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CUENTAPúBLICA

El exceso del gasto en comunicación de los estados

Salvador Vega

Diversos estados del país invierten mayores recursos en comunicación que en programas sociales, excediendo sus presupuestos anuales y proyectando más la imagen de los gobiernos en turno que información útil para los habitantes


Dic 4, 2019
Lectura 6 min
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Al menos una decena de entidades excedieron sus gastos en comunicación social programados para 2018, superando de forma acumulada los presupuestos iniciales para alcanzar un 72 por ciento en generación de informaciones. Esfuerzos que, además, se concentraron mayormente en la difusión de la imagen de los gobiernos en turno que en brindar información útil para los habitantes.

Así lo demostró el reciente análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) al gasto generado por las entidades federativas en las cuentas públicas durante el cuarto trimestre del 2018; información que evidencia que, en el tema de comunicación, de los 4 mil 665 millones de pesos que se presupuestaron en total, los estados terminaron ejerciendo 8 mil 38 millones para el final del periodo.

De acuerdo con el IMCO, los 3 mil 372 millones de pesos que excedieron los presupuestos de las diversas áreas de comunicación en los estados, equivalen a dos veces el monto asignado a comedores comunitarios el mismo año. Un tema que permite calcular la dimensión de los derroches y los peligros potenciales de opacidad y la discrecionalidad en el manejo de estos recursos públicos.

“En primer lugar lo que nosotros vemos es una mala planeación de las finanzas públicas de los gobiernos de los estados. En la mayor parte de los casos hay un sobreejercicio de gasto en la partida de comunicación social, de hecho en conjunto las entidades federativas gastan un 72 por ciento más de lo que originalmente presupuestaron”.

Vemos que es algo preocupante porque el tema de comunicación social tendría que ser utilizado exclusivamente para informar a la población el quehacer del gobierno, sin que se haga promoción o publicidad de algún funcionario público específico

- Manuel Guadarrama

Coordinador Gobierno y Finanzas IMCO

El análisis de las cuentas públicas de las entidades reflejó, por ejemplo, que el estado de Puebla superó los 208 mil pesos aprobados por el Congreso local para comunicación social en 2018, alcanzando la cantidad de 94 millones de pesos para el final del año pasado. Esto significa un aumento de 45 mil 185 por ciento en sus gastos programados.

En otras regiones con presupuestos menos elevados, el factor de la inversión por cada habitante hizo la diferencia, ya que mientras a nivel nacional el promedio de gastos de comunicación por cada habitante se mantiene en 64 pesos, en el caso de Campeche alcanzó 586 pesos por persona.

Para Manuel Guadarrama, la falta de apego a los presupuestos aprobados que generan variaciones a la alza es tan sólo una de las preocupaciones en el tema de la comunicación social, ya que a la par de que estos incrementos están completamente injustificados, también están mal direccionados. “Particularmente el gasto tendría que darle prioridad a temas que afectan a la población directamente, como son temas de salud, educación, seguridad y protección civil. Pero fuera de esos casos, la inversión en otros temas tendría que ser mínima.

“Siempre tiene que existir una justificación, informarse el quehacer público y nada más. Es decir, sin ningún fin proselitista o de promoción personal. Tiene que estar bien identificado, que se pueda rastrear y poder saber qué fue gasto de publicidad y qué no lo fue”, explica.

Apegarse a los presupuestos aprobados por los Congresos locales, diseñar esquemas para que el gasto esté justificado y sea identificable, y que la comunicación oficial se limite a cuestiones propias del quehacer gubernamental son las recomendaciones del informe

Espacios de comunicación opacos

Para el coordinador del IMCO, dentro del análisis se detectaron entidades federativas que han desarrollado portales para dar monitoreo a los gastos de difusión informativa. Ejercicios de transparencia en donde se puede identificar qué tipo de medio de comunicación, proveedor o contrato para la prestación de servicios de comunicación se mantienen.

Sin embargo estas prácticas no son la constante, dando entrada así a la opacidad de cómo se realizan los procesos de contratación o difusión de mensajes oficiales.

“Presumiblemente se puede decir también que son muchas adjudicaciones directas e inclusive muchas veces no es posible distinguir el medio; si es una comunicación vía radio, prensa, redes sociales o televisión. Es información con la que no se cuenta”, afirma Guadarrama.

Otro aspecto nocivo en las partidas presupuestales para comunicación social es el contraste con los fondos generados para programas sociales o inversión prioritaria para las distintas entidades del país. Dinero destinado a la administración de la comunicación en lugar de darle mayor peso a temas educativos, de salud o seguridad que requieren solución.

3,372 millones de pesos de más gastaron los estados del país en comunicación social durante 2018

“Baja California gastó 3.5 veces (más en comunicación) que en salud. Oaxaca gastó más en comunicación que promoción y fomento turístico, entonces nos preocupa que no quede claro que existen temas prioritarios y que, por el contrario, se siga haciendo un mal uso de la comunicación social”, destaca.

Pese a los derroches registrados en las cuentas públicas del 2018 analizadas por el Instituto, hubo estados que se salvaron de la crítica y reflejaron finanzas sanas e incluso ahorros en la promoción de información oficial multiplataforma.

“Los estados que sí tienen una buena planeación y que no gastaron más de lo presupuestado en materia de comunicación fueron Tlaxcala, San Luis Potosí y Jalisco. Pero también en este sentido es bueno que hayan podido ahorrarse recursos en Chihuahua, Yucatán y Tabasco, que gastaron menos en esta materia”, añade el coordinador.

Dentro de las recomendaciones que el IMCO añadió en su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2019: El costo de una buena imagen, están el apegarse a los presupuestos aprobados por los Congresos locales –evitando la complicidad en los excesos–; diseñar esquemas para que el gasto esté justificado y sea identificable, y que la comunicación oficial se limite a cuestiones propias del quehacer gubernamental, dejando a un lado la promoción personal de funcionarios públicos.

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