El protocolo pederasta

Hoy inicia el primer encuentro en el Vaticano dedicado a atender la pederastia clerical en el mundo. Activistas, exintegrantes del clero y víctimas de abuso sexual exigen que el evento lleve a la eliminación del instructivo creado hace más de 50 años en la Santa Sede que protege a padres y obispos pederastas

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La cárcel no es suficiente para borrar los delitos que comete toda una institución religiosa y que afectan a tantos niños.

Jesús Romero Colín obtuvo una sentencia en contra del hombre que abusó de él, pero aún siente que falta algo.

Después de diez años de alegatos legales, el terapeuta y víctima de pederastia logró que Carlos López Valdez, el clérigo que lo agredió sexualmente cuando era menor de edad, recibiera una condena de más de 40 años efectivos en prisión.

Sin embargo, el denunciante considera que apenas inicia su camino hacia la justicia porque los obispos que encubrieron a su agresor aún están libres.

Las víctimas de abuso sexual por parte de integrantes de la Iglesia Católica denuncian que los agresores son protegidos por los altos mandos de la institución religiosa

La situación de Jesús no es un caso aislado. Víctimas de pederastia clerical en México y otros países denuncian que no pueden acceder a la justicia por un protocolo que tiene sus raíces en un documento creado en el Vaticano en 1962.

El mecanismo fue implementado a partir de la herencia de Crimen Sollicitationis, un instructivo que sirve para proteger a los clérigos agresores, de acuerdo con víctimas, activistas y exsacerdotes.

“El protocolo de la iglesia en lugar de controlar la pederastia, la agrava, porque al agresor lo cambian de lugar, lo regañan adentro de la iglesia, no le informan a las autoridades competentes, descalifican a las víctimas, las difaman, las insultan e incluso les dicen que son ellas las que las provocan y a los agresores les dan una especie de burbuja de protección”, dice en entrevista para Reporte Indigo Alberto Athié Gallo, exsacerdote y activista por los derechos humanos.

Así sucedió en el caso de Jesús. El denunciante narra que clérigos de altos rangos protegieron a su agresor.

Dice que López Valdez fue encubierto por el obispo Jonás Guerrero, su jefe inmediato, y Marcelino Hernández, el encargado de Casa Damasco y Casa Alberione, residencias de retiro para los sacerdotes pederastas. Incluso menciona que posiblemente el arzobispo Norberto Rivera estaba enterado sobre su situación.

“Vamos a iniciar un proceso contra los obispos que encubrieron a mi agresor. Entonces todavía hay más para llegar a la justicia”, comenta Jesús.

No es un secreto que la pederastia clerical sucede en todo el mundo. Al menos 152 sacerdotes en México han sido suspendidos tras ser acusados de abusar de menores de edad, según informó el pasado 10 de febrero el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López

En conferencia de prensa, Cabrera López detalló que los 152 casos se han registrado en los últimos 9 años, de los cuales algunos delincuentes sacerdotes están en la cárcel y otros han sido ya suspendidos de su ministerio sacerdotal, toda vez que se demostró su culpabilidad; en tanto que otros sacerdotes aún enfrentan el proceso.

Debido a las denuncias de víctimas en México, Chile, Estados Unidos, Australia e Irlanda en los últimos dos años, hoy inicia el primer encuentro en el Vaticano que pretende atender la crisis en la Iglesia Católica relacionada con el abuso sexual a menores de edad por integrantes del clero.

El encuentro lleva por nombre “La protección de los menores en la iglesia” y se desarrollará del 21 al 24 de febrero en la Santa Sede.

Denunciantes, activistas y exsacerdotes consideran que la única forma de erradicar el abuso de menores es eliminar todo el rastro del protocolo creado en 1962. La diferencia entre el éxito y el fracaso del encuentro en la Santa Sede radica en si el pontífice y los obispos se comprometen a eliminar lo que queda de ese instructivo.

“Debería estar clasificado como un delito internacional. Estamos hablando de una institución que es trasnacional y que tenga un documento como estos es un delito terrible, grave”
Jesús RomeroVíctima de pederastia clerical

 

La raíz del problema

Víctimas, activistas y exintegrantes del clero aseguran que los sacerdotes pederastas son protegidos por integrantes de la iglesia de todos los niveles mediante algunas instrucciones que son herencia del protocolo estipulado en el instructivo Crimen Sollicitationis.

En el documento aprobado por Juan XXIII en 1962, la Congregación del Santo Oficio estableció los procedimientos para afrontar casos de clérigos de la Iglesia Católica acusados de hacer uso del Sacramento de la Penitencia para realizar acercamientos de índole sexual con los fieles, así como los correspondientes castigos por estos actos.

El principal motivo por el cual las víctimas de pederastia no pueden acceder a la justicia se debe al protocolo creado por la iglesia que se encuentra inscrito en un instructivo llamado Crimen Sollicitationis que sirve para proteger a los clérigos agresores

Además, la Congregación del Santo Oficio dio instrucciones de que se siguieran los mismos procedimientos en caso de denuncias de comportamientos homosexuales, pedófilos o zoófilos por parte del clero.

El documento obligaba a todo personal eclesiástico a guardar silencio sobre dichos crímenes bajo pena de excomunión si lo declaraban de forma pública o lo denunciaban a otro tribunal que no fuera el eclesiástico

“Al tratar con estas causas, se debe demostrar que el cuidado y la preocupación más que de costumbre se tratan con la mayor confidencialidad y que, una vez que se decide y se ejecuta la decisión, todas aquellas personas relacionadas de alguna manera con el tribunal están cubiertas por un silencio permanente”, cita el punto número once del instructivo.

En 2001, el Crimen Sollicitationis fue revisado con la epístola de delictis gravioribus. La nueva ley fue promulgada el 30 de abril del mismo año, pero mantuvo el elemento de la confidencialidad.

Alberto Athié Gallo, exsacerdote y activista por los derechos humanos, explica que cuando explotan los casos en Estados Unidos el Vaticano se da cuenta que todos los obispos estaban rebasados porque el documento de Crimen Sollicitationis asignaba a cada obispo llevar los casos de sus parroquias correspondientes, sin embargo, algunos sacerdotes de la diócesis habían cometido hasta 100 o más abusos porque los cambiaban de templos constantemente.

La situación era insostenible y el gran cambio en 2001 fue que la Santa Sede decide atender directamente todos los casos.

“El papa Juan Pablo al ver la dimensión del problema decide que todos los casos sean llevados por Roma, entonces ahí hay un cambio sustancial de quién lleva los casos pero no de cómo llevarlos, es decir, se siguen llevando por secreto pontificio”, menciona Athié Gallo.

La norma en vigor es la aprobada por el papa Benedicto XVI el 21 de mayo de 2010. El activista asegura que este pontífice dice a los integrantes del clérigo que pueden denunciar a los sacerdotes pederastas a las autoridades civiles, sin embargo, la iglesia aún mantiene un proceso interno para juzgarlos.

Sin embargo, Athié Gallo añade que la norma actual mantiene la obligatoriedad de guardar el silencio sobre los casos de abuso sexual a niños por parte de sacerdotes y obispos.

Jesús Romero también es un terapeuta que atiende a víctimas de abuso sexual, entre ellas algunas de pederastia clerical. Es así como se da cuenta que el encubrimiento a sacerdotes es común y la exigencia de silencio una constante.

“Es un patrón tratar de acallar a la víctima e incitarla al perdón y cambiar al agresor a otra comunidad”, comparte Jesús.

Athié Gallo asegura que un caso emblemático del uso del protocolo es el del sacerdote estadounidense John Geoghan, quien abusó de 130 menores de edad en seis parroquias de la Arquidiócesis de Boston en Massachusetts

“El caso del sacerdote Geoghan es emblemático porque cuando fue detectado la primera vez lo que hizo su gente fue regañarlo y cambiarlo de parroquia. Por supuesto él promete que se va a portar bien, pero lo vuelve a hacer”, comparte el activista.

El caso de Geoghan es conocido por la cobertura del Boston Globe que hizo públicos los abusos sexuales a niños en la archidiócesis católica de Boston.

“Le preguntan al vicario de la arquidiócesis de Boston cómo es posible que ustedes sabían lo que hacía este sacerdote y sólo lo cambiaron de lugar. La respuesta fue ‘es que es la política de la iglesia, es la política interna que tenemos, un protocolo que hay que seguir’”, comenta Athié Gallo.

Un encuentro histórico

La iglesia no puede seguir ocultando los abusos sexuales contra menores de edad por parte de sacerdotes y obispos, así como los encubrimientos mediante el protocolo que aún mantiene su huella desde los sesenta.

Las denuncias de víctimas en México, Chile, Estados Unidos, Australia e Irlanda durante los dos últimos años llevaron al Vaticano a realizar el primer evento para atender la crisis de abusos sexuales a menores de edad por parte de sus integrantes

Es por eso que hoy inicia “La protección de los menores en la iglesia”, un encuentro que reúne obispos y presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para tratar la pederastia clerical del 21 al 24 de febrero en la Santa Sede.

La junta congrega a 190 participantes, entre ellos 114 presidentes de las conferencias episcopales o sus delegados, representantes de catorce iglesias orientales apegadas a Roma, líderes y lideresas de órdenes religiosas y otros directores de varias congregaciones del Vaticano.

Es un evento histórico porque es la primera vez que los representantes de la iglesia católica se reúnen para tratar el tema de la pederastia clerical

Las víctimas de abuso sexual hablarán de sus experiencias durante las oraciones de la tarde pero no tomarán la palabra en otros momentos de la reunión.

Mal inicio

Un evento previo a la reunión demuestra que la iglesia y en especial el Papa no están dispuestos a dialogar con las víctimas.

El pontífice Francisco dijo el miércoles que quienes acusan a la iglesia son amigos, primos, parientes del diablo. Las declaraciones ocurrieron durante un encuentro con feligreses en la ciudad italiana de Benevento.

“Quien ama a la Iglesia sabe perdonar, porque se sabe pecador y necesita del perdón de Dios, sabe arreglar las cosas, sí, pero siempre con el perdón: no se puede vivir toda una vida acusando, acusando, acusando a la Iglesia. ¿El oficio del acusador de quién es? ¿Quién es ese que en la Biblia es llamado el gran acusador? ¡El diablo!”, dijo el pontífice.

La declaración fue después de la reunión de un grupo de doce víctimas con el comité organizador del encuentro, formado por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, el arzobispo de Chicago, Blase J. Cupich y el experto en abusos sexuales de la Pontificia Universidad Gregoriana, Hans Zollner, entre otros.

Este evento también decepcionó a sus participantes. Tal es el caso del catalán Miguel Ángel Hurtado, de 36 años, que denunció por abusos a un monje de Montserrat.

“Salgo de la reunión como entré, con muy, muy poquitas esperanzas. ¿Hay un plan de acción? ¿Qué medidas específicas se van a introducir?, no nos han podido decir mucho, han dicho que se va a discutir durante la cumbre y que el lunes (25 de febrero) darán una rueda de prensa informativa y que después habrá un comité de seguimiento. Espero que para el lunes den un plan global de acción, porque si no nadie se los va a tomar en serio”.

A la par del encuentro sobre pederastia clerical y sus actividades previas, la asociación Ending Clergy Abuse (ECA), integrada por sobrevivientes de abusos y activistas mexicanos y de otros 20 países, realizará una contracumbre en el Vaticano desde la que exigirán al papa terminar con el mecanismo de protección a sacerdotes pederastas

“Exigimos tolerancia cero a pederastas y encubridores, así como terminar con el protocolo que obliga a tratar bajo secreto pontificio estos crímenes de lesa humanidad”, dijo desde Roma Cristina Sada Salinas, activista en contra de la pederastia clerical.

La asociación surgió después de Spes Viva, un foro nacional organizado por Sada Salinas con conferencias para entender el fenómeno de la pederastia clerical.

En este evento que se realizó el 27 y 28 de noviembre en Monterrey, especialistas, activistas y víctimas analizaron el problema de pederastia clerical y sus conclusiones son una serie de exigencias para frenar el delito.

Spes Viva y la asociación ECA exigen a la jerarquía católica en México y al Vaticano el total cumplimiento de las observaciones finales que el Comité de Derechos del Niño de la ONU hizo a la Santa Sede en enero de 2014, en las cuales se establece claramente la petición de terminar con el mecanismo de encubrimiento a los abusadores de niñas y niños, así como las recomendaciones que dicho comité hizo al Estado mexicano en 2015.

Como parte del cumplimiento de esas recomendaciones, los activistas piden a la Santa Sede entregar a las autoridades competentes los listados y expedientes de los perpetradores de abuso sexual dentro de la iglesia para hacerlos de conocimiento público y para la ejecución de las acciones legales que correspondan en los ámbitos civil y canónico, así como posibilitar el adecuado y transparente seguimiento de esas acciones por parte de las familias, la feligresía y la sociedad civil en general.

También solicitan que se tipifique el delito de pederastia en todo México porque aún existen 12 estados que no lo incluyen en sus legislaciones y que se realice un exhaustivo análisis de los códigos penales estatales tendientes a revisar las figuras legales relacionadas con el delito de pederastia, tales como el encubrimiento y la complicidad

De la misma forma, los activistas exigen complementar la elaboración de los protocolos o códigos de conducta para la protección de los niños, niñas y adolescentes en los distintos ámbitos de su relación con miembros de la iglesia, incluyendo activamente a las familias en las medidas que se tomen.

A la par del encuentro en el vaticano y la exigencia de los activistas, Jesús entregó el viernes pasado al presidente de Conferencia Episcopal Mexicana, un documento con varias propuestas para atender el problema de la pederastia clerical en México.

El terapeuta pide que haya una disculpa pública para las personas que han denunciado, garantías de no repetición y reparación económica para las víctimas; y campañas de prevención, capacitación y sensibilización para que los obispos y sacerdotes puedan tratar estos casos.

“Exigimos tolerancia cero a pederastas y encubridores, así como terminar con el protocolo que obliga a tratar bajo secreto pontificio estos crímenes de lesa humanidad”
Cristina Sada SalinasActivista en contra de la pederastia clerical

País sin cifras

En medio de múltiples escándalos por casos de abuso sexual, al menos 152 miembros de la Iglesia católica mexicana han sido separados de su oficio por presuntos casos de pederastia, dijo este mes el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López.

El prelado destacó que en México no existe un registro completo sobre el número de víctimas de abuso sexual cometido por miembros de la Iglesia, pues cada obispo del país está encargado de llevar los casos, por ello, para enfrentar esta problemática, es necesario contar con información detallada sobre las personas afectadas

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes pasado que no buscará una confrontación con la Iglesia sobre los casos de pederastia clerical denunciados.

“No queremos confrontarnos con las Iglesias, así de claros, necesitamos la unidad nacional, estamos por la reconciliación; desde luego, si hay un proceso legal, no podemos taparlo, no podemos ser cómplices, eso no lo haríamos, pero no vamos a atizar el fuego en ningún caso”, comentó el mandatario.

Ante este panorama, las víctimas de abuso sexual, activistas y creyentes tienen que esperar los resultados del encuentro en el Vaticano para saber si el papa y el resto de la Iglesia Católica cambiará su estrategia para eliminar la pederastia clerical.

En México no existe un registro completo sobre el número de víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, lo que impide garantizar acceso a la justicia y la reparación del los daños a los agredidos