El desarme que no fue

10 de Abr, 2014

"Las autodefensas no se alzaron en armas por deporte, sino porque los criminales nos despojaron de todo, nos chingaron, iban a las casas y pedían a las esposas, qué hacía uno, si estamos armados es porque tenemos derecho a defendernos"

Los líderes de las autodefensas se radicalizan.

Ante la propuesta del comisionado federal, Alfredo Castillo, de comenzar el proceso de desarme de las autodefensas en las próximas semanas –bajo el argumento de que la Federación ha recuperado la entidad- la postura de los grupos de civiles armados sigue firme.

No entregarán las armas hasta que se haya desarticulado toda la estructura intermedia de las células del crimen organizado.

Los dos mandos visibles de los rebeldes en Michoacán -José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán- han reiterado públicamente la decisión reinante en el seno del Consejo de Autodefensas de Michoacán de no deponer las armas en tanto sigan operando en algunos puntos de la entidad células del crimen organizado.

Aseguran que los cárteles han comenzado a actuar independientemente una vez que sus líderes han sido abatidos o detenidos.

Los remanentes del crimen organizado se han refugiado en algunas ciudades de Michoacán en donde no se ha permitido el ingreso de los grupos de autodefensa, denuncian y ,le atribuyen a eso el incremento de violencia en ciudades como Morelia y Jiquilpan.

Condicionan el desarme

Estanislao Beltrán condicionó el desarme a la entrega de al menos 100 integrantes de las células del crimen organizado, quienes están identificados y señalados en una lista.

El líder aseguró que estos delincuentes siguen operando en forma independiente y de manera  más violenta, una vez que sus mandos y jefes inmediatos han sido anulados -unos por decesos y otros por detenciones-.

Por su parte, José Manuel Mireles tampoco ha variado su postura de oponerse al desarme. Ha dicho en reiteradas ocasiones que las autodefensas no entregarán las armas a las Fuerzas Federales, ya que el Gobierno Federal no ha cumplido con los acuerdos pactados para devolver el estado de derecho en toda la entidad.

La postura tanto de Mireles como de Beltrán ha hecho que el proceso de desarme, que se inició el pasado fin de semana en esa misma región, se haya suspendido bajo el argumento de evitar enfrentamientos armados ahora entre autodefensas y Fuerzas Federales. 

A pesar de las posturas encontradas, las reuniones entre el comisionado, Alfredo Castillo, y los integrantes del Consejo de Autodefensas de Michoacán continúa, a fin de buscar a un acuerdo que dístense la situación reinante en la entidad.

Sin embargo, se presume que no hay avances en el diálogo ya que ninguna de las partes ha cedido en su postura.

Fuentes cercanas al comisionado federal señalaron que en las reuniones con los líderes de las autodefensas en la zona de Buenavista, ya han avances para llegar al acuerdo de desarme.

Aunque la versión no ha sido confirmada por parte de los líderes de los civiles armados, quienes insisten en mantener el combate en contra del crimen organizado, mientras no se cumplan los acuerdos pactados o se desmantele la estructura intermedia de los cárteles de la droga.

Sigue la revuelta en Yurécuaro

Mientras se sostiene la postura de la negativa al desarme por parte de las autodefensas, el grupo de civiles armados de Yurécuaro tomó desde la noche del miércoles las instalaciones del Palacio Municipal. 

Amenazó además con la destitución del alcalde de ese lugar, a quien consideran enemigo del movimiento.

Los autodefensas reclaman la liberación de su líder, Enrique Hernández Salcedo, quien está sometido a proceso penal por la presunción de su participación en el asesinato del alcalde de Tanhuato. 

El alcalde de Yurécuaro, Rigoberto López, pactó con el grupo de civiles armados, a quienes les ofreció mediar hasta alcanzar la liberación de su líder, quien se encuentra preso en la cárcel principal de la ciudad de Morelia.

Los rebeldes han denunciado que Hernández Salcedo fue torturado y que se le mantiene incomunicado.

Por su parte, el gobierno estatal aseguró que no se han violentado las garantías individuales de Enrique Hernández Salcedo, quien está acusado del asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo 

En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos, rechazó que existan vejaciones contra el exlíder de las autodefensa de Yurécuaro.

Señaló que brindaron las facilidades para el acceso al Cereso de una representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrada por 6 funcionarios, entre ellos una médico legista, a fin de garantizar sus derechos constitucionales.

“Resalto que la Procuraduría General de justicia y la Secretaría de Seguridad Pública ha garantizado el respeto pleno a los Derechos Humanos de todos y cada uno de los internos de los centros penitenciarios, para que tengan acceso los médicos, abogados y familiares del detenido”, dijo el funcionario.

Agregó que en todos los casos de personas detenidas se realizan al menos tres dictámenes médicos, en diferentes tiempos legales, el primero al ponerlos a disposición del Ministerio público, el segundo, al ser consignados ante la autoridad judicial y el tercero al ingreso del Centro penitenciario.

El lunes 7 de abril, la Comisión de Derechos Humanos en Michoacán (CDHM) certificó que Hernández Salcedo fue torturado.

Lorenzo Corro, director de Orientación Legal y Quejas de la CDHM, dijo en entrevista para Más Milenio con Carlos Zúñiga, que existían “huellas de tortura en las vías respiratorias y en los canales auditivos; éstos últimos los tiene inflamados, lo que coincide con los golpes que se utilizan para torturar. A esa maniobra se le llama el teléfono. Probablemente pierda la capacidad auditiva”.

Recuerdan masacre en Cuatro Caminos

Ayer, en un acto sin precedente, un grupo de autodefensas conmemoró el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en el cruce de Cuatro Caminos en Tierra Caliente, donde tradicionalmente el evento cívico había sido presidido por el gobierno estatal. 

Allí, además se recordó la matanza de hace un año, en donde el crimen organizado acribilló a un grupo de limoneros que exigían la liberación de las huertas cerradas por extorsión.

La tarde del 10 de abril del 2013, ocho personas perdieron la vida y 16 más resultaron heridas, entre ellos mujeres y niños, cuando el grupo fue emboscado y acribillado por una célula del crimen organizado.  

El grupo de cortadores de limón procedían del acto conmemorativo al aniversario luctuoso de Zapata.

Los limoneros fueron atacados en las inmediaciones del fraccionamiento Los Girasoles de Apatzingán, luego de haber participado en una manifestación pública, en donde se le pidió al entonces encargado del despacho del gobernador, Jesús Reyna, la reapertura de los empaques de limón de La Ruana y Buenavista, cerrados por el crimen organizado.