La Sección Instructora de la Cámara de Diputados perfila desaforar al legislador del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, acusado por la Fiscalía de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México de presunto enriquecimiento ilícito durante sus años como servidor público y legislador.

En un proyecto de dictamen que circula la presidencia de la Sección Instructora, a cargo del diputado por Morena, Pablo Gómez, retoma la denuncia de las autoridades capitalinas, en contra de Toledo Gutiérrez, quien busca la reelección consecutiva.


La Sección Instructora desarrolló todas las etapas procesales con apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluyendo la recepción de las pruebas aportadas por cada una de las partes, así como sus alegatos finales, en los cuales realizan razonamientos relacionados con la probable responsabilidad del servidor público en cuanto al delito que se le imputa y del cual se defiende.

En el proyecto de dictamen se realiza una valoración de los medios probatorios que constan en el expediente, misma que lleva a la convicción de una serie de hechos que motivan una resolución.

Se destaca en el documento que Mauricio Toledo tiene trabajando en el servicio público desde el año 2009 hasta la fecha, y que a partir del 2010 se le atribuyen conductas ilícitas, bajo la documentación de probables excesos patrimoniales no justificados.

El dictamen da por acreditado el incremento patrimonial del servidor público y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a lo que ha sido su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como “consultor privado”.


El documento enfatiza que a partir del 2009, Mauricio Toledo, el exdelegado de Coyoacán, tuvo ingresos importantes como diputado federal, incluyendo un préstamo “por una suma relevante” que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en 2010. Sin embargo, no aclara la posesión de autos que integran el expediente y se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, bienes cuyo valor en aquél entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos.

También menciona el valor de uno de los inmuebles adquiridos en la alcaldía Tlalpan, y considera que entre la fiscalía y la defensa existe una discrepancia relevante, que asciende a un monto superior a los $10.5 millones de pesos.

“El avalúo ofrecido por la Fiscalía contempla que, al año en que fue adquirida, la finca costaba más de $16 millones de pesos, contra los $5.5 millones que fueron pagados, conforme lo destaca la defensa”, cuestiona.

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El órgano de la Cámara de Diputados agrega otro argumento de la FGJ, en cuanto el periodo de 2012 a 2018, cuando Mauricio Toledo consignó ingresos por un monto que asciende a más de $9.4 millones de pesos, situación que aseguran no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso que ascienden a un monto mayor a los $20.8 millones, lo que representa una discrepancia que excede los $11.4 millones en tal periodo.

“En consecuencia, se tiene por colmada la exigencia consagrada en los artículos 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para arribar a la presente determinación, por lo que se propone a los integrantes de la Sección Instructora dictaminar que ha lugar a proceder penalmente en contra del Diputado Federal Mauricio Toledo Gutiérrez”, solicita la presidencia de la Sección Instructora.