El acelerado consumo de los recursos y el desgaste que la actividad humana ha provocado en el planeta han acelerado e intensificado la ocurrencia de desastres naturales en el mundo, y México, junto con el resto de los países en vías de desarrollo, han sido de los más afectados.

El año pasado, de acuerdo con el estudio “Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México 2020”, creado por el Centro Nacional de Prevención de Riesgo, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue uno de los periodos con el mayor número de desastres ocurridos en territorio nacional.

“El monto de los daños y pérdidas, considerando del año 2000 al 2020, representa la octava mayor cifra con 31 mil 862 millones de pesos, esto refleja un incremento de más de 202 por ciento con respecto al año anterior y equivale a 0.14 por ciento del PIB de 2020”.

Esto a pesar de que los 435 eventos distintos cuantificados implican una disminución de incidentes de 26.9 por ciento con respecto a 2019, dice el documento.

Panorama complicado

En el 2021 la situación de México para enfrentarse a los desastres naturales se complicó aún más de lo normal, pues a pesar de que el número de eventos de este tipo permanecen como un constante desafío y riesgo tanto para los tres niveles de gobierno como para la ciudadanía, los recursos y programas para atender este tipo de fenómenos destinados por el Gobierno federal no solo se han visto mermados, sino que muchos desaparecieron.

Tal es el caso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fideicomiso destinado a atender estas situaciones y el cual fue disuelto por la actual administración. Ahora, a pesar de que en el proyecto de Presupuesto 2022 se destinó una partida de poco más de 9 mil millones de pesos para este rubro, la realidad es el que el Fonden no existe, lo que complica la administración de estos recursos, pues se eliminaron las reglas que condicionaban su uso, advierte la organización México Evalúa.


“Para 2022 se proyectan transferencias en el Ramo 23 por 9 mil 054 millones de pesos para el “Fonden”. Aunque así se clasifican, sabemos que no irán a este fondo ya disuelto: simplemente están ahí para reaccionar, en teoría, ante un desastre, sin reglas de operación o un esquema previsto de cómo y cuándo se van a asignar los recursos”, explica la organización en su estudio “Fondo contra desastres: una política más que viaja al pasado”

“Fondo contra desastres: una política más que viaja al pasado”

México Evalúa

Al respecto, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, confirmó en entrevista que efectivamente se están considerando recursos para el Fonden, y agregó que también para el Fopreden.

En las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año buscaremos que se asignen mayores recursos a estos fondos con el fin de atender todas las emergencias que han ocasionado los desastres naturales y que, debido al cambio climático, ahora son más frecuentes.

Desaparecer de un plumazo un fondo o un recurso que sirve para ayudar a la gente, bajo el argumento de la corrupción no es la vía adecuada. Son muchos los estados que han padecido desastres debido a las contingencias naturales, como el caso reciente de Hidalgo, en la región de Tula, que está enfrentando una problemática bastante grave y deberán preverse los recursos necesarios, no solamente para el apoyo de las familias damnificadas, porque el impacto de un huracán, de una inundación o de cualquier otro fenómeno natural es todavía de mayor calado.

“Tiene que ver con la infraestructura y con el restablecimiento de las viviendas de las personas afectadas, con las vías de comunicación y las obras necesarias para que no se vuelva a registrar, como en el caso de Tula, una inundación, donde se requiere, de entrada, el ensanchamiento del río y otras obras de infraestructura hidráulica”, explica.

Prometen solución a la eliminación de fideicomisos para desastres naturales

Tras el decreto de extinción del Fonden, el Gobierno federal prometió cubrir las emergencias con el presupuesto, una solución que México Evalúa cuestiona, ya que no hay mecanismos de ahorro y la disponibilidad de recursos dependerá de que el programa presupuestario para ese fin tenga dinero suficiente para el año en que se necesite; es decir, que se le apruebe presupuesto y que en la práctica los ingresos de Hacienda vayan bien frente a los estimados, lo que implica enfrentar un mayor riesgo ante eventualidades y cambios en el flujo de liquidez del Gobierno.

“En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2022, la Secretaría de Hacienda destaca que para cubrir la desaparición del Fonden se contará con un seguro y bonos catastróficos para atender desastres, como si fueran la solución definitiva, sin embargo son instrumentos que no compensan al extinto fideicomiso”, advierte México Evalúa.

Aunado a esto, el documento “Fondo contra desastres: una política más que viaja al pasado”, revela que la primera herramienta que contempla la Secretaría de Hacienda para sustituir al Fondo de Desastres Naturales para 2022 es un seguro de daños (Seguro Catastrófico), cuya vigencia será del 5 de julio de 2021 al 5 de julio de 2022, y ofrece una cobertura hasta por 5 mil millones de pesos, la cual se activa ante desastres naturales que superen un nivel mínimo de daños de 275 millones de pesos y un acumulable de 750 millones de pesos.

Además, se prevé un Bono Catastrófico por 485 millones de dólares (8.9 mil millones de pesos) contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales, cuya vigencia será hasta marzo de 2024. El bono fue contratado a través del Banco Mundial (BM).

El problema con estas soluciones planteadas por la actual administración es que como todos los seguros, estos no siempre se hacen válidos.

“En suma, contar con bonos catastróficos no garantiza que todos los desastres naturales vayan a estar cubiertos. Es un instrumento donde las empresas que proveen la cobertura apuestan a que no se cumplirán las características mínimas para reembolsar los daños. En el caso del bono catastrófico que tiene México, sólo cubre contra daños de terremotos y huracanes de cierta magnitud y en ciertas zonas del país.

“No hay cobertura contra sequías, incendios forestales, nevadas, granizadas, frentes fríos, tormentas eléctricas, erupciones volcánicas o tsunamis. Además, la cobertura contra terremotos varía según la intensidad y la zona. La magnitud más baja que detona la cobertura es de 7.4 grados en la Ciudad de México y Estado de México, 7.9 en Michoacán y de 8 grados en Guerrero y Oaxaca”, advierte la investigación desarrollada por México Evalúa.

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