Las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos de los criminales a los que enfrentan pero se ven envueltas en polémicas

El doble discurso del Gobierno federal en Derechos Humanos

Mientras el presidente López Obrador justifica el repliegue de las fuerzas de seguridad ante la crisis de violencia, las mismas corporaciones se ven envueltas en polémicas por abusos contra civiles

Si bien las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos de los criminales a los que enfrentan, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por su postura de “cuidar” a los integrantes de los grupos delictivos, misma que contrasta con el accionar de las fuerzas de seguridad en otras circunstancia que no involucran al crimen organizado.

El 2 de mayo, el mismo día que se difundieron las imágenes de agentes de la Guardia Nacional sometidos en Sinaloa, elementos de la misma corporación asesinaron a Ángel, estudiante de 19 años de la Universidad de Guanajuato, en Irapuato, argumentando “desconcierto e incertidumbre” para abrir fuego contra su vehículo.

Josué Ángel González, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, contrasta este hecho en Guanajuato con la postura que asumió López Obrador tras la persecución de elementos del Ejército en Michoacán, cuando justificó el repliegue bajo el argumento de “cuidar” a los criminales.

“Es relativamente claro: ‘sigan con sus actividades y acá nosotros, que somos el Estado, los vamos a seguir protegiendo’, ese es el mensaje, de alguna manera, para los criminales. ¿Cuál es el mensaje para los ciudadanos? Pues que no tenemos quién nos proteja, estamos en igualdad de condiciones frente a aquellos que están atropellando y que van en contra de la ley”.

Esto pues, explica, los criminales sí tienen derechos humanos y deben ser respetados dentro del marco legal del derecho nacional e internacional. Lo cual no exime al Estado mexicano de cumplir con su responsabilidad de hacer valer la ley cuando estos perpetran acciones por fuera, o en contra, del mismo marco legal.

“Lo que está buscando hacer es descargar la responsabilidad que tiene el Estado mexicano”, dice González, “ese argumento que tiene el Presidente es equivocado, es un sofisma, está mal empleado. Se radicaliza el argumento de los derechos humanos para que cubra todo, pero entonces pierde su sentido primigenio. Hay que descalificarlo”.

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