Existe una gran deuda en derechos humanos con los adultos mayores de la Ciudad de México, consideran legisladores locales

Deuda con los derechos de los adultos mayores

La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México promete atender el rezago en derechos que padecen los adultos mayores de la capital, situación que se agravó con la pandemia de COVID-19

Existe una gran deuda en derechos humanos con los adultos mayores de la Ciudad de México, consideran legisladores locales.

Actualmente, quienes son parte del grupo de la tercera edad padecen situaciones como discriminación y exclusión social que les impide el total acceso a sus derechos.

Datos sobre la población adulta mayor del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la Ciudad de México indican que en la capital viven un millón 276 mil personas de más de 65 años, que padecen discriminación estructural.

1.27
millones de adultos mayores viven en la CDMX

Según el COPRED, este sector se enfrenta a una situación en la que laboralmente se les excluye solo por su edad; el 42 por ciento del total no tiene un trabajo y vive en situación precaria.

Ante esta situación, la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México trabajará para impulsar el respeto hacia este sector así como una vida digna, afirman diputados locales.

Entre los temas más importantes a atender está la conformación del sistema de cuidados local, el derecho a una muerte digna y eliminar la violencia económica.

Más derechos para adultos mayores

En enero de este 2021 se creó y publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la capital, con lo que se logró un avance importante en reglamentar y establecer las garantías fundamentales de las personas de la tercera edad.

Sin embargo, existe una deuda importante con ellos, dice la diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la ciudad, Marisela Zúñiga Cerón.

“No hemos actuado para generar las condiciones necesarias para una vida digna en muchos aspectos”, reconoce.

Cerón afirma que, aunque el marco legal y normativo existe, todavía se debe garantizar, principalmente, el cumplimiento de los derechos a la educación, la salud y la vivienda de las personas mayores de 65 años.

“Tenemos una gama impresionante de personas que pertenecen a este grupo etario y se necesita fortalecer sus derechos (…) Un ejemplo importante de que hace falta garantizarlos es que solo existe un hospital geriátrico en toda la ciudad”
Marisela Zúñiga CerónPresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local

No obstante, refiere la legisladora, durante el pasado Congreso de la ciudad, cuando era presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, se hizo un diagnóstico de lo que necesitan los adultos para que su calidad de vida mejore.

En consecuencia, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo local propondrá y trabajará en tres principales temas para atender a los habitantes de la tercera edad: concretar el sistema de cuidados, avanzar en el derecho a la muerte digna, y evitar la violencia económica y que sean víctimas de fraudes.

Los tres temas, comenta, tendrán que ser resueltos durante la Segunda Legislatura del Congreso que inició el pasado 1 de octubre y concluirá el 30 de septiembre de 2024.

Primer avance

El pasado martes 26 de octubre, Zúñiga Cerón presentó la primera iniciativa de reforma a la ley para garantizar los derechos humanos de las personas de la tercera edad.

Durante una sesión ordinaria del Legislativo, la morenista presentó una iniciativa de reforma con proyecto de decreto para adicionar el artículo 234 Bis al Código Penal local y sancionar penalmente a las personas que cobren las pensiones de los adultos mayores y defrauden a sus beneficiarios.

Zúñiga Cerón argumenta que una de las problemáticas que padecen el grupo etario es la violencia económica por parte de quienes los cuidan.

“Debido a la necesidad, ignorancia, inexperiencia o estado de enfermedad físico o mental en el que se encuentran, los adultos requieren el apoyo de terceras personas para que los asistan en el manejo y administración de este patrimonio; sin embargo estos sujetos en ocasiones desvían el objetivo de estos recursos y se los quedan para su beneficio propio”, declara.

Entonces, la reforma propuesta pretende incorporar un artículo Bis para tipificar como administración fraudulenta que una persona haga uso en beneficio propio, de los recursos de un adulto de la tercera edad.

Durante la segunda legislatura del Congreso, los diputados trabajarán en tres aspectos para garantizar los derechos de los adultos mayores: el sistema de cuidados, la violencia económica y una muerte digna

Pandemia agrava carencias

La pandemia por COVID-19 evidenció las necesidades y carencias de las personas de la tercera edad, indica una tarjeta informativa del COPRED por el Día del Adulto Mayor en 2020.

El COPRED afirma que no solo fueron el grupo poblacional con más casos graves y defunciones en el país, también enfrentaron problemas como el aislamiento, la inaccesibilidad a servicios y la violencia durante la contingencia sanitaria.

“Es indispensable hacer un llamado a reflexionar sobre las condiciones que originan situaciones discriminatorias en distintos espacios cotidianos para este grupo, y que hoy les colocan en un mayor grado de vulnerabilidad, como los relacionados con la atención a la salud pública, los comercios y los mercados, en lo que respecta a la negación de ingreso para la adquisición de productos básicos y alimentos, mecanismos de denuncia ante actos de violencia o abandono, espacios laborales, etcétera”, señala el COPRED.

42
por ciento no cuenta con trabajo y vive en situación precaria

Por lo cual, el órgano gubernamental recomendó una serie de medidas para que en la etapa postpandemia, se incentive el respeto a los derechos del grupo poblacional.

Entre las acciones más importantes están el fortalecimiento y creación de redes institucionales y sociales de apoyo entre personas mayores y para ellas; fomentar iniciativas de redes ciudadanas de solidaridad para el cuidado de las personas mayores; y que las autoridades tengan presente en sus políticas las condiciones que padecen las personas mayores.

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