El perdón a los gobernadores torturadores

27 de Nov, 2018

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Los exgobernadores de la era panista en Jalisco, Francisco Ramírez Acuña y Gerardo Octavio Solís Gómez, se salvaron de haber sido sujetos a juicio político por parte de la Cámara de Diputados, debido a la tortura sistemática de víctimas que ejerció la Procuraduría local durante el sexenio 2001-2006.

Información obtenida de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados confirma que tanto Ramírez Acuña como Solís Gómez fueron beneficiarios del indulto masivo que aprobó ese órgano colegiado en 2017, cuando desechó en un sólo acto más de 100 denuncias de juicio político contra gobernadores y funcionarios de todo el país

La denuncia de juicio político que había llegado hasta los diputados federales y que iba en contra de ambos exmandatarios jaliscienses está identificada con la clave LX/44/2007, fue presentada oficialmente el 11 de mayo del 2007 por el ciudadano Juan Manuel Estrada Juárez.

Ramírez Acuña fue gobernador de Jalisco del 2001 a 2006, año en el que dejó su cargo para sumarse al gabinete de Felipe Calderón Hinojosa y encabezar la Secretaría de Gobernación; mientras que Solís Gómez fue procurador estatal de 2000 a 2005, y después gobernador interino de noviembre de 2006 a 2007.

La promoción del juicio político en contra de ellos dos se basó en la recomendación 6/2006 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la cual fue relevante en su momento pues concluyó que la Procuraduría había estado ejerciendo tortura de forma cotidiana y sistemática durante los años en que Ramírez Acuña fue gobernador, y Solís Gómez, procurador estatal.

Dicha recomendación fue resultado de la investigación de siete quejas contra la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía), en las que la CEDHJ confirmó actos de tortura cometidos por 44 de sus elementos (37 policías investigadores, cinco agentes del Ministerio Público y dos secretarios), además de uno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

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“No obstante de la gravedad de los hechos anteriores, fue público y notorio que la PGJ negó que se ejerza tortura en Jalisco. Después de una prórroga de 10 días, la PGJ contestó que de las 19 propuestas que incluyó la CEDHJ en su recomendación, la PGJ solamente aceptó dos. También señaló (…) que no iniciará ninguna averiguación previa para determinar si alguno de los 45 servidores públicos señalados ejerció tortura”, dice la denuncia de juicio político contra Ramírez Acuña y Solís Gómez.

“No obstante de todo, esta recomendación fue desechada por Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación y ex gobernador de Jalisco; y Gerardo Octavio Solís Gómez, ex gobernador de Jalisco”, concluye.

Mandato de tortura

La gubernatura de Francisco Ramírez Acuña, con Gerardo Solís Gómez al frente de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), se caracterizó por los altos niveles de tortura que ejercieron sus agentes. Pese a ello, el segundo tiene grandes posibilidades de convertirse en el próximo y primer fiscal general autónomo de Jalisco.

Aquella recomendación de la CEDHJ que fue base de la denuncia de juicio político desechada, diagnostica cómo operaba la PGJ de Ramírez Acuña y Solís Gómez: “en Jalisco la PGJ aún practica la tortura en la investigación del delito”.

“En ese periodo se recibieron en este organismo 640 quejas por posible tortura (…) se han emitido cuatro recomendaciones por tortura a la PGJ” pero “ninguna fue aceptada en su totalidad. En la mayoría se solicitó investigar el delito de tortura, pero en ninguna se acató”, revela sobre el lapso de 2001 a junio de 2006.

Entre los métodos de tortura documentados que con mayor frecuencia utilizó la PGJ de Ramírez Acuña y Solís Gómez, estaban los siguientes: “aplicación de toques eléctricos; se les acuesta boca arriba en colchones mojados, atados de pies y manos, y se les colocan trapos húmedos en nariz y boca, sobre los cuales se les arroja agua para provocar asfixia momentánea; (…) se les cubre la cabeza con bolsas de plástico para impedir la respiración; intimidación mediante la amenaza de causar daños a familiares (…) desnudarlo; realizar detonaciones de armas de fuego cerca de la víctima”.

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Incluso, en la queja 717/2002, indagada en esa recomendación, la víctima de la PGJ narró así su tortura: “Querían que les dijera quién había robado las cosas y quién era el jefe y yo les decía que yo no sabía de qué me hablaban, por lo que me dieron toques eléctricos; me amarraron un cable en el pulgar izquierdo y un cable en el pulgar derecho de ambas manos, así como también me pusieron los cables en el pecho y de igual forma me lo pasaron por el ano, esto lo hicieron en varias ocasiones”.

Sistema de tormento

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) concluyó que la PGJ en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña y Gerardo Solís Gómez presentaba cinco rasgos que favorecían la tortura: ausencia de políticas públicas para combatirla; falta de reconocimiento de su existencia; negativa a iniciar averiguaciones contra ese ilícito; nula aplicación de legislación interna e internacional para erradicarla; y obstáculos para investigarla.

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Ramírez Acuña y Solís Gómez ignoraron el informe de agosto de 2004 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que confirmó que fueron torturados manifestantes durante la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Guadalajara ese año: “La CNDH pidió al Ejecutivo que diera vista a la PGJ para que iniciara una averiguación previa por los hechos inherentes al citado informe; sin embargo, no se aceptó la sugerencia”, señaló la CEDHJ.

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Pese a todo ello, el juicio político contra ese par de exmandatarios jaliscienses fue desechado el 1 de marzo de 2017 por la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, junto a otras 108 denuncias contra gobernadores y funcionarios del país, según la solicitud de información 0120000053618.

Entre las denuncias de juicio político desechadas aquel día había también ocho que iban dirigidas contra un tercer ex gobernador de Jalisco: Emilio González Márquez, como fue informado previamente por Reporte Indigo (“El indulto a Emilio González”, 7 de marzo de 2018).