El Gobierno de Jalisco está obligado a restituir las condiciones de seguridad en el municipio de Teocaltiche para posibilitar el regreso de los cientos de jaliscienses obligados al desplazamiento por la violencia del crimen organizado, según lo establecen los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En los últimos días y de forma inédita en el estado, alrededor de 600 personas tuvieron que abandonar sus hogares y poblados en Teocaltiche, en los linderos con Zacatecas, el desplazamiento se da por la violencia desatada en esa región por la violencia entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

El Principio 28 de la ONU señala en su punto 1 que: “Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte”.

En su punto 2 se adiciona: “Se tratará en especial de garantizar que los desplazados internos participen plenamente en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración”.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) también ha advertido que, en caso de que perdure la condición de desplazados de estos jaliscienses, será necesario que el Gobierno del estado implemente una estrategia institucional para atender todas sus necesidades.

“Con motivo de los recientes acontecimientos en el municipio de Teocaltiche, donde, a raíz de incidentes violentos, decenas de familias tuvieron que salir de sus comunidades de origen, personal de esta CEDHJ ha realizado diversas diligencias y trabajo de campo, y ha identificado hasta el momento 600 personas afectadas, aproximadamente”.


Las autoridades municipales de Teocaltiche han brindado atención psicológica y apoyo de medicamentos y despensas a través del DIF municipal, pero esta Defensoría advierte que, de prolongarse este desplazamiento, se requiere de una política pública de largo alcance para que se les proporcione vivienda, servicios de salud, educación, empleo y acceso a los servicios básicos que necesiten, y de resultar necesario se les brinde el apoyo temporal que requieren

Comunicado de la CEDH de Jalisco

El documento de la ONU establece obligaciones para todos los Estados con Desplazamientos Internos, según el Principio 18.

“1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes suministrarán a los desplazados internos, como mínimo y sin discriminación, y se cerciorarán de que pueden recibir en condiciones de seguridad: a) alimentos indispensables y agua potable; b) cobijo y alojamiento básicos; c) vestido adecuado; y d) servicios médicos y de saneamiento indispensables”.

La respuesta de Alfaro ante el desplazamiento

En su visita a la comunidad de Mechoacanejo, en Teocaltiche, de este 10 de mayo, donde se concentraron los cientos de desplazados, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que reforzarían la presencia policial en la región, y que cuentan con información de que podrían darse nuevos enfrentamientos criminales.

“He dado instrucciones a la Policía Estatal para reforzar una base de operaciones permanente aquí en Mechoacanejo, y un esquema de vigilancia que nos va a permitir mantener presencia constante en las comunidades de El Rosario, Los Pocitos, El Saucito, Agua Tinta, Rancho Mayor, y Rancho Santo, (…).


Esto es en los límites con el estado de Zacatecas, pero también con la información que tenemos de que este tipo de eventos pudieran generarse en los próximos días, vamos a reforzar, en los límites con Jalostotitlán, las comunidades de Rancho Nuevo y San Gaspar

Enrique Alfaro Ramírez

Gobernador de Jalisco

Precisamente, la CEDHJ señaló que “las comunidades rurales de Teocaltiche en donde ocurrió la salida de personas son: El Saucito, Rancho Mayor, Rancho El Salto, Agua Tinta, Los Pocitos, Los Sauces y El Rosario”, tras un enfrentamiento entre los cárteles citados ocurrido el 7 de mayo.

Jalisco nunca antes había registrado un desplazamiento de tal magnitud por la violencia criminal; al respecto, el gobernador aseveró: “No vamos a agachar la cabeza, vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad; los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia le han arrebatado la paz a este pueblo, y tenemos que recuperarla con presencia, con acciones claras, con un mensaje contundente de que en este municipio el gobierno de Jalisco va a apoyar con todo lo que sea necesario para que podamos recuperar la calma, para que podamos vivir en paz“.

La CEDHJ ha conminado a los tres niveles de gobierno a que procedan con una “actuación emergente en la región de Los Altos, específicamente en el municipio de Teocaltiche, en cuyo territorio se requiere la presencia permanente de autoridades de seguridad pública que garanticen la integridad física y seguridad de sus habitantes”.

También indicó este 10 de mayo que actualmente los desplazados residen en distintos puntos: “Inicialmente, las víctimas se trasladaron a albergues temporales que se instalaron en la parroquia del Divino Salvador, en la comunidad de Mechoacanejo. Posteriormente prefirieron irse con familiares que residen en esa misma localidad, en Teocaltiche, Villa Hidalgo y otros lugares cercanos, (…) por lo que no es posible identificarlos en un solo lugar”.

Día 7 negro

El mismo día 7 de mayo que se dio el enfrentamiento entre cárteles que detonó el desplazamiento masivo de jaliscienses, también fueron privados de su libertad los hermanos González Moreno: Ana Karen (24 años), Luis Ángel (32 años) y José Alberto (29 años).

Los jóvenes fueron sustraídos de su domicilio en la colonia San Andrés, en Guadalajara, por un comando; poco después, el 9 de mayo, fueron hallados sin vida, en un caso que ha despertado la indignación de la sociedad jalisciense.

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