Este 27 de octubre se llevará a cabo la elección para definir quién será el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) durante los próximos tres años.
Sin embargo, el proceso ha sido manchado por las irregularidades que, supuestamente, favorecen a Rafael Guerra Álvarez, quien busca la reelección por tercera vez consecutiva.
La candidata opositora a Guerra Álvarez, la magistrada local Celia Marín Sasaki, acusa que se han creado leyes para beneficiar al actual presidente y que el mismo Poder Judicial opera a su favor.
En caso de que Guerra Álvarez gane, sumarán 9 años del magistrado al mando de la autoridad judicial: en 2016 fue electo por primera vez en el cargo; en 2019 fue reelecto bajo el amparo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial; y en este 2021 pretende estar otros tres años a la cabeza de la máxima instancia impartidora de justicia a nivel local.
Este 27 de octubre todos los magistrados del PJCDMX votarán, de manera libre y secreta, para definir quién será el presidente del Poder Judicial de 2022 a 2025: los únicos dos candidatos son Guerra Álvarez y Marín Sasaki
Leyes, a favor de Guerra Álvarez
El artículo Vigésimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México y el Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México permiten la reelección de Rafael Guerra Álvarez como titular de la autoridad juzgadora.
Pero son ilegales porque fueron creados por negociación para beneficiar solo al presidente en turno, denuncia Celia Marín Sasaki.
La magistrada menciona que ambos transitorios conforman una “Ley Guerra”, que es parcial, temporal y pretende garantizar la reelección del actual presidente.
“Solo él se puede reelegir gracias a los transitorios, los sucesores no”, comenta en entrevista.
Tanto el artículo Vigésimo Transitorio de la Constitución local, como el Tercero Transitorio de Ley Orgánica del Poder Judicial de la ciudad, fueron elaborados y publicados durante el primer periodo de Guerra Álvarez en el PJCDMX en el 2018.
“El espíritu de la ley, así como el de la Constitución, no dejan que se reelija, y son esos dos artículos, creados para él, los únicos que permiten algo inconstitucional”, refiere.
Justicia parcial en PJCDMX
Ante lo que considera una inconstitucionalidad, la magistrada Marín Sasaki interpuso un amparo en el Juzgado 17 en Materia Administrativa de la Ciudad de México en busca de que se invalidara la candidatura del actual presidente.
No obstante, la instancia notificó a la magistrada el pasado 25 de octubre que la resolución del recurso no le favorece.
Marín Sasaki denuncia que el juzgado desechó el amparo, según la notificación, porque no estimó que exista un “interés legítimo” de ella, a pesar de que es candidata a presidir el PJCDMX.
La decisión del juzgado, considera la magistrada, es una arbitrariedad para favorecer a Guerra Álvarez y dejar el camino libre para su reelección.
“El argumento es que no tengo interés jurídico ni legítimo, por eso se desechó el amparo y voy a interponer una queja porque no podemos permitir este atropello”, declara.
Además promoverá más recursos legales ante otras instancias para que no se viole la Constitución.
“Recurriré a todas las instancias que sean necesarias, porque no se puede permitir que ocurran este tipo de cosas”, declara.
Además, Sasaki acusa que el Poder Judicial está cometiendo un acto de violencia de género porque al ser mujer y Guerra Álvarez un hombre, la justicia se pone de su lado.
“Soy una juzgadora con más de 30 años de experiencia y no me van a dejar llegar, porque soy mujer y porque el patriarcado en el Poder Judicial continúa mandando”
Polémicas del presidente
La gestión de Rafael Guerra Álvarez como magistrado presidente no ha estado exenta de polémicas, principalmente por la violencia de género cometida por sus subordinados.
En enero de 2020, durante el proceso de ratificación de los magistrados locales, se dio a conocer que el impartidor de justicia, Manuel Horacio López Cavazos, tenía una acusación por abuso sexual en contra de sus dos hijas y, a pesar de ello, pretendía continuar como juez.
Durante las audiencias con el Congreso de la Ciudad de México para la ratificación, los legisladores locales indicaron que aunque no se había comprobado la culpa de López Cavazos en el delito que se le imputaba, su honorabilidad estaba en duda y no podía continuar como magistrado.
Sin embargo, dicho caso no ha sido el único relacionado con violencia de género que ha sucedido durante la gestión de Guerra Álvarez, también está el del magistrado Héctor Jiménez López, quien liberó al presunto feminicida de Abril Pérez Sagaón en el 2019.
En ese año, Juan Carlos “N” intentó asesinar a Pérez Sagaón, quien era su pareja; sin embargo, Jiménez López desclasificó el delito y en lugar de que el acusado enfrentara un proceso por tentativa de feminicidio, se le imputó el ilícito de lesiones, con lo que alcanzó la libertad provisional.
Días más tarde, Pérez Sagaón fue ejecutada en Coyoacán. En este caso, el magistrado tampoco fue ratificado por no considerar en sus resoluciones la perspectiva de género.