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millones de pesos de recompensa ofrece la PGR a quien proporcione información fidedigna para ubicar a los normalistas
Durante todo el proceso, los padres de los estudiantes han reiterado su desconfianza en las autoridades
El año pasado, Guerrero ocupó el segundo lugar entre las entidades con más personas viviendo en pobreza extrema
La ONU señaló que en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay duda de que hay responsabilidad del Estado
http://youtu.be/0utPcVxoy54

Un alcalde con nexos con el narcotráfico, una Policía abusiva y corrupta, un estado en extrema pobreza, un grupo de estudiantes con antecedentes radicales, una investigación oficial deficiente, falta de sensibilidad presidencial, división partidista y la lucha por el poder en tiempos electorales…

El caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala reúne todas las cosas que podían estar mal en el país.

Fue quizá esa explosiva combinación la que hizo que millones de personas salieran a las calles a protestar. La que hizo que la población se unificara bajo una misma causa. Que los estudiantes de las universidades públicas caminaran codo a codo con los de las privadas para exigir respuestas.

El caso de Ayotzinapa tumbó a un gobernador, bajó la popularidad del presidente, eliminó el desfile del 20 de noviembre y obligó al Gobierno Federal a replantear su estrategia para la seguridad.

Precisamente ayer, Enrique Peña Nieto visitó la entidad. Desde Acapulco, el mandatario aseguró que su gobierno está decidido a resolver este crimen, detener a todos los responsables y promover cambios para evitar que hechos así se repitan. 

“(Lo ocurrido en Iguala) obliga a que el gobierno de la República venga aquí, dé la cara a los guerrerenses”, dijo.

Peña Nieto invitó a todos a hacer un esfuerzo colectivo para ir hacia adelante y superar este momento de dolor.

El Ejecutivo también anunció el Plan Nuevo Guerrero, Estrategia Emergente para la Reactivación Económica, que incluye medidas inmediatas para favorecer el desarrollo de la entidad.

Lo hizo un día después de que el secretario de Gobernación acudiera a Iguala para analizar el operativo de seguridad en la región de Tierra Caliente.

El espanto por la barbarie de Iguala no es lo peor que ha vivido México en la historia reciente. 

El país tiene un largo expediente de atrocidades. San Fernando, Tamaulipas, y sus ejecuciones de migrantes; La Barca, Jalisco y sus fosas clandestinas; el Bar Heaven y sus jóvenes secuestrados; los niños de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora; las ejecuciones de Tlatlaya… la lista es tan larga como brutal.

Entonces, ¿por qué Iguala? 

¿Por qué esos 43 jóvenes normalistas desaparecidos –y posiblemente asesinados– detonaron en México lo que no hicieron las otras calamidades? 

¿Por qué despertaron del letargo a una comunidad históricamente resignada descontento?.

Tal vez porque a veces, las cosas son perfectas. A veces se juntan los elementos esenciales en las cantidades adecuadas y todo explota.

Pero a veces, lo perfecto no es algo bueno.

Y es que, los elementos para que todo estallara estaban puestos, solo faltaba un cerillo que encendiera la bomba. 

Y fueron quizá las declaraciones de Jesús Murillo Karam ese 7 de noviembre las que cumplieron esa función.

Durante más de una hora, el Procurador general de la República habló ante la prensa de los avances en la investigación sobre la desaparición de los normalistas.

Informó que las confesiones de algunos detenidos apuntaron a una ejecución masiva de los jóvenes, a quienes luego quemaron durante más de 15 horas.

Sin embargo, cuando un reportero insistió en hacerle una pregunta más, Murillo Karam respondió, casi en un murmullo: “ya me cansé”.

Pero ese murmullo se escuchó.

De inmediato los usuarios en redes sociales convirtieron el #YaMeCansé en el hashtag de la indignación. En uno de los más usados. En trending topic mundial.

En un estandarte de las futuras protestas.

El coctel estaba listo.

> Ingrediente #1
Municipio infiltrado por el narco

La corrupción del alcalde y los nexos de su esposa

La idea de que la impunidad y la corrupción se mantienen fuertemente arraigados en el sistema de justicia del país quedó manifiesta tras el ataque de los policías municipales de Iguala a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de este año.

Bajo las órdenes de José Luis Abarca –exalcalde de Iguala actualmente recluido en una cárcel federal acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado– los policías perpetraron la agresión en contra de los normalistas.

Este hecho, puso al descubierto las complicidades del propio alcalde y los policías con el crimen organizado.

El año pasado, el informe Barómetro Global de la Corrupción  de la organización Transparencia Internacional dio a conocer que en México el 91 por ciento de los habitantes encuestados considera que los policías son extremadamente corruptos.

Durante la administración de Felipe Calderón, la PGR reportó que ejerció acción penal en contra de 62 servidores públicos por nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.

De acuerdo a la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, dirigía las finanzas del cártel de Guerreros Unidos en la ciudad.

Pineda es hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, y hermana de los fundadores de la organización criminal Guerreros Unidos, creada con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana.

Cuando sus hermanos Alberto, alias “El Borrado”, y Mario, “El MP”, fueron ejecutados y arrojados a una cuneta de la carretera de Cuernavaca, ella tomó las riendas en Iguala.

Aun así, la exprimera dama solo está bajo un arraigo que se vence el 15 de diciembre. Guillermo Baltazar y Jiménez, juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales en Matamoros, rechazó librar la captura de Pineda solicitada por la PGR ya que estimó que las pruebas para implicarla en los delitos de delincuencia organizada y secuestro eran deficientes.

En la misma encuesta de Transparencia Internacional, el 80 por ciento de los mexicanos consideró corrupto al sistema judicial.

Ayer, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, señaló que en la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay duda de que hay responsabilidad del Estado.

“Los muchachos de la Normal Rural fueron atacados, capturados por servidores públicos, y esa diferenciación es fundamental para determinar no solo la responsabilidad estatal, sino el tipo de acción y esfuerzo en búsqueda que hay que emprender”.

> Ingrediente #2
Estado líder en pobreza

Guerrero y el rezago social

Guerrero, el estado en donde todo comenzó, es una incubadora de pobreza, marginación y rezago social.

El año pasado ocupó el segundo lugar entre las entidades con más personas viviendo en pobreza extrema.

En 2012, cerca del 70 por ciento de sus habitantes se encontraban en pobreza y el 31.7 por ciento estaba en pobreza extrema.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en ese mismo año la condición de rezago educativo afectó a 26.8 por ciento de la población y el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue 25.4 por ciento.

También en Guerrero está Acapulco, municipio que tiene la tercera tasa más alta de homicidios del mundo, solo superada por San Pedro Sula y Caracas, de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Paz.

Por si fuera poco, su inhóspita geografía lo convierte en un laberinto de caminos que se antojan inexpugnables y que se vuelven terreno fértil para que el crimen organizado, las guerrillas y los grupos radicales puedan actuar prácticamente con plena impunidad.

Por eso, el 30 de octubre cuando el gobernador sustituto del estado, Rogelio Ortega, sugirió que los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa podían estar vivos y escondidos en la sierra del estado, a nadie le pareció descabellado.

Tampoco fue extraño que, una semana después el 7 de noviembre, el procurador General de la República lanzará la temeraria aseveración de que toda la evidencia apuntaba a que los cuerpos de los jóvenes habían sido quemados durante 15 horas continuas sin que nadie viera nada.

“Tengo la certeza de que un gran número de personas murieron ahí”, dijo en conferencia de prensa Jesús Murillo Karam en referencia al basurero de Cocula, sitio donde presuntamente fueron quemados los 43 normalistas desaparecidos.

Pudo pasar.

Sin embargo, sus declaraciones se hundieron pocas horas después cuando la versión fue refutada por varios partes meteorológicos.

Uno de ellos, la estación GR54 administrada por el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) registró la noche del supuesto crimen una precipitación de unos 10 mm; para el 27, el reporte fue de 7 u 8 mm. La estación se encuentra ubicada en Cocula.

Otro portal, Wunderground.com registró los datos de la estación meteorológica más cercana a Cocula (25 km) en donde se determinó que llovió desde las 22:14 del 26 de septiembre hasta las 3:44 del día siguiente.

Incluso el reporte meteorológico publicado en la página oficial del Gobierno de Guerrero también puso en tela de juicio las declaraciones del procurador.

“La Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado informó que se prevén lluvias fuertes en algunas zonas de Guerrero, generadas por la onda tropical 31 que se ubica sobre Oaxaca y Veracruz”.

> Ingrediente #3
Investigación caótica e imprecisa

El #YaMeCansé como estandarte

Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguraron que las declaraciones del procurador tenían como propósito desmovilizar a la sociedad y acallar la exigencia de que los normalistas sean presentados con vida.

“Este informe tiene la finalidad política de reducir la inconformidad y socavar los intentos organizativos en el país para hacer visibles las causas de la tragedia del 26 y 27 de septiembre pasado”, indicó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos de La Montaña Tlachinollan y asesor jurídico de los padres de los normalistas ausentes.

Al día siguiente, Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado en el que señaló que el procurador falló en reconocer que lo sucedido a los 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado y no un hecho aislado.

“Las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo AI.

La organización indicó que el funcionario olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de denuncias contra el Alcalde de Iguala.

Criticó que el anuncio del Procurador de que los 43 estudiantes pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río, se dio después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes.

Ya un mes antes, el 10 de octubre, Amnistía Internacional había denunciado que los familiares de las víctimas seguían sufriendo las consecuencias de una investigación judicial “caótica y hostil”.

La Jornada reportó que familiares de estudiantes desaparecidos le habían hecho llegar sus testimonios a Amnistía Internacional sobre la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que le dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso.

Durante todo el proceso, los padres de los estudiantes han reiterado su desconfianza en las autoridades.

Días antes de que se cumpliera el primer mes de la tragedia en Iguala, normalistas, padres de los alumnos desaparecidos y representantes de organismos defensores de derechos humanos se reunieron con el procurador.

Al salir del encuentro –en el que también estuvo el secretario de Gobernación– dijeron que no habían quedado satisfechos con los informes que les dieron.

“No nos satisfacen los resultados, a más de 24 días de la desaparición de los jóvenes, los resultados siguen en lo mismo, en búsqueda, pero no son satisfactorios, entonces el compromiso de ellos es seguir trabajando por todas las líneas que plantean y nosotros nos hemos integrado en brigadas de búsqueda y rescate junto con ellos pero hasta el día de hoy han sido infructuosas.

“A nosotros no nos interesan en este momento las detenciones, pueden existir cien o 200 líneas de investigación, nosotros queremos la línea de investigación que vaya a dar al paradero de nuestros compañeros”, dijo Pedro David García López, representante de los padres de los normalistas.

Esa fue la segunda reunión de los padres. La primera había sido el 10 de octubre, y no se conocieron acuerdos.

La respuesta del Ejecutivo

Ayer Peña Nieto propuso un plan de 10 acciones para combatir la inseguridad, basado en el argumento de que Iguala había evidenciado la debilidad de las instituciones y la vulnerabilidad de los municipios ante el crimen organizado.

“Lo ocurrido marca un antes y un después (…) por eso el país entero y sus instituciones deben estar sólidamente preparadas para hacer frente al crimen organizado”, indicó

> Ingrediente #4
Estudiantes radicales y revolucionarios

Un odio añejo

La suposición de que los camiones estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala con la intención de “reventar” el evento de la presidenta del DIF está sentada en una añeja historia de desencuentros entre los estudiantes con tintes radicales y el gobierno de izquierda con tintes represivos.

El 12 de diciembre de 2011, alumnos de la Normal bloquearon la Autopista del Sol y se enfrentaron con la policía como consecuencia de una manifestación en la que exigían –como cada año- el cumplimiento de un pliego petitorio, que entre otras cosas demanda la reparación de las instalaciones del plantel y el aumento a los recursos para su sustento.

La eterna lucha contra la historia del olvido e inanición que ha sufrido por décadas las escuelas normalistas, y que las ha llevado a la agonía.

“Creo que el plan del gobierno antes de Ayotzinapa era que las Escuelas Normales murieran de inanición, y eso es una verdadera vergüenza. En lugar de enfrentar el problema, lo que decidieron fue ahogarlas económicamente”, aseguró Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México (Colmex) en una entrevista para La Jornada.

Durante el enfrentamiento de ese 2011, murieron dos estudiantes a manos de la policía. Organizaciones no gubernamentales y los normalistas solicitaron un juicio político contra el entonces gobernador Aguirre Rivero.

El Congreso de la Unión instaló una comisión especial para la revisión del caso y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que el gobierno de Guerrero no había seguido las recomendaciones hechas después del asesinato de los estudiantes. Pero nada más pasó.

Las fricciones de los normalistas con los gobernantes del PRD también alcanzaron al exalcade José Luis Abarca.

En junio del 2013, los estudiantes de Ayotzinapa –en apoyo al Frente de Unidad Popular (FUP)- marcharon por el centro de Iguala y apedrearon la alcaldía. Rompieron ventanas y realizaron pintas con tinta negra y roja.

Rebeldes y con ganas de protesta, los jóvenes acusaban a Abarca de haber ordenado el “levantón” de ocho integrantes del FUP. Incluso, en una declaración ministerial, se señala al entonces presidente municipal de haber sido él mismo quien le disparó en contra de Arturo Hernández Cardona, líder de la organización popular.

Abarca, salió impune. Pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada.

> Ingrediente #5
Crisis política en tiempo electoral

El apoyo y deslinde del PRD

El día del ataque, María de los Ángeles Pineda –esposa de Abarca- anunciaba su destape.

Tres semanas antes del ataque a normalistas, Pineda había sido electa consejera estatal del PRD y estaba lista para tomar posesión.

El año pasado, el informe Barómetro Global de la Corrupción  de la organización Transparencia Internacional dio a conocer que en México el 91 por ciento de los habitantes encuestados considera que los partidos políticos son extremadamente corruptos.

Las intenciones de Pineda de preceder al cargo a su marido eran del dominio público, y en pleno año preelectoral el momento era ideal. 

Aunque también era de todos conocido que la que mandaba en la administración era ella.

“Ella era la que mandaba en el municipio, el alcalde hacía todo lo que ella quería”, contó a CNNMéxico un dirigente estatal de la Unidad Nacional de las Izquierdas (UNI), un grupo político interno del PRD.

Pero las aspiraciones de Pineda se hicieron cenizas tras la masacre perpetrada en su nombre.

El PRD que antes había dado su aval, rápidamente se deslindó.

Todos negaron cualquier responsabilidad o vínculo con la actuación de Abarca.

Desde el dirigente nacional, Carlos Navarrete, pasando por los líderes de la corriente Nueva Izquierda, así como los presidentes del Congreso, Miguel Barbosa y Silvano Aureoles.

“El PRD no está vinculado con los Abarca. El PRD no los protegió, no los escondió. Es totalmente circunstancial que se hayan escondido en una delegación (Iztapalapa) con dos millones de habitantes”, expresó Navarrete en entrevista con MVS.