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‘El Chapo’ está durmiendo: CNS

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que los derechos fundamentales de Joaquín Guzmán Loera están garantizados en el penal donde se encuentra recluido, y ante directrices internacionales para que sean revisados.

Entrevistado al término de la ceremonia de inicio del nuevo Sistema de Justicia Penal, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que Guzmán Loera “está durmiendo perfectamente”, sin ninguna violación a sus derechos.

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que los derechos fundamentales de Joaquín Guzmán Loera están garantizados en el penal donde se encuentra recluido, y ante directrices internacionales para que sean revisados.

Entrevistado al término de la ceremonia de inicio del nuevo Sistema de Justicia Penal, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que Guzmán Loera “está durmiendo perfectamente”, sin ninguna violación a sus derechos.

En días pasados, la esposa del capo, Emma Coronel, declaró que tenía miedo de que su esposo se viera afectado en su salud porque en El Altiplano supuestamente lo despertaban cada dos horas.

“Hay que tener claro que se fugó en dos ocasiones de penales de alta seguridad. La pregunta consecuente es si debe estar una persona que se fugó en dos ocasiones de penales de alta seguridad sujeta a medida especiales de vigilancia, la respuesta por sentido común es sí, sí debe estar sujeta a medidas especiales de vigilancia”, recalcó el funcionario.

Sales Heredia dijo que hay una persona asignada a un monitor quien lo vigila de manera permanente; y además de cámaras y vigilancia física, se supervisa que sus alimentos no estén alterados.

En tanto, sobre el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculado con la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) negó que corra peligro.

El comisionado abundó que son protocolos de seguridad especiales amparados en el artículo 18 constitucional, que señala que en casos de delincuencia organizada, podrán aplicarse protocolos de esta índole, por lo que no hay violación de derechos humanos. 

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