En un ríspido y acalorado debate, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del PVEM aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de notificar los usuarios sobre el congelamiento de cuentas bancarias cuando haya indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.

Solo la diputada morenista Lidia García Anaya votó en contra de la iniciativa, junto con los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que emitieron 219 votos a favor, mientras se emitieron 266 votos a favor.

La minuta que fue enviada con cambios por el Senado de la República y que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, detalla que cuando una persona haya sido incluida en la lista de personas bloqueadas podrá solicitar garantía de audiencia.

Indica que, previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia, para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente informe las causas del bloqueo y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista, destacó que esta reforma respeta los derechos procesales de las personas, lo que no fue compartido por la oposición que aseguró que esta reforma tiene dedicatoria, viola los principios de seguridad jurídica y garantía de audiencia.

La morenista García Anaya al exponer su postura en contra de la iniciativa indicó: “No se trata, como lo he dicho en varias ocasiones, de colores o de partidos políticos. Se trata de que vengamos a legislar por la corresponsabilidad porque estamos aquí por el voto de los ciudadanos. Qué pena que se diga aquí que quienes estamos en contra de este dictamen estamos beneficiando al lavado de dinero.

“Por lo menos su servidora lo dice desde esta tribuna: A las pruebas me remito y que me investiguen y me verifiquen lo que yo tengo, así como a mi persona y a muchos diputados de esta Cámara que han trabajado con honestidad”, expresó.

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José Yunes Zorrilla, diputado del Partido Revolucionario Institucional, señaló que nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio en tribunales y esta reforma abre una puerta peligrosa para que desde el Estado persiga, lastime o transgreda.

El perredista, Marcelino Castañeda advirtió que está reforma está destinada a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavez Ruiz, expresó que todos los que hacemos uso del sistema bancario debemos tener muy presente que la banca notifica, “por lo que operativamente está demostrada su eficiencia y validez jurídica, nada de orden judicial; ahí está el artículo 115 de la Ley de Instituciones donde se posibilita que la UIF puede hacer este procedimiento de bloqueo de cuentas.

“De fondo, se respeta el derecho de audiencia a las personas que se encuentran en las listas. Y con ello, se brinda certeza jurídica a los usuarios de los servicios financieros a través de un procedimiento claramente establecido en la ley”, justificó.