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Reporte
CDMX
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ASCM

El secuestro del presupuesto participativo

David Martínez

La anterior administración de Iztapalapa no pudo demostrar el correcto ejercicio del Presupuesto Participativo de 2017 e incurrió en anomalías, revela un informe de la Auditoría Superior de la Ciudad de México


Sep 17, 2019
Lectura 6 min
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La alcaldía de Iztapalapa es responsable del manejo irregular de los recursos del Presupuesto Participativo que se destinaron a 293 proyectos ciudadanos de la demarcación en el 2017.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) con número de folio AJU/18/3419, la entonces delegación realizó 10 operaciones irregulares de un total de 170 procedimientos que llevó a cabo durante 2017, las cuales tienen relación con el ejercicio del Presupuesto Participativo de ese año.

Proyectos de los que no existe ningún documento que acredite su completa realización.

293 proyectos se eligieron para el ejercicio del Presupuesto Participativo 2017

El resultado de la auditoría fue entregado a la actual administración de Iztapalapa el 22 de noviembre de 2018 y publicado en enero de 2019.

Los malos manejos tuvieron lugar durante la gestión de Dione Anguiano como delegada en el período 2015-2018.

El Presupuesto Participativo son los recursos asignados para que la ciudadanía proponga y vote proyectos a favor de su comunidad.

Por lo cual, el hecho de que, como lo indica la Auditoría, no haya claridad en el manejo de los recursos del rubro, afectó a todas las colonias de Iztapalapa durante el 2017.

Las acciones que auditó la ASCM fueron la elaboración del anteproyecto del Programa Operativo Anual; la atención de las solicitudes de Afectaciones Programático Presupuestales; la adquisición de bienes y servicios bajo el procedimiento de adjudicación directa; la adquisición de bienes y servicios mediante el proceso de licitación pública; la recepción, registro y control de bienes inmuebles en el almacén; la elaboración del informe de avance trimestral; el trámite de cuentas por liquidar certificadas para el pago de proveedores y prestadores de servicio; y que no contó con procedimientos específicos para la gestión del Presupuesto Participativo; entre otras.

Iztapalapa, al ser la alcaldía con mayor extensión territorial y densidad poblacional, es a la que le corresponde ejercer más recursos del Presupuesto Participativo.

424 mil pesos se le asignaron a cada proyecto vecinal

En 2017, Iztapalapa tuvo el presupuesto más alto de las 16 delegaciones al alcanzar los 4 mil 144 millones 715 mil pesos, de los que se asignó al Presupuesto Participativo el 3 por ciento, según lo estipulado por la Ley de Participación Ciudadana, cifra que representa un monto de 124 millones y que fue modificado a 111 millones 444 mil pesos.

Montos incongruentes en el presupuesto participativo

La auditoría señala que en ese año se eligieron 293 proyectos para el ejercicio del Presupuesto Participativo y a cada uno se le asignó un monto de 424 mil pesos, los cuales no son congruentes con la cifra de los 111 millones 444 mil pesos.

Lo anterior debido a la reducción que se aplicó para el rubro y a que los montos no se ajustaron a las características de los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo que fueron para la rehabilitación de los espacios deportivos, recreativos y parques así como de bibliotecas; y otros relacionados con la infraestructura pública.

La delegación Iztapalapa no se ajustó a la normatividad aplicable, ya que no existió congruencia entre el monto programado y las características de los proyectos ganadores en la Consulta Ciudadana y, por tanto, no se consideraron elementos reales de valoración para hacer las adquisiciones de obras y servicios

- Informe de la ASCM

Número de folio AJU/18/3419

La auditoría añade que la entonces delegación no hizo las gestiones necesarias para distribuir los recursos otorgados originalmente y no realizó ninguna evaluación interna al respecto del cumplimiento de dicho objetivo.

En respuesta, indica el documento citado, Iztapalapa proporcionó a la Auditoría 88 actas de entrega-recepción de los recursos y 104 minutas de Terminación de Obras como argumento de que sí se realizaron 192 proyectos del total de 293.

124 millones de pesos representaban en total

Sin embargo, 45 de las actas que la administración gubernamental dio a la auditoría no fueron remitidas a los comités vecinales; lo que significa que aún cuando existe un documento para probar la realización del proyecto, éste no fue ratificado por los ciudadanos responsables.

Respecto a las 101 restantes, la Auditoría confirma que nunca se celebraron y que Iztapalapa no cuenta con mecanismos de coordinación con todos los comités vecinales.

111 millones 444 mil pesos fue el monto final con la modificación

En total de 293 proyectos, 147, aproximadamente el 50 por ciento, se llevaron a cabo pero tampoco hubo una evaluación de su cumplimiento.

Contrataciones anómalas

De los contratos revisados como muestra para la investigación que realizó la ASCM, se seleccionó al IZTP/DGA/AD-C22/2017 para la adquisición de 2 mil 197 dispositivos de alertamiento temprano con pantalla de alta resolución y base movible por un monto de 36 millones de pesos.

La compra forma parte de un conjunto de proyectos, cuyo número no está definido en la investigación de la ASCM, del Presupuesto Participativo de 2017.

Dicho contrato se firmó en enero de 2017 y se constató la puesta en operación de mil 800 dispositivos.

Sin embargo, hasta diciembre de 2017, año para el que estaba programada la realización del proyecto, no se demostró la recepción de 235.

Lo que incumplió con la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

La ASCM pidió a la empresa a la que se le otorgó el contrato, Trasnacional AP de México S.A de C.V., que proporcionara las facturas correspondientes de los pagos.

Dichos documentos estaban autorizados y expedidos por la delegación Iztapalapa aún cuando la compañía no entregó los 235 dispositivos en tiempo y forma. Ante esto, la Auditoría recomendó a la alcaldía de Iztapalapa establecer los mecanismos de revisión necesarios para la supervisión del cumplimiento de las metas y proyectos del Presupuesto Participativo, así como sistemas de coordinación efectivos con los comités ciudadanos.

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