Descifrando la violencia

Se veía venir. En Michoacán y Guerrero una serie de situaciones de inseguridad, un tanto indescifrables, son la peor pesadilla del encargado de la política interior y la seguridad del país, Miguel Ángel Osorio Chong.

Como si el lastre de los 60 mil muertos y miles de desaparecidos que heredó el gobierno de Enrique Peña Nieto fuera poco, un desequilibrio de seguridad regional se nutrió de un conflicto sociopolítico y de la aparición de grupos de autodefensa, creando un estado de crisis en Tierra Caliente.

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Se veía venir. En Michoacán y Guerrero una serie de situaciones de inseguridad, un tanto indescifrables, son la peor pesadilla del encargado de la política interior y la seguridad del país, Miguel Ángel Osorio Chong.

Como si el lastre de los 60 mil muertos y miles de desaparecidos que heredó el gobierno de Enrique Peña Nieto fuera poco, un desequilibrio de seguridad regional se nutrió de un conflicto sociopolítico y de la aparición de grupos de autodefensa, creando un estado de crisis en Tierra Caliente.

Michoacán y Guerrero han acaparado los reflectores durante meses opacando la violencia que se vive en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.

Como lo anticipó Reporte Indigo, desde inicios del 2012 las condiciones geopolíticas del suroeste del país se comenzaron a descomponer.

El concepto de seguridad se distanció de la exclusiva referencia al narcotráfico. Sin embargo, en un año electoral, y con un presidente que iba de salida, el problema fue cubierto superficialmente.

La atención se centró en perseguir y detener a los capos más importantes del narcotráfico, y presentarlos en televisión como trofeos del gobierno.

Se ignoraron los cambios de conducta delictiva de algunas organizaciones como Los Caballeros Templarios, de su filial original, La Familia Michoacana, y de los Mata Zetas o Cártel de Jalisco Nueva Generación.

También se le dio poca importancia a la reactivación de los principales grupos guerrilleros del país, entre ellos el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionarios del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las facciones neozapatistas.

Estas agrupaciones incrementaron su actividad propagandística y operativa en diferentes puntos del país, de acuerdo a información un funcionario federal, quien pidió el anonimato.

La falta de acercamiento social, de inteligencia y de análisis por parte del gobierno de Felipe Calderón, permitió que una serie de ingredientes explosivos se coludieran y colocaran a Michoacán y Guerrero en el ojo del huracán.

La ‘narcoinsurgencia’

Reporte Indigo analizó en el reportaje “La Batalla por la Costa Alegre”, publicado el 13 de diciembre del 2012, la problemática que representaba la disputa de poder entre diferentes cárteles en la zona oeste.

Anticipó también las posibles consecuencias de una guerra tribal entre diferentes bandas del crimen organizado en estados como Guerrero, Jalisco y Michoacán.

El reportaje destacó lo impredecible que era el Cártel de Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Oceguera alias “El Mencho”, quién logró evadir al menos dos operativos de la Marina Armada de México.

También señaló el cambio de comportamiento del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, quienes adoptaron una campaña de intimidación más radical, aferrados a un código idealista, que para algunos analistas raya en lo fanático.

La conducta de los dos principales actores en Guerrero y Michoacán se asimila más a organizaciones con un ethos social.

Este tipo de acciones corresponden a un grupo que adopta actitudes insurgentes y que pueden tener cabida en la tipología de “narcoinsurgencia”.

Este término fue utilizado por la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, por el subsecretario de la Defensa de Estados Unidos, Josheph Westphall, y por algunos otros especialistas y figuras públicas extranjeras.

Todas las declaraciones anteriores fueron objeto de crítica.

De hecho, cuando Clinton adoptó el concepto de la “narcoinsurgencia mexicana”, comparándola con la colombiana, esto provocó una reacción áspera en México, incluyendo el rechazo del propio Calderón. Incluso el presidente Barack Obama corrigió a la entonces secretaria de Estado.

Tipificar al fenómeno del crimen organizado trasnacional en México como “insurgencia” ha sido uno de los miedos más grandes del gobierno federal.

Las dos organizaciones desde sus raíces cargan una bandera no convencional: la del sentimiento social.

No es la bandera del Cártel de Sinaloa ni la de Los Zetas, que a pesar de que son una organización sumamente progresiva continúan dedicados a delinquir, al trasiego de droga, a extorsionar y secuestrar sin importar ideología, religión ni afiliación política.

El grupo de Los Zetas es considerado como el más violento y peligroso del país, y la llamada Federación de Sinaloa, como el más fuerte en referencia a su poder económico y nivel de influencia.

Familia híbrida

La agónica Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios, son una organización de naturaleza híbrida.

Son una alianza entre pobladores locales, desertores del Ejército y de otros cárteles.

Una organización con un objetivo empresarial que representa el peor temor de las autoridades federales y de nuestros vecinos del norte.

Su ideología contiene tintes sociopolíticos y tiene como fin ganarse la simpatía de los habitantes y mostrarse como vigilantes que se dedican a la elaboración y trasiego de drogas solamente para satisfacer sus necesidades socioeconómicas y las de las región.

Tienen un código de 53 artículos que es distribuido por muchas localidades del estado michoacano.

El nombre que se adjudicaron desconcertó a especialistas en materia de seguridad nacional y a las propias autoridades, pues proviene del Ejercito Cristiano de los Pobres que pretendía proteger a los peregrinos.

Son sumamente disciplinados, integrados, herméticos y sobre todo, presumen una “causa justa” como han referido integrantes del grupo.

También es común en localidades del estado de Michoacán que la organización de los Caballeros Templarios distribuyan propaganda y notas informativas sobre sus actividades ilegales, con el supuesto fin de comunicarse con la ciudadanía y protegerlos.

Estos pequeños componentes son síntomas de que a pesar de ser una organización criminal, su naturaleza tiene un ingrediente insurgente.

Esto sin contar los acercamientos que han tenido con grupos afiliados al EPR, según comentan fuentes de inteligencia oficiales.

Reporte Indigo estuvo en tierra michoacana y recorrió las comunidades con mayor presencia del crimen organizado, así como aquellas en donde iniciaron las autodefensas.

La opinión de la gente sobre la Familia Michoacana en particular fue positiva. De acuerdo a diferentes testimonios de los pobladores, La Familia protegía y ayudaba a la ciudadanía.

Algunos manifestaron que desde que Nazario Moreno, alias “El Chayo”, fue ultimado y la organización se dividió, las cosas cambiaron radicalmente. Para mal.

Aseguran que la facción que lidera Servando Gómez, alias “La Tuta” o “El Profe”, docente afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha caído en actos abusivos y tiene menos procuración por la gente.

Sin embargo, “La Tuta” ha manifestado en diversas ocasiones que su organización está del lado de la gente, y que su vocación magisterial tiene gran influencia en la forma en la que lidera a su grupo.

Autodefensas ¿amenaza militar?

El estado de Michoacán ha visto el nacimiento de un nuevo fenómeno de inseguridad que ha encendido las alarmas en los tres niveles de gobierno

Michoacán, Guerrero y Oaxaca son estados en lo que históricamente las diferencias ideológicas han creado fricciones que requieren de sensibilidad sociopolítica para resolverse.

Calderón inhibió estos hechos con la fuerza del Estado, con presencia militar y policiaca.

Sin embargo, esas acciones “preventivas” simplemente fueron cercos. Realmente nunca hubo una verdadera interlocución con los diferentes grupos políticos, movimientos sociales e inclusive con las facciones insurgentes.

La bomba se fue armando durante cinco años, y en el último año de gobierno de Calderón, todo lo que iba mal comenzó a salir a flote.

El “levantamiento en armas” de los pobladores de Cherán, municipio de Michoacán fue para muchos especialistas en seguridad nacional el primer síntoma.

Le siguió Urapicho, y a partir de ese momento se desencadenó el fenómeno de las autodefensas.

¿Por que el gobierno de Calderón no afrontó este fenómeno híbrido sociopolítico de inseguridad?

Nunca lo sabremos.

Lo que sí sabemos es que Michoacán se salió del control tanto de las autoridades estatales como de las federales.

La problemática escalaba y además se vivían momentos de confrontación electoral. Sin embargo, el proceso de transición debió preverlo. La principal amenaza para la seguridad nacional era esa.

Jorge Chabat, académico del CIDE describió esta etapa como “predatoria”, en donde las acciones preventivas aún podrían haber tenido efecto.

Durante la transición, tanto el presidente electo como el presidente saliente aseguraban que el proceso se daba con cabalidad y gran colaboración.

Pero nadie hablaba de la problemática, amenazas, conflictos y pendientes que la nueva administración recibiría.

Hoy se calculan alrededor de 36 grupos de autodefensa en el país. Y a pesar que el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, afirmó que todos los grupos de autodefensa que operaban en el estado habían sido disueltos, han aparecido al menos dos nuevas formaciones.

Uno de ellos en el municipio de Chininicuila y otro en Aquila.

La súbita proliferación de grupos armados ha causado confusión. Descifrarlos no ha sido tarea sencilla para el aparato de seguridad nacional.

El grupo de los Caballeros Templarios aseguró en un video que el Cártel de Jalisco Nueva Generación está detrás de las autodefensas de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec.

Pero la respuesta del gobierno federal no solo tardó en llegar sino que se trataron las declaraciones de los Templarios fueron prácticamente ignoradas, especialmente por el secretario de gobierno Osorio Chong.

La geografía de la violencia 

Los estados que aparecen en la gráfica se han visto especialmente amenazados por la violencia que combina el narcotráfico y los grupos armados. 

— Michoacán

Municipios donde han surgido grupos armados de autodefensa

> Aguililla
> Apatzingan
> Buenavista Tomatlán
> Coalcomán
> Cherán
> Chinicuila
> La Huacana
> Huetamo
> Múgica
> Nurio
> Parácuaro
> Paracho
> Tepalcatepec
> Urapicho
> Zamora
> Zitácuaro

— Guerrero

Municipios con presencia de Policias Comunitarias y grupos de autodefensa

> Ajuchitlán
> Alcozauca
> Ayutla
> Cualac
> Cuatepec
> Cruz Grande
> Huamuxtitlán
> Iguala
> Olinalá
> San Marcos
> Tecoanapa
> Tixtla
> Zapotitlán

Jaque político

Cuando Fausto Vallejo llegó a la gubernatura de Michoacán se enfrentó con al menos 50 renuncias de presidentes municipales. 

Los alcaldes dejaban el puesto ante la incansable intimidación del crimen organizado. Temían por sus vidas.

El gobernador Ángel Aguirre recibió a Guerrero endeudado y bajo el flagelo de la delincuencia organizada. Con espacios turísticos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo inhibidos por la violencia que se vive.

Ambas administraciones comparten no solo la insaciable ola de violencia que impera en sus estados, sino también una crisis sociopolítica que pareciera no tener fin.

Enfrentan conflictos magisteriales, sindicales y movimientos sociales que emanan de las zonas más marginadas de los estados.

También, la constante participación de los grupos guerrilleros como el EPR y el ERPI en movimientos sociales y el padrinazgo que ejercen hacia muchos sectores políticos de la región.

Todo esto sin contar los continuos bloqueos de carreteras, individuos encapuchados cometiendo actos de vandalismos y alterando el orden público. Situaciones que han puesto en jaque a ambas administraciones.

Mucho se ha dicho sobre que ambos estados se encuentran en un “vacío de poder” donde la “ingobernabilidad es su statu quo”.

Y Michoacán tiene otro factor adicional que ha complicado aun más las cosas. Se trata del problema de salud del gobernador Fausto Vallejo, quien tuvo que solicitar licencia para dejar el cargo.

El interinato lo ocupó su secretario de gobierno, Jesús Reyna. No obstante, este episodio ha repercutido en el contexto geopolítico del estado.

En suma, las condiciones políticas, sociales y de seguridad de ambos estados han creado un coctel explosivo.

Se trata de un tormenta perfecta que reúne todos lo males de estado, político, social, económico y de seguridad y que es el dolor de cabeza del secretario de gobernación, quien ha tenido que cargar con una problemática regional que pone en riesgo su desempeño político y como mando de seguridad.

En el terreno se juegan piezas clave como el Pacto por México, la imagen de una mejora en la seguridad y el cambio de rumbo en la estrategia de seguridad nacional.

Sin duda, el despliegue militar anunciado para la región, a mediados de mayo, es un acto imperativo que solo deberá ser temporal.

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