El plan fallido del Gobierno para mejorar la expansión de internet

02 de Ene, 2020

En la era actual en la que vivimos el acceso a Internet se ha convertido prácticamente en un derecho. Un derecho que muchos millones de personas comparten, pero que no en todos los países se disfruta de la misma manera. En México, la capital ha optado por ofrecer internet gratis, lo que contrasta con el problema real que existe en otros territorios más pobres. Según la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en Los Hogares (Endutih) un total de 29.9 millones de personas no pueden disfrutar de este servicio. Un hecho que no pasó desapercibido para el expresidente Enrique Peña Nieto, que ideó un proyecto para que la red llegara a más gente.

Un plan que hoy en día ha resultado fallido, ya que no se ha mejorado nada de lo que se pretendía en el sector. Los principales objetivos eran los de llegar a las zonas más despobladas de la República, donde es más difícil que los ciudadanos puedan hacerse con una línea de Internet, y conseguir más competencia entre operadores en el sector, con el fin de que no se produjeran conflictos de intereses en el futuro que pudieran afectar a toda la población. Pues bien, ninguno de los dos fines parece haberse conseguido en un proyecto del que ahora se conocen sus fisuras, en el que se invirtió mucho dinero y cuyo fondo no tiene demasiada buena cara.

Y es que la Endutih ya dejaba claro que casi la mitad de los encuestados pensaban que las soluciones en cuanto a esta problemática pasaban por mejorar en la falta de recursos y no en la falta de cobertura, pero con todo y eso el gobierno federal estaba convencido de que en esto segundo es en lo que había que concentrarse. Para ello creó un plan llamado “Red Compartida”, con el que se mejoraría la calidad de los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio. Y lo cierto es que no fue nada fácil ponerlo en marcha, ya que primero se debían abordar diferentes reformas en aspectos legales.

La más importante fue la reforma de la constitución mexicana en materia de telecomunicaciones y competencia económica, además de cambios también en la estrategia digital de México. El gobierno, con Peña Nieto a la cabeza, estaba convencido de que el proyecto sería uno de los buques insignia para su futuro en el poder y una vez que se solucionaron estos aspectos, se sacó a concurso público la adjudicación de los derechos de explotación de esta “Red Compartida”. La empresa Altán Redes en la que fue empeñada dicha tarea no parecía tener demasiada experiencia, pero la creación de ‘Promtel’ dejaba más tranquilos a los más críticos.

Este organismo tenía por objeto el garantizar y asegurarse de que la instalación de las líneas de red se hacía de forma óptima, y además la institución se movía en la descentralización de forma que no podían producirse conflictos de intereses. Eso también ayudó a que la financiación del proyecto pudiera tener, por un lado, inversores privados, y por otro, públicos. El presupuesto nunca fue fijo ni cerrado, pero se calcula que en total se invirtieron 140.000 millones de pesos. Por suerte, la banca pública solo proporcionó 17.750 de esos millones, lo que supone un 13% del total. Y decimos por suerte porque los resultados se siguen esperando.

Esta idea venía en concordancia con la inminente renovación del sistema educativo que se tenía que llevar a cabo en México. Las instituciones veían en la posibilidad de que hubiera más acceso a Internet para todos una gran solución para que más pequeños pudieran mejorar su formación académica. Y con su actual fracaso, la educación se convierte en uno de los sectores más castigados y decepcionados en este sentido. Las nuevas formas de aprendizaje en la red no llegan a las personas con menos recursos y eso afecta a la preparación de las nuevas generaciones en todos los sentidos. Recientemente EF publicaba su informe anual sobre el nivel de inglés y México sigue decayendo y en parte es por la falta de estos recursos.

Se planeaba que en 2024 el 92% de la población mexicana tuviera garantías de un acceso a la red óptimo y que por tanto se incrementaran los teléfonos móviles con acceso a Internet. Nada de eso se ha conseguido, incluso miembros del propio Promtel se han justificado afirmando que la participación en el mercado no ha prosperado como se esperaba. La realidad es que ahora el nuevo gobierno se enfrenta a una situación complicada. Poner fin al contrato o modificarlo implica grandes pérdidas en sentido económico, puesto que los blindajes del proyecto son cuantiosos.

Ahora las preguntas son qué hacer con este nuevo problema que se ha planteado. La administración parece destinada a sufrir los daños en caso de que la idea no salga adelante, puesto que tampoco se conocen de forma exacta los términos del acuerdo en los que se pactó la concesión del dinero público. Entre tanto, los que pierden son los mexicanos de a pie, sobre todo los que cuentan con menos recursos.