El ABC de la sanción a El Bronco
Hoy sesiona la Comisión Anticorrupción para analizar la sanción al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario de gobierno Manuel González por el uso de recursos en la campaña presidencial; los intereses políticos juegan un papel determinante en partidos como Movimiento Ciudadano
Luz RangelEl gobernador Jaime Rodríguez El Bronco y el secretario de gobierno Manuel González tienen los días contados. Por fin hoy miércoles, sesionará la Comisión Anticorrupción que preside el ahora diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Arturo Bonifacio de la Garza, para discutir sus sanciones por el uso de recursos públicos para la campaña presidencial de “El Bronco”.
El gobernador interpuso una queja contra los magistrados. El Juzgado Segundo de Distrito y el Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa, rechazaron dos amparos a Manuel González, quien podría ser la moneda de cambio.
El Congreso tendrá que hacer respetar la ley y yo también tendré que ser sometido
La reunión que se llevará a cabo a las 16:30 en el Congreso local no contempla el dictamen, sino el análisis del procedimiento. Se trata, en términos de la propia Sala Regional Especializada (SRE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de un procedimiento especial sancionador que no había ocurrido.
En la cuenta regresiva, los intereses políticos y las dudas, incluso de los propios servidores públicos involucrados, han resaltado ¿Por qué? Es un proceso tan complejo como las candidaturas independientes que existieron por primera vez en la elección federal de 2018.
Para obtenerlas, los aspirantes debían cumplir con un porcentaje de apoyo ciudadano. Y es precisamente la recolección de las llamadas “broncofirmas” la causa de la sanción.
“Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en su carácter de gobernador de Nuevo León, del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017; y Manuel Florentino González Flores, gobernador interino, son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la Presidencia de la República”, dice la sentencia SRE-PSC-153/2018 dictada el 21 de junio de 2018.
El tiempo es un factor de peso. El órgano legislativo ha dejado pendiente la sanción durante más de un año a pesar de que fue notificado el 25 de junio de 2018. Sin embargo, ni el procedimiento ni el plazo para actuar fueron definidos.
La entonces presidenta de la Septuagésima Cuarta Legislatura, Karina Barrón, decidió turnar el asunto a la Comisión Anticorrupción para su estudio, el 27 de junio de 2018. A más de dos periodos legislativos transcurridos de la Septuagésima Quinta Legislatura, no hay dictamen ni consenso.
¿Por qué y cómo debe sancionar el Congreso a El Bronco?
El 21 de junio de 2018 la SRE determinó en la sentencia que 572 personas que estaban empleadas en el Gobierno de Nuevo León captaron apoyos en días y horas hábiles, en favor de la aspiración de Jaime Rodríguez El Bronco, mientras Manuel González era gobernador interino durante los dos meses que duró la recolección de firmas.
“El Bronco” interpuso un recurso de queja contra los magistrados de la SRE del TEPJF
Fueron 25 dependencias las que participaron, de las cuales 15 son centrales y 12 de sus titulares están involucrados. Con 292, la Secretaría General de Gobierno, cuyas actividades están programadas según las prioridades del titular del Ejecutivo, fue la que más servidores públicos concentró.
La sentencia señala una violación al séptimo párrafo del artículo 134 constitucional, el cual sostiene que los servidores públicos tienen todo el tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad e inspeccionarlos.
La SRE comunicó la declaración al superior jerárquico, es decir, el Congreso neoleonés, porque no es posible que el TEPJF imponga de manera directa un castigo ya que no hay normas electorales que lo faculten en caso de un procedimiento especial sancionador.
“Nuestra labor como autoridad jurisdiccional no debe invadir las funciones y competencias de otros poderes del Estado, por eso debemos tener un absoluto respeto a la práctica parlamentaria del Congreso de Nuevo León, como autoridad vinculada para imponer la sanción, porque la responsabilidad de los servidores públicos ya es una decisión firme”, menciona el documento.
Los coordinadores de las bancadas aseguran que la sanción será ejemplar. El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), el panista Carlos de Fuente, reveló que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Morena propondrán un juicio político.
Pero MC asegura que no es posible porque se trata de un asunto ya juzgado que no requiere un nuevo procedimiento, sino de la aplicación de una sanción que va desde lo económico, hasta una posible destitución del cargo.
“La comunicación al Congreso no es para que ponga en tela de duda la existencia de la ilicitud, porque eso ya fue resuelto por la Sala Especializada, sólo es para que determine la responsabilidad de los servidores públicos”, menciona la sentencia.
El interés de Samuel
En entrevista con Reporte Índigo, el senador emecista Samuel García responde que la sanción a “El Bronco” le beneficia a Nuevo León. En realidad, el legislador podría conseguir un primer triunfo rumbo a la sucesión gubernamental en 2021, que le daría a su fuerza política ventajas sobre las demás.
Fue el partido naranja el que puso en agenda el tema. El 31 de enero de 2018, los diputados locales de MC, Samuel García y Mariela Saldívar, presentaron una queja ante la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Jaime Rodríguez por la participación de funcionarios para la recolección de apoyos en horario laboral.
García continuó impulsándolo. El 9 de mayo de 2019, solicitó a la SRE llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia y el 25 de julio, la propia sala envió al Congreso de Nuevo León un incidente para recordarle que está obligado a emitir una sanción.
En agosto, acudió a la Fiscalía Anticorrupción a entregar la sentencia de la SRE. El 3 de septiembre presentó ante el Pleno del Senado de la República un exhorto urgente para que el Congreso de Nuevo León sancione el desvío de recursos para la candidatura presidencial
Ese mismo día, desde la tribuna, el senador panista por Nuevo León, Víctor Fuentes, aprovechó para pedirle a El Bronco que renunciara a su cargo.
“Creo que debería de renunciar pero es muy testarudo, entonces lo vamos a quitar”, opina García al respecto.
Aunque los coordinadores de bancadas hayan dicho que el exhorto no es necesario y que no permitirán presiones, Samuel García buscará la cárcel y una multa si hay manera de cuantificar el daño al erario.
“La sentencia pide sancionar a Jaime y a Manuel por la misma conducta. No sería congruente poner una sanción diferente, uno fue gobernador y candidato, el otro fue secretario de gobierno y gobernador interino. Ambos van a ser destituidos e inhabilitados, con eso les quitas el fuero y van a terminar en la cárcel”, sostiene.
