Derrocha Poder Judicial en fiestas y gasolina
Al hacer observaciones por errores en la clasificación de los recursos aplicados, la Auditoría Superior del Estado deja en evidencia los gastos de jueces y magistrados
Jesús PadillaLa Auditoría Superior del Estado exhibió el derroche de millones de pesos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en la organización de fiestas y al otorgar vales de gasolina para jueces y empleados.
La revisión de la cuenta pública 2016 del Poder Judicial del Estado reveló que durante ese año se gastaron 30 millones de pesos en estas prestaciones.
La Auditoría señala que en combustibles, lubricantes y aditivos se gastó 27 millones 016 mil pesos, que debió registrar en la cuenta de servicios personales (otras prestaciones sociales y económicas), y al no hacerlo violó el manual de contabilidad gubernamental.
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“Estableciéndose su observancia obligatoria, de conformidad con el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se analizó la respuesta proporcionada por el Ente Público, la cual no solventa.
“Aún y cuando informa que a partir del ejercicio 2017 ya se contempla este tipo de gasto en la partida de servicios personales, durante el ejercicio 2016 se clasificó incorrectamente”
Mensualmente el consejero tiene derecho a 500 litros mensuales de combustible, la misma cantidad para magistrado y magistrado-presidente, mientras que para el actuario son 425 litros.
Además, el Poder Judicial gastó 3 millones 375 mil pesos en fiestas con bebidas alcohólicas, música texana, incluso hasta en bolsas con regalos para funcionarias del sistema de justicia en Nuevo León.
“Por concepto de alimentos y bebidas, renta de espacio y grupos musicales, así como bolsas para obsequio en el evento del Día de las Madres”, informa el ente fiscalizador, entre otras celebraciones sociales.
3.3
La Auditoría explica que las observaciones detectadas durante la revisión en materia de gestión financiera fueron comunicadas mediante los oficios ASENL-OPR-AEGE-PJ01-AF066/ 2017-TE y ASENL-OPR-AEGEPJ01-AF016/2017- EX.
La revisión revela que en el caso del Poder Judicial, al cierre del ejercicio, se determinó variaciones al presupuesto presuntamente por la ampliación de órdenes de compra del 2015.
Celular con dinero de los ciudadanos
Los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León tienen como prestación el uso de telefonía móvil sin restricciones, con costo al erario público.
Es decir, la ciudadanía paga para que los integrantes del Poder Judicial puedan utilizar sus cuentas personales de redes sociales, sin que ellos inviertan un solo peso en consumir datos del celular.
La Auditoría Superior del Estado informa que el Poder Judicial contrató 247 líneas en 2016 a la empresa Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., para lo cual gastó un millón 374 mil pesos.
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“Los pagos corresponden principalmente al servicio de telefonía celular proporcionado por el proveedor Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., el cual al 31 de diciembre del 2016 se integraba por 247 líneas para todos los integrantes de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León”, señala la Auditoría estatal.
“Para su revisión se verificaron pólizas, solicitudes de pago, facturas, estados de cuenta del servicio, reportes de transferencias bancarias, contratos, políticas de operación y su adecuado registro contable”, concluye la Auditoría en el rubro de telefonía celular.
Uniformes incómodos
El Poder Judicial de Nuevo León no solventó la recepción de uniformes para su personal de la temporada primavera-verano, incumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Se pagó 3 millones 361 mil 680 pesos para vestir no solo a todo el personal, sino también para calzado tipo ejecutivo y zapato para damas.
3.3
“Por la adquisición de 32 pares de zapatos para dama, 24 pares zapato industrial con casquillo, 16 pares zapatos industrial sin casquillo, 395 pares de zapato para caballero tipo ejecutivo para personal administrativo, técnicos, intendentes, archivistas, citadores y actuarios, de acuerdo con el contrato”, explica la Auditoría.
La unidad fiscalizadora realizó observaciones por un faltante de uniformes secretariales, creando dudas sobre un manejo responsable de los recursos.
“Se analizó la respuesta y documentación proporcionada por el Ente Público, la cual solventa parcialmente de acuerdo a lo siguiente: Respecto a la adquisición de 828 uniformes secretariales temporada primavera verano para secretarias por un millón 152 ml 576 pesos presentó reporte con un total de 455 firmas, dando una diferencia de 373 faltantes.
“Respecto a la adquisición de 840 uniformes secretariales temporada otoño invierno de 3 piezas para secretarias por 1 millón 188 mil 768 pesos presentó reporte con un total de 405 firmas, dando una diferencia de 435 faltantes”, concluye la Auditoría.
