La pesquisa ‘Emilista’

Voces ciudadanas y fuerzas políticas exigieron una investigación inmediata sobre el patrimonio del exgobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, y el de sus principales funcionarios y operadores políticos en su mandato, para impedir nuevas acciones de ocultamiento sobre sus bienes. 

 

Los señalamientos son realmente graves, la desincorporación de los bienes es un indicio clarísimo que hay que investigar” 
Augusto Valencia LópezDiputado local por MC

Voces ciudadanas y fuerzas políticas exigieron una investigación inmediata sobre el patrimonio del exgobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, y el de sus principales funcionarios y operadores políticos en su mandato, para impedir nuevas acciones de ocultamiento sobre sus bienes. 

 

Ayer Reporte Indigo publicó la existencia de cuatro operaciones notariales que realizó al término de ese sexenio Carlos Andrade Garín, exmiembro del gabinete de González Márquez, para pasar a manos de terceros cuatro de sus inmuebles en fraccionamientos de lujo de la ciudad, valuados en casi 16 millones de pesos ante Catastro de Zapopan. 

 

Una de las asociaciones civiles de Guadalajara que tiene denunciado penalmente al gobierno de González Márquez por malversación de fondos, el Parlamento de Colonias, dijo  en voz de su presidente, Alejandro Cárdenas Ochoa: 

 

“Consideramos que el Gobierno del Estado actual, de Aristóteles Sandoval Díaz, debe hacer una investigación a fondo; el fiscal general, Eduardo Almaguer debería estar haciendo una investigación a fondo en todos estos asuntos. No estamos de acuerdo en que se sigan permitiendo y tolerando impunemente estas situaciones”, consideró Cárdenas Ochoa. 

 

Andrade Garín fue pieza clave en el financiamiento de los Juegos Panamericanos 2011, y por tanto, en el uso y destino de miles de millones de pesos de fondeo público para el evento.

 

Operó el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud (CODE), el Comité 

Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag), y, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y 

Equipamiento Deportivo para los Juegos (Finde). 

 

Según información oficial, a través de esas tres oficinas fluyeron más de 2 mil 735 millones de pesos. 

 

El 16 de mayo de 2014, ya sin el PAN en el gobierno, el exfuncionario acudió a la notaría 33  para desvincular su nombre de tres residencias y un predio en fraccionamientos de alta exclusividad como Pontevedra, a un costado de plaza Andares, y Virreyes Residencial, donde hay fincas de hasta 36 millones de pesos.  

 

 “En este caso en el que se está haciendo un ocultamiento a través de donaciones a terceros del patrimonio de este funcionario, creo que deberían de estarse ya indagando de forma eficaz y de forma ágil estos patrimonios. No deben de quedar en la impunidad y creo que deberían de actuar de inmediato”, dijo Cárdenas Ochoa. 

 

Llamó al actual gobierno a indagar la evolución del patrimonio de los principales actores de aquel sexenio “encabezando por el de Emilio González, seguido por sus secretarios, los funcionarios de Iprovipe (Inmobiliaria y Promotora de Interés Público), y del Ipejal (Instituto de Pensiones)”. 

 

Complicidad

 

El presidente del PRD Jalisco, Raúl Vargas López, advirtió con “ironía” que Andrade Garín puede sentirse tranquilo, pues presume que el actual gobierno del PRI esté entorpeciendo voluntariamente las investigaciones. 

 

Cuestionó el interés del PRI en el Senado por dichas indagatorias contra González Márquez (hay 11 denuncias de Contraloría, y tres de otros actores).

 

“Lo que se hizo en el Senado es un oportunismo político del PRI de hacer estos señalamientos, todavía más cuando se reconoce por algunos entendidos en el tema que las denuncias no prosperarían. 

 

“Si Andrade Garín está tomando providencias para proteger su patrimonio, pareciera haber una estrategia jurídica para encarar las eventuales demandas; creo que puede estar tranquilo, el PRI pareciera estar actuando en complicidad con ellos al no documentar debidamente las denuncias (…) están tan mal fundadas que difícilmente van a prosperar”, explicó Vargas López.

 

El diputado Augusto Valencia López, de Movimiento Ciudadano, coincidió en el tema. 

 

“Los señalamientos son realmente graves, la desincorporación de los bienes es un indicio clarísimo que hay que investigar. 

 

“Las instancias locales han dejado mucho que desear, tanto la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría y la Fiscalía, pues están con un amarre político fuertísimo, estoy seguro que en esos negocios millonarios están involucrados priistas y panistas”, cuestionó Valencia López. 

 

Riqueza dudosa

 

El diputado independiente Pedro Kumamoto también compartió un posicionamiento, donde llamó a esclarecer si existe enriquecimiento ilícito. 

 

“Debe quedar claro si dichos movimientos seguían la lógica de ocultar su patrimonio de la opinión pública para ocultar dicho enriquecimiento ilícito, y que, efectivamente, las cifras parecen no cuadrar (entre su ingreso anual y el valor de los inmuebles). 

 

“La opacidad de los Juegos, de las decisiones y del nivel de endeudamiento dan todo el sentido del mundo a las herramientas de participación ciudadana. Fueron decisiones que afectaron a todas, que tomaron solo unas cuantas personas”, detalló Kumamoto. 

 

Se solicitó la postura de la Fiscalía de Almaguer Ramírez, pero esta declinó otorgarla, al referir que era un asunto que tiene la Contraloría, no obstante que el escrutinio del patrimonio de los funcionarios le compete a aquella.