La Fiscalía General de la República (FGR) informó que durante los gobiernos de los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, han sido detenidos un total de 111 miembros de las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, por casos de desaparición forzada que resultan de su competencia.

Precisamente una de las conclusiones a las que llegó el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en su reciente Informe sobre su visita a México es que el involucramiento de las fuerzas del Estado en este tipo de hechos es uno de los pilares que sostienen la gran crisis de desapariciones por la que atraviesa México.

Los registros que proporcionó la FGR vía transparencia sobre “miembros de instituciones de seguridad y procuración de justicia (incluyendo los órdenes federal, estatal y municipal e incluyendo al Ejército, Marina y Guardia Nacional), que han sido detenidos por el delito de desaparición forzada”, muestran que el desempeño del Gobierno de López Obrador en este rubro ha sido mejor que el del Gobierno de Peña Nieto.

De esta manera, mientras el Gobierno de Peña Nieto alcanzó un total de 55 aprehensiones de efectivos de las fuerzas de seguridad por su presunto involucramiento en casos de desaparición forzada, la Fiscalía asegura que la administración de López Obrador ya superó esa cifra con 56 capturas concretadas por los mismos motivos, aunque en un tiempo mucho menor.

En estos periodos de Gobierno la institución federal que presentó el mayor número de detenciones de sus integrantes por hechos de desaparición forzada fue la Secretaría de Marina, con 30 de estas capturas; seguida por la Secretaría de la Defensa Nacional que suma 26 bajas por estas mismas razones.

Otras instancias federales cuyos miembros se han visto presuntamente involucrados en la desaparición forzada de personas son la Policía Federal –disuelta por el actual Gobierno-, la Gendarmería que se creó durante el Gobierno de Peña Nieto, y la propia Fiscalía General de la República, que suman en conjunto ocho aprehensiones entre sus filas.

Con respecto a las fuerzas de seguridad locales, la Fiscalía señala que se han capturado en total a 33 elementos de las policías municipales del país, así como a 14 miembros de las fiscalías generales de los estados (folio: 330024621000961).

Los casos de desaparición forzada que están siendo investigados por la FGR suman al menos 61 víctimas; sin embargo, la institución reconoció que tiene decenas de órdenes de captura que no ha podido cumplimentar

Víctimas e impunidad

Los casos de desaparición forzada que están siendo investigados por la FGR suman al menos 61 víctimas, de las cuales una es mujer, y las 60 restantes son hombres; sin embargo, la institución reconoció en su respuesta que tiene decenas de órdenes de captura que no ha podido cumplimentar por esos hechos.

En concreto, la Fiscalía informó que son 33 las órdenes de aprehensión contra miembros de instituciones de seguridad y procuración de justicia por este caso (que) están pendientes de cumplimentar, lo que evidencia las condiciones de impunidad que suelen rodear a los hechos de desaparición forzada.

El propio Comité de Naciones Unidas alertó sobre esta problemática en su Informe: “Según la información proporcionada por el Estado parte, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 por ciento y el 6 por ciento, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”.

Y agregó: “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas”.

Narcos y agentes, actores de desaparición forzada

En su Informe sobre México, el Comité de Naciones Unidas destaca a las fuerzas de seguridad y al crimen organizado como los dos actores fundamentales detrás de la desaparición forzada de personas.

“El Comité recibió información preocupante tanto de autoridades como de víctimas sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayoría de las entidades federativas (…). Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.

“Los interlocutores del Comité plantearon diversas hipótesis sobre la eventual responsabilidad de los servidores públicos en las desapariciones. Aunque el discurso prevalente en círculos oficiales tiende a negar o diluir la responsabilidad del Estado parte alegando que la mayoría de las desapariciones son perpetradas por particulares, principalmente vinculados a la delincuencia organizada, el Comité ha recibido otras muchas alegaciones que insisten en la responsabilidad directa o indirecta del Estado, teniendo en cuenta los patrones de desapariciones que se producen en el país. En unos casos, se refieren al involucramiento directo de los servidores públicos, basándose en elementos probatorios contundentes como fotos, testimonios o videos. En otros, a la inacción de las autoridades y funcionarios ante la existencia de riesgos conocidos”.

La Fiscalía destacó que la federación es competente para investigar, perseguir y sancionar el delito de desaparición forzada de personas solo cuando se actualizan ciertos supuestos, como estos: “Se encuentre involucrada alguna persona servidora pública federal como sujeto activo o sujeto pasivo del delito; (…) El MP de la Federación ejerza facultad de atracción. (…) Se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada”.

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