Hugo Sánchez Pérez, regidor de Santiago de Anaya, en Hidalgo, es acusado por presuntamente haber atropellado a una familia mientras conducía en estado de ebriedad. En el accidente perdieron la vida dos niñas y una mujer; mientras que un hombre y otra niña se encuentran gravemente heridos.

Este sábado, pobladores de la alcaldía tomaron el edificio municipal y golpearon a varios funcionarios en protesta contra el incidente que ocurrió la noche del viernes en la calle Lagunilla, de la comunidad Cerritos.

Presuntamente, el regidor por el Partido Encuentro Social por Hidalgo (PESH) conducía un vehículo en estado de ebriedad cuando atropelló a la familia Peña Sánchez, quienes circulaban por la calle en una motocicleta.

Supuestamente, al momento del accidente, el regidor iba acompañado de la síndica del ayuntamiento, Itzel González. Las víctimas mortales son la esposa de Porfirio Peña Cruz y dos de sus hijas: una niña de seis años y otra de 16. El hombre y otra menor de edad se encuentran hospitalizados, en estado de gravedad.

Los pobladores que se manifestaron en la alcaldía exigieron la destitución del regidor, del secretario municipal y del titular de Seguridad Pública, a quienes acusan de proteger al implicado y haberlo ayudado a escapar del lugar a bordo de una camioneta resguardada por funcionarios y policías.

Tras el incidente, Sánchez Pérez habría huido del lugar sin atender a los heridos. Tras permanecer prófugo durante varias horas, se entregó a la policía y fue remitido a la agencia del ministerio público del distrito judicial de Actopan. Momentos más tarde, lo trasladaron a instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo.

En un comunicado, el ayuntamiento de Santiago de Anaya informó que el presunto homicida se encuentra ya a disposición de las autoridades en Pachuca para que determinen su situación jurídica.

“El ayuntamiento de Santiago de Anaya se une a la pena que embarga en estos momentos a la familia Peña Sánchez, vecinos de la comunidad de Vicente Guerrero; respecto a los hechos ocurridos la noche del 9 de junio en la localidad de Cerritos, donde lamentablemente perdieron la vida tres personas y dos más quedaron hospitalizadas”.

Añadieron que el gobierno hará todo lo necesario para “apoyar las investigaciones de los hechos” y que “las responsabilidades de los hechos serán conforme a la ley y será la autoridad competente quien determine lo que proceda”. Asimismo, los funcionarios implicados en el incidente serán separados de sus cargos.

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