Con miras a impulsar una nueva iniciativa que permita extender el plazo legal que el Ejército tiene para llevar a cabo tareas de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó el “ejercicio participativo para escuchar la voz del pueblo en materia de seguridad pública“.
La consulta, la cual se realizará el domingo 22 de enero de 2023 no será vinculante ni contará con la participación del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, busca cimentar las bases que den forma a una nueva propuesta del Ejecutivo, la cual será enviada al Congreso en las primeras semanas de febrero del próximo año, en caso de que la actual iniciativa no sea aprobada por el Senado de la República
Para su organización, se instalará un centro de captación de votos por cada una de las 68 mil 989 secciones del Instituto Nacional Electoral y serán operados por la Secretaría de Gobernación y por un comité ciudadano honorífico. Replicando la estructura a nivel estatal y siendo esta la encargada de cuidar la secrecía y realizar los cómputos que se presentarán el martes 24.
La ciudadanía podrá participar mediante la presentación de su Clabe Única de Registro Poblacional (CURP) y una credencial oficial, así como de manera electrónica mediante una plataforma que se abrirá en el portal de Segob desde el 16 de enero hasta el día del ejercicio. Misma que podrá ser utilizada por los mexicanos que viven en el extranjero.
Ejercicio cuestionado
En cuanto el primer mandatario del país dio a conocer sus intenciones de llevar a cabo este ejercicio democrático, tanto legisladores de la oposición como integrantes del Instituto Nacional Electoral así como expertos y académicos en el tema, cuestionaron la legalidad de la consulta.
“Se trata de una iniciativa desde el poder que atenta contra la Constitución por partida doble.
El artículo 35 constitucional permite y regula los ejercicios de democracia directa, señala cómo hacerlos y también qué asuntos no podrán someterse a consulta popular.
“Así como los derechos humanos no pueden depender de una votación, pues la dignidad de las personas ha de garantizarse desde el Estado democrático incluso contra el eventual deseo de una mayoría, la Constitución también impide someter a consulta ‘la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente’”, publicó en su columna el consejero electoral del INE, Ciro Murayama.
Además, asegura que este ejercicio atenta contra el Congreso de la Unión, pues abroga atribuciones del parlamento, uno de los contrapesos indispensables al poder en democracia.
“Es una jugada de libro de texto: en el manual del populismo sólo existen el líder y el pueblo mientras que todo lo demás estorba, sea el Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, las leyes que acotan a los mandatarios, los medios de comunicación independientes, etcétera”.
Narrativa guinda
Augusto Reynaud, internacionalista del Colmex y maestro en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Tel Aviv, además de coincidir con el consejero electoral, explica en entrevista con Reporte Índigo que la narrativa de que el pueblo decida es muy atractiva políticamente y sirve para vender la idea de que se está democratizando al país.
“De fondo, el Ejército tiene un gran prestigio y el Gobierno federal se está montando en ese prestigio para darle una salida política popular a un tema que en el Senado no le han alcanzado los votos para sacarlo adelante”
“Al final no importa cuánta gente participe. Lo que narrativamente se va a vender desde el gobierno como en la Revocación de Mandato, no es cuánta gente participó, sino el porcentaje de personas que respalden la posición oficialista.
“Las consultas están diseñadas para resolver temas polémicos y este caso de fondo no cumple este requisito, es decir, no está dividiendo a la sociedad. Esto es más bien una manera de tratar de legitimar una decisión que no logra cumplir el presidente”.
En cuanto a por qué el titular del Ejecutivo federal recurrió a este recurso tan controvertido, el experto en la materia considera que se debe al poco tiempo que le queda para poder cumplir con sus grandes reformas.
“Estamos en la recta final del sexenio y es la última oportunidad que tiene el gobierno para sellar lo que considera su proyecto de transformación y uno de los riesgos es que este tema se extienda aún más, ya que todavía falta la reforma del INE y tampoco va a ser nada fácil”.
Apoyo necesario del Ejército en la Seguridad
Reynaud asegura que tanto hoy como en un futuro los gobiernos requerirán de la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública, por lo que no debería ser difícil permitir que se extienda su plazo legal en esta materia.
“La realidad es que ningún gobierno civil, sin importar el partido, puede prescindir del Ejército en tareas de seguridad pública.
“Incluso teniendo una policía completamente articulada y funcional se seguiría necesitando el auxilio de las fuerzas armadas para algunos casos puntales.
Actualmente ningún gobierno civil, sin importar el partido, puede prescindir del Ejército en sus tareas de seguridad pública
“De fondo la objeción de las oposiciones no es que el Ejército apoye en estas tareas, sino que sea de forma generalizada, indeterminada y poco regulada.
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