Diputada de Morena propone sancionar aborto con trabajo comunitario

Diputada de Morena propone sancionar aborto con trabajo comunitario

Además del trabajo a favor de la comunidad, la legisladora propuso que las mujeres reciban tratamiento médico y psicológico

La diputada de Morena, Jannet Tellez Infante, propuso este jueves que las mujeres que se sometan a un aborto sean sancionadas con tratamiento médico o trabajo comunitario, en lugar de ser encarceladas durante largos periodos.

“Facultar a la autoridad judicial para sustituir la penas establecidas por un tratamiento médico integral o trabajo a favor de la comunidad, dicho tratamiento será provisto por las autoridades de salud federales”, dijo la legisladora desde la tribuna.

Tellez Infante señaló que, de esta manera, las mujeres recibirán orientación médica y psicológica sobre las consecuencias de la decisión de interrumpir el embarazo.

Así, la morenista propuso la modificación del artículo 332 del Código Penal Federal, el cual sanciona el aborto con penas de 6 a 12 meses de prisión para las mujeres que aborten o consientan esta práctica.

Sin embargo, las mujeres pueden alcanzar hasta cinco años de prisión si tienen mala fama, ocultan su embarazo o el producto es fruto de una unión ilegitima.

Dichas agravantes han sido calificadas como retrogradas y discriminatorios, pues estigmatizan a la mujer con conceptos ambiguos como la “mala fama”.

“Ante esta determinación legal, está clara la condena del juicio social, carga psicológica y física que existe en ejecutar dicha sentencia”, argumentó la legisladora, quien pidió derogar dichas sanciones.

La iniciativa fue turnada, para su análisis, a la Comisión de Justicia de la Cámara baja.

Actualmente, sólo la Ciudad de México y Oaxaca permiten a las mujeres decidir sobre sus propios cuerpos dentro de las 12 primeras semanas del embarazo.

Sin embargo, quien se ha negado a dar una postura sobre el tema es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues ha dicho que prefiere no polemizar e, incluso, ha propuesto llevar la discusión a consulta ciudadana.

Especialistas y grupos feministas han rechazado la propuesta de la consulta, pues los derechos humanos no pueden ni deben ser votados.

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