El espaldarazo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a la reforma político-electoral que impulsa el presidente

El extravío de la CNDH en la reforma electoral

El espaldarazo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a la reforma político-electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual busca desaparecer al INE, no solamente evidenció su falta de autonomía, también despertó la preocupación de la oposición, la cual pidió la renuncia de Rosario Piedra

En medio de la discusión y lucha por la aprobación de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y secundada por su partido Morena en el Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomó claro partido sobre el tema dando un espaldarazo a la iniciativa con su publicación en el Diario Oficial de la Federación de la “Recomendación General 46/2022”.

En el documento publicado el 28 de octubre, el órgano autónomo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, pide “llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía”.

Este polémico acto no es el primero de la CNDH desde que Piedra Ibarra se convirtió en la titular, incluso, el mismo acto de su nombramiento fue sumamente cuestionado.

Durante su mandato, la oposición, especialistas en la materia y las mismas víctimas que debería estar defendiendo, la han señalado de convertirse en un ente que se ha dedicado más a avalar las acciones del gobierno que a realizar el trabajo que le mandata la Carta Magna.

Recomendación sobre reforma electoral sin facultades

La intromisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en temas político electorales provocó una respuesta por parte del Instituto Nacional Electoral, órgano que precisamente buscan desaparecer con la reforma electoral de AMLO y cuyas labores fueron cuestionadas por la CNDH.

A través de un comunicado, el instituto presidido por Lorenzo Córdova, deja en claro que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de esta índole.

“El Artículo 41, párrafo tercero, base V, Apartado A, de la Constitución detalla que sólo corresponde al INE, en su calidad de organismo constitucional autónomo, la función estatal de organización de las elecciones, así como a los Organismos Públicos Locales”.

Respecto a su autonomía, la cual también es cuestionada en la “Recomendación General 46/2022” el instituto electoral dice que, desde su creación a la fecha, “ha organizado exitosamente 330 elecciones en todo el país, de tipo federal, local, partidistas, de Asamblea Constituyente de la CDMX y procesos de participación ciudadana, en plenas condiciones de equidad y garantizando cabalmente el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, sin improvisaciones y con profesionales que, proceso tras proceso, cumplen su función de organizar elecciones y garantizar el respeto al voto”.

Oposición alza la voz

En la Cámara alta, una de las principales figuras en cuestionar las acciones de la CNDH fue la senadora Kenia López Rabadán, quien exigió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra por haber emitido una recomendación anticonstitucional e “inmoral” para la “transformación” del Instituto Nacional Electoral (INE), “haciendo el trabajo sucio del gobierno de Morena”.

La también coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos subrayó que esta acción de la CNDH es una “clara “pérdida de su autonomía”, la cual busca que desde el Legislativo se destruya al INE, basándose en hechos que ocurrieron entre 1951 y 1965, “muchísimo antes de que existiera el instituto”.

“Una vez más la señora Rosario Piedra demuestra que obedece a los intereses del gobierno de López Obrador y no cumple con su mandato constitucional no solamente ilegalmente, sino inmoralmente”
Kenia López RabadánSenadora del PAN

“La CNDH hace el trabajo sucio del gobierno de Morena y es inadmisible que el órgano autónomo defensor de los derechos humanos se preste a verificar las mentiras que se dicen desde el Ejecutivo federal a los mexicanos”.

El trabajo sucio

En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD pidieron a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia y la acusaron de haberse convertido en una oficina de intereses políticos de la Presidencia de la República que busca aniquilar con toda la maquinaria del Estado al Instituto Nacional Electoral.

Por este motivo, los legisladores de oposición advirtieron que no discutirán ninguna reforma electoral que atente contra las instituciones democráticas.

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara baja, instó a la CNDH a ponerse a trabajar en el cumplimiento de sus funciones y dejar de responder a intereses políticos.

“Como ciudadano y político expreso mi total respaldo al INE ante las presiones y señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH debe ya ponerse a trabajar en sus funciones y dejar de responder a intereses políticos. ¡Zapatero a sus zapatos!”.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRI demandó a la presidenta de la CNDH respeto a todos los organismos autónomos y de la democracia.

“Hay muchos pendientes que deberían ser urgentes para este organismo y en los que tiene que enfocar sus prioridades, como es el tema de los derechos humanos de los infantes, de las mujeres, de los migrantes, de los pueblos originarios”.

El grupo parlamentario del PRD calificó de “caradura” y “cínica” a Rosario Piedra por recomendar al Congreso una reforma al INE “para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder”, cuando ella “está alineada al Ejecutivo y no conserva la autonomía de la comisión”.

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