Desde inicios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la farmacéutica PiSA fue señalada como una de las principales acaparadoras en la compra de medicamentos para el sector público. Pese a recibir sanciones severas y hasta ser acusada de orquestar una campaña de desabasto, la firma sigue recibiendo contratos para surtir a las instituciones de salud, lo que le significan ganancias por varios millones de pesos.
En 2020 la SFP inhabilitó por dos años y multó por más de un millón de pesos a PiSA por proporcionar información falsa en una licitación
En octubre de 2020, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años y seis meses a Laboratorios PiSA S.A de C.V, propiedad del empresario Carlos Álvarez Bermejillo, y a Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) “al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato” con el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2017. Imponiendo también una multa por un millón 170 mil pesos.
Un mes después, la décimo tercera sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa otorgó la suspensión definitiva de dicha sanción a la farmacéutica, medida que fue publicada el 6 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la SFP, aún bajo el mando de la exsecretaria Irma Eréndira Sandoval, defendió que tanto la inhabilitación como la multa seguían en pie y señalaron a PiSA de prácticas monopólicas que generaron desabasto de medicamentos.
La SFP no fue la única dependencia que acusó a PiSA de esta situación. Si bien el propio primer mandatario había hecho señalamientos similares desde 2019, en julio de este año el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue enfático al declarar que el desabasto de oncológicos en el sector público vivido durante los últimos tres años se debía a que la farmacéutica “no nos quieren vender los medicamentos, para hablarlo de manera directa”, declaró.
Relación comercial con PiSA intacta
Mientras que por un lado el Gobierno federal se enfrascó en esta disputa legal y mediática con PiSA, por el otro ha mantenido su relación comercial prácticamente intacta. Siendo que, en lo que va de 2021, la firma particular se ha hecho con 374 contratos de abastecimiento para hospitales e instituciones de salud, principalmente en la Ciudad de México. Tan solo el Instituto Nacional de Cardiología desembolsó 63 millones 88 mil pesos en 122 contratos.
En lo que va de este año PiSA ha recibido 374 contratos de abastecimientos para hospitales e instituciones públicas de salud, principalmente en la CDMX
En un sentido, se ha acatado la orden del presidente López Obrador de no permitir que PiSA participe en nuevas licitaciones a manera de sanción por sus prácticas monopólicas. Esto siendo que prácticamente todos los contratos que ha recibido durante el año con dependencias federales han sido por la vía de la adjudicación directa. Práctica a la que recurrió el mismo IMSS para otorgar cuatro contratos a PiSA por un monto superior a los 86 millones 873 mil pesos.
En este 2021, que debería ser el primer año de su sanción, PiSA ha recibido contratos que superan los 500 millones de pesos.
El IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) erogaron más de 244.5 millones, mientras el resto salió de las secretarías de Salud y Marina; de ocho de los 13 Institutos Nacionales de Salud; de cinco centros regionales de alta especialidad y de los hospitales General, Infantil y Juárez de México.
Por adjudicación directa
De este mar de contratos otorgados, PiSA apenas ganó dos en licitación pública. Uno con el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y el otro con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Mientras el contrato del primero fue por un monto específico de 4 millones 540 mil 295, el del segundo, a nombre de Luis Enrique Inguanzo Gallegos, pauta un monto mínimo de 1 millón 796 mil 480 pesos, con un máximo por 4 millones 353 mil 104.
Junto a la contradicción entre el discurso oficial y el vínculo comercial, la relación entre el Gobierno federal y PiSA resalta aún más al tomar en cuenta a Dimesa, la otra firma sancionada por la SFP a finales del año pasado. También logró sortear la inhabilitación para mantenerse como proveedor del sector público y sus beneficios han sido más discretos pues, en lo que va del año, apenas se le han entregado siete contratos. Seis por adjudicación y solo uno por licitación.
El más lucrativo de estos acuerdos, suscrito con el Hospital Juárez de México por el concepto de farmacia subrogada, le valió a Dimesa entre 13 millones 137 mil y 29 millones 206 mil pesos. También ganó la licitación pública con el Instituto Nacional de Pediatría para encargarse de su servicio general de anestesia hasta 2023, lo que fue registrado con un monto mínimo de nueve millones 709 mil pesos, pero con la posibilidad de obtener hasta 24 millones 97 mil.
Historial de acaparamiento
Antes incluso de los señalamientos contras PiSA, la Secretaría de Salud y el propio López Obrador arremetieron, desde 2019, contra Dimesa y a otras dos firmas, Farmacéuticos MAYPO S.A de C.V. y Grupo Fármacos Especializados, al acusarlas de acaparar más del 60 por ciento de la compra de medicamentos y equipo médico para el sector público. A dos años de prometer que no se les permitiría recibir más contratos, la realidad muestra lo contrario.
Este 2021, Farmacéuticos MAYPO recibió 19 contratos, el más lucrativo con el ISSSTE por un mínimo de 590 millones 201 mil pesos y máximo de mil 473 millones 14 mil 400 bajo el concepto de “servicio integral para la administración y operación de la cadena de suministro de medicamento, material de curación e insumos para la salud, desde un centro nacional de distribución, hacia las unidades médicas usuarias del instituto”.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, de este grupo de empresas privadas solo Grupo Fármacos Especializados no ha recibido contratos de la administración pública federal este año. Esto responde a que fue la primera firma sancionada por la Secretaría de la Función Pública desde julio de 2019, tres meses después de que el Presidente López Obrador anunció que su Gobierno no contrataría a las farmacéuticas beneficiadas en sexenios anteriores.
Un año después, en abril de 2020, la empresa de José Antonio Pérez Fayad anunció el fin de sus operaciones, destacando que el ISSSTE incluso les quedó a deber alrededor de seis millones de pesos por servicios brindados antes de la sanción de la SFP. Sin embargo, la realidad es que Pérez Fayad traspasó los bienes de Fármacos Especializados a Pro Inmune, otra firma de su propiedad, que a su vez opera una serie de subsidiarias alrededor del país.
