El Gobierno federal está más ocupado dando a conocer multas de gran tamaño que robusteciendo los expedientes para adjudicar responsabilidades a las empresas y personas señaladas en actos de presunta corrupción, considera el académico de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano.
“Parece que lo relevante es más bien anunciar que voy a castigar. Nos quedamos en la superficie. Se queda este gobierno en la superficie, en la frivolidad mediática y creo que el tema es de mucha mayor profundidad”, apunta el especialista.
Considera que los expedientes de las acusaciones no están correctamente cimentados para poder acreditar las acciones de corrupción.
“Probablemente la autoridad investigadora no realizó correctamente las diligencias correspondientes para sancionar a estos servidores públicos acusados y, por otro lado, ellos también realizaron acciones legales en defensa de sus intereses”
“Al conjugarse estos dos elementos, provoca que en el caso particular de las multas, no puedan ser aplicables porque fueron impugnadas por la parte acusada, lo cual está en su derecho”, explica Edgar Ortiz Arellano.
Considera que en los casos de gran impacto tanto mediático como para el erario, es muy importante que las diferentes entidades que se encargan de la fiscalización integren bien el expediente correspondiente para obtener las sanciones firmes contra los funcionarios que cometieron algún ilícito.
“Veo que hay un funcionario en particular y empresas, en este caso Odebrecht, obviamente se requiere de una gran capacidad de conocimiento jurídico; de una gran capacidad para integrar debidamente los expedientes en tiempo y forma y conseguir las evidencias suficientes para evitar que este tipo de multas sean impugnadas por la parte acusada”, explica.
Ante esta ineficacia de la Función Pública, las empresas acusadas destinan fuertes cantidades de recursos para impugnar las sanciones por parte de la autoridad.
Ortiz considera que para la actual administración es más importante buscar el ruido mediático que realizar una correcta investigación que arroje como resultado la sanción contra los funcionarios señalados por hechos de corrupción.
“Ellos saben que ni siquiera es el hecho del cobro de la multa, sino es simplemente el anuncio mediático y este gran discurso de que su gobierno va en contra de la corrupción. Entonces anunciar que se van a recuperar esos dineros o que se sancionó a un ente privado o a una persona por parte del presidente cumple con dos grandes objetivos: el mediático y el electoral”, apunta el analista.
Fincar responsabilidades para combatir corrupción
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha fallado en interponer multas contra funcionarios, personas y empresas particulares acusadas de corrupción, afirma la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.
“El Gobierno está más preocupado por su circo mediático que por dar resultados. Es evidente que las acciones de gobierno pueden ser cuestionadas por los particulares o por los acusados. Lo que es lamentable es que no tengan un equipo jurídico técnico que permita que esas multas realmente se puedan cobrar”, explica la senadora en entrevista.
Considera que lo que tienen que hacer no es solamente interponer una multa, sino defenderla jurídicamente para poder demostrar que se ha establecido con rigor jurídico y, por ende, debería haber un equipo especializado para eso. No solamente para quedar en el mensaje o para quedar en la nota, sino para dar resultados y para que efectivamente con ese dinero el erario se pueda fortalecer.
Agrega que es muy lamentable que a tres años de un gobierno que se dijo transformador, no se resolvió nada desde la oficina de Irma Eréndira Sandoval, quien hace un par de días dejó la Secretaría de la Función Pública y fue reemplazada por Roberto Salcedo Aquino.
“Tres años después hay una salida que te muestra lo que habíamos dicho a lo largo de esta administración, y es que no hay un combate frontal a la corrupción. Los grandes temas de este país no fueron analizados por este Gobierno, es lamentable que la titular de la Función Pública se haya visto envuelta, de inicio, por sus bienes con un inexplicable patrimonio que tocó y que marcó lamentablemente su estadía en la SFP.
“No hubo investigaciones claras y contundentes a propósito de lo que se ha visto en esta administración. La cantidad de adjudicaciones directas que se han dado solapadas por el gobierno demuestran que el combate a la corrupción sólo quedó en un eslogan de campaña”
López Rabadán asegura que la SFP dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, por lo que Irma Eréndira Sandoval tiene que ser llamada a cuentas para que explique las adquisiciones en esta pandemia por COVID-19.
“Tendrá que dar respuestas, tendrá que informar por qué hoy los mexicanos no tienen una vacuna, por qué hay un sistema de salud deficiente. Es claro que hay una falta de compromiso en este gobierno para trabajar en favor de los mexicanos. Hay un compromiso de subordinación con el Presidente de la República, pero no para trabajar en favor del país”, sentencia.
Diputados de oposición demandaron que Irma Eréndira sea investigada por todas las irregularidades que cometió durante el tiempo que estuvo al frente de la SFPhttps://t.co/EgT7RtgiHp
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) June 21, 2021
