tema.

No solo eso, precisa el asesor del consejero profesional independiente de Pemex Fluvio Ruiz, una modificación a esos articulados de la Carta Magna abrirían la puerta al capital foráneo como complemento a la inversión privada nacional en exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y distribución.

Enfatiza que en el país,  las concesiones petroleras que propone el PAN “están prohibidas categóricamente por el Artículo 27 Constitucional” por una razón.

Y su prohibición proviene de las condiciones económicas tan desventajosas, incluso infames, en que se encontraba el Estado mexicano frente a las petroleras internacionales  durante el primer tercio del siglo pasado, recuerda.

Una de las causas que originó la expropiación petrolera de 1938, detalla en un amplio análisis, tiene su origen en la concesiones petroleras que hoy se proponen como modernas y audaces, remarca Huerta Durán.

“Las concesiones petroleras otorgan derechos a las empresas petroleras como pueden ser propiedad de los recursos, en este caso del petróleo”, agrega.

Y como contraprestación, los Estados tienen derecho al pago de una regalía equivalente a un porcentaje de la producción, más otros pagos e impuestos estipulados en la concesión, explica.

Recuerda que en la reforma energética del 2008 se llegó a un consenso entre las fuerzas políticas para salvaguardar la renta petrolera a través de modificar y adicionar el primer párrafo del Artículo 6 de la Ley Reglamentaria.

Con esta reforma, se garantizó la prohibición expresa sobre contratos de riesgo, contratos de producción compartida y concesiones petroleras.

“En caso de materializarse el anuncio de reforma energética de parte de Acción Nacional habría un retroceso considerable ya que no se tendría la garantía jurídica de salvaguardar la renta petrolera nacional”, alerta.

En la revisión que hizo de la propuesta panista, Huerta Durán destaca que el PAN busca modificar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, específicamente donde dice:

“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado…”.

Con esto eliminarían la parte donde se prohíben las concesiones y en su caso los contratos, referidos a los contratos de riesgo o contratos de producción compartida.

La eliminación es muy sencilla, pero el impacto en términos económicos, financieros, fiscales, de arquitectura institucional e incluso sociales, es de proporciones inconmensurables, advierte.

“El camino que ha decidido Acción Nacional no es vender los tornillos de Pemex, sino abrir al sector privado las áreas económicas sustantivas de toda la cadena de valor del petróleo.

Y esta vía, aclara, es la más costosa para el país en términos económicos, financieros, fiscales, políticos, sociales y por supuesto de compartir la renta petrolera.

“La forma óptima de salvaguardar la renta petrolera nacional, garantizar la seguridad energética de las futuras generaciones y contar con los recursos necesarios para financiar el desarrollo económico nacional, es mantener sin cambio alguno lo que establece el Artículo 27 Constitucional”.

Reforma Energética aportará al PIB

Para BBVA Bancomer, una reforma energética que fomente la inversión privada en exploración de shale gas y en aguas profundas aportaría al menos 0.5 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB).

En su opinión, cualquier propuesta de reforma que busque no sólo promover el potencial de crecimiento económico nacional, sino también la consolidación de la seguridad energética del país, “debería incluir a los sectores petrolero, de refinación, petroquímico y eléctrico”.

Recomienda que la reforma -que se anunciará en agosto próximo- contemple un enfoque integral a la producción, comercialización y refinación del petróleo.

Sobre todo, agrega, si se quiere explotar campos maduros, ir a aguas profundas y recursos no convencionales como lutitas.

La iniciativa también debería considerar el fomento a la integración de las cadenas productivas de la industria petroquímica.

Así como la comercialización de la electricidad entre particulares, y tarifas eléctricas que reflejen los costos de producción, transmisión y distribución, opina.

Por su parte, Grupo Financiero Banamex, consideró que una reforma energética podría darle a México un mejor posicionamiento.

Sobre todo, señala, porque los países denominados BRICS y que son los que más están creciendo ahora, cuentan con una alta tecnología y con commodities, sectores en los cuales nuestro país tiene una insuficiencia estructural.

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