El derecho al olvido no aplica para todos. Durante años se ha luchado para obligar a los motores de búsqueda a borrar información personal en la red, sin embargo, los esfuerzos han sido en vano, ya que hasta ahora, esto es solo una realidad para aquellos que viven en la Unión Europea (UE).

En México se ha intentado seguir esta ruta, pero el tipo de legislación complica que los usuarios puedan borrar su historial en Internet y el camino para poder ser olvidado, no solo en el país, sino fuera de las fronteras del bloque europeo, aún luce lleno de obstáculos.

En 2014 se abrió la puerta en la UE para que los usuarios pudieran controlar lo que aparecía de ellos en línea tras un fallo del Tribunal Superior.

Esto provocó una ola que desde entonces no se detiene: en mayo de ese año, el número de solicitudes fue de 48 mil 347; para el 2 de octubre de 2019 las peticiones alcanzan las 849 mil 568.

El tema ha dividido opiniones entre los que creen que el olvido ayuda a las personas que han sido víctimas de alguna agresión digital y los que piensan que se pone en riesgo la libertad de expresión.

Agneris Sampieri, representante legal de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cree que en México es poco probable que se pueda implementar este mecanismo, pues sería contradictorio con el marco legal que ya existe.


El derecho al olvido no es un derecho, es una herramienta que consiste en remover enlaces de los resultados de búsqueda y esto afecta directamente el acceso a la información. En el país ya existe una legislación que permite que las garantías de los usuarios sean salvaguardadas

Agneris Sampieri

Representante legal de la organización R3D

La última victoria de la disputa la obtuvo Google hace unos días cuando el Tribunal Superior de la UE dictaminó que el gigante tecnológico no tiene la obligación de ampliar sus reglas del derecho al olvido fuera de la región europea. Esto significa que, al menos por ahora, el buscador no abrirá sus solicitudes al resto del mundo.

Solución a la mexicana

Las restricciones para borrar las huellas que dejan las personas y empresas en Internet estarán presentes de manera indefinida en cualquiera país que no forme parte de la UE.

Los datos que se encuentran en las plataformas digitales de millones de personas a nivel global se han convertido en la mina de oro del presente, con ellos se pueden crear grandes revoluciones y también desprestigiar todo lo que toquen a su paso, causando graves estragos a nivel profesional, empresarial, económico y emocional.


En México, el olvido en Internet también es conocido como el derecho a la cancelación, cualquier usuario puede aplicar esta garantía siempre y cuando no exista una memoria histórica o sea de interés público

La protección de datos personales y la privacidad constituyen un derecho digital fundamental.

En la actualidad, el país cuenta con los derechos ARCO, que consisten en Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales en posesión tanto de organismos públicos como de particulares, establecidos en el Artículo 16 constitucional, así como en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

La población mexicana que se encuentre interesada en hacer uso de su derecho al olvido primero tiene que identificar cuáles son los acontecimientos que a la persona le interesa borrar de la red, después deberá acudir ante las autoridades de protección de datos y solicitar la baja de aquellos hechos que se relacionan con actividades profesionales de la persona.

Una vez aceptada la petición por parte de las autoridades, el usuario deberá recurrir a los encargados de los buscadores, como Google, Facebook o cualquier red social para hacer válido su derecho al olvido.

Algunos especialistas sugieren a las personas que desde un inicio reconsideren sus acciones y las publicaciones que dejan en Internet, con la intención de que estos problemas disminuyan con el tiempo.

Google es el principal buscador a nivel mundial y su capitalización de mercado se ubica en aproximadamente 820 mil millones de dólares, según información de Alphabet Inc.

Ingrid Motta, directora general de la agencia especializada en telemunicaciones BrainGame Central, manifiesta que los esfuerzos por borrar el historial de alguien no son tan efectivos, pues al salir del bloque europeo cualquier persona puede acceder a las URL.

“El Internet no olvida y aunque se elimine información de los buscadores esta quedará almacenada en los servidores. No basta con que esta regulación se abra a otros países, en todo caso lo ideal sería pensar en reglas digitales para todo el mundo”.

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Ayuda digital para el derecho al olvido

Nadie, ni siquiera las personas y empresas más poderosas del mundo pueden saltarse las leyes.

Este conocimiento lo tenía muy claro Mario Costeja, un abogado y calígrafo español, quien al intentar proteger su información personal en Internet, le ganó la batalla a la gigante tecnológica, Google.

La historia de Mario Costeja y su lucha por ejercer el derecho al olvido comenzó en 1998, cuando al introducir su nombre y apellidos en el buscador de Google se dio cuenta de que seguían apareciendo una serie de noticias que lo relacionaban al embargo de una de sus propiedades a causa de una enorme deuda que no pudo solventar.

Tras años de cargar con una reputación lastimada y después de varias denuncias para desaparecer dicha información de las plataformas digitales, en 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ordenó a la gigante del Internet retirar del buscador todo lo que estuviera relacionado con Costeja.

Francisco Perez Bes, director de derecho y economía digital en Gómez-Acebo y Pombo, asegura que el derecho al olvido es una herramienta que ayuda a las personas a eliminar su historial de conflictos en todos los buscadores de Internet, y cuando eso sucede, ningún tercero puede acceder a noticias antiguas que puedan repercutir de algún modo a los afectados.

“El concepto de olvido es reciente, en países europeos entró en vigor por primera vez en 2018. Esta defensa de datos no pretende atacar la libertad de prensa en el sentido de que se exija a un medio de comunicación retirar noticias, se trata de que después de un tiempo los datos digitales que están publicados y no sean relevantes se retiren para que no vulneren la estabilidad emocional o económica de algunas personas o empresas”, detalla el abogado español.

De acuerdo con algunos especialistas, ejercer el derecho al olvido también ayuda a las personas que han sido víctimas de acoso sexual en Internet a desaparecer los rastros de publicaciones con las que fueron amenazadas o amedrentadas.

Defender la privacidad

El olvido como método de defensa abre las puertas a que los ciudadanos puedan reclamar a Google o a cualquier buscador la eliminación de enlaces que conducen a páginas donde aparece información personal, convirtiéndo esta medida en un hito para la defensa de la privacidad.

En algunos países como Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Holanda, Polonia, Suecia, Bélgica o Suiza, la demanda para ser olvidados de los enlaces digitales crece a pasos acelerados.

Ante la perspectiva de que los usuarios no pueden dejar el mundo de Internet por el rechazo de Google, varias compañías en la Unión Europea comenzaron a ofrecer el servicio.


En la actualidad, el costo por borrar las noticias y contenido de Twitter relacionadas a una persona es de 19 mil 731 dólares, mientras que una sola URL puede variar desde los 219 a los 1096 dólares, de acuerdo con las cifras de Eliminalia

Las compañías que se especializan en la eliminación de las huellas en internet garantizan la desaparición de información personal de redes sociales, páginas en general, medios de comunicación, boletines oficiales del Estado, foros, fotografías y videos.

Francisco Perez Bes explica que no todas las peticiones de eliminación de datos se pueden realizar, ya que Google revisa cada caso y determina si es viable o no aplicar el derecho al olvido.

Podrían existir casos en donde las personas o empresas que piden ser olvidadas estén conectadas a hechos que marcaron sucesos negativos en la historia o estén relacionados con una serie de delitos.


Aplicar el derecho al olvido puede ser útil para aquellas personas cuya reputación ha sido afectada, no obstante, para Google no todos los que se enlistan son candidatos a ser borrados

“La decisión de alejarse de Internet no es buena ni mala, puede ser aplicable a algunas personas siempre y cuando las cosas que cometieron hayan tenido lugar hace cinco o 10 años, de esa forma no habría mucho que perder, durante ese periodo la gente es más propensa a olvidar sucesos, así que no importaría que algunas cosas sean borradas”.

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¿Es mejor no recordar que el derecho al olvido?

Cuando el Tribunal Superior de la Unión Europea (UE) dio luz verde para que las personas pudieran solicitar que se borrara su información, los ojos del mundo se posicionaron sobre la región, incluidos los de México.

A pesar de los esfuerzos que se han promovido desde hace años, aún no es posible que los mexicanos puedan borrar su huella digital.


Especialistas consideran que en México no es viable la aplicación del derecho al olvido, ya que el contexto de violencia y corrupción que impera en el país podría dejar la puerta abierta a que se escondan actividades delictivas

Esto cobra relevancia al tomar en cuenta que en el país hay 74.3 millones de internautas de seis años o más, que representan 65.8 por ciento de la población en ese rango de edad, de acuerdo con la última Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares (ENDUTIH).

La organización R3D es una de las principales opositoras del derecho al olvido, pues su grupo de especialistas considera que si en el país se implementara un modelo similar al europeo ocurriría una regresión e, incluso, se pondría en riesgo la libertad de expresión.

Agneris Sampieri, representante legal de R3D, opina que el deseo de querer importar el esquema de la UE es un error, ya que el contexto de México y del bloque conformado por 28 países es muy diferente.

“El derecho al olvido es peligroso y es un arma en sociedades como la mexicana, pues si alguien está involucrado en delitos financieros y solicita que se remuevan los URL que dañan su imagen después afectará a muchas personas porque nadie sabrá quién es y cuáles son sus antecedentes”, precisa la abogada.

El caso más sonado en México fue el que comenzó en 2014 Carlos Sánchez de la Peña en contra de Google.

Siete años antes, el empresario fue implicado en una investigación de la Revista Fortuna por actos de corrupción relacionados al manejo de la empresa de transportación Estrella Blanca y su cercanía con la Fundación Vamos México de la exprimera dama, Marta Sahagún.

La petición de Sánchez era una: que se cancelaran, bloquearan y suspendieran los sitios de Internet donde se había difundido la información y para ello apeló a la protección del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que tras revisar el caso solicitó al gigante tecnológico retirar los URL del buscador.

Sin embargo, la revista pidió el apoyo de R3D para iniciar el proceso judicial, el cual terminó en 2016 a favor de la publicación y con la que se garantizó la libertad de expresión.


Otro intento lo encabezó el entonces titular del InfoDF Mauricio Israel Hernández, quien planteó la posibilidad de que el derecho al olvido fuera incluido en la primera Constitución de la Ciudad de México, petición que no prosperó

Sanciones injustas

Francia y Google no tienen la mejor relación y para prueba las sanciones que le ha impuesto la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL, por su sigla en francés).

En 2016, el organismo sancionó con 100 mil euros a la empresa estadounidense por limitar el “derecho al olvido”, luego a inicios de este año le impuso una multa récord de 54 millones de dólares (equivalentes al tipo de cambio) por no haber informado a sus usuarios sobre el uso que se le daría a los datos personales.

Hace unos días, cuando Google se negó a censurar los resultados de búsqueda fuera de las barreras de Europa, la CNIL pidió que se le castigara una vez más por un monto superior a los 100 mil dólares.

Al respecto, Ingrid Motta, directora general de la agencia especializada en telecomunicaciones BrainGame Central, opina que las plataformas como Google, Bing o Yahoo, si bien no son filantrópicas, al final del día su labor es dar orden a las búsquedas de las personas.

“Desde hace años se ha visto un fenómeno con los reguladores, pues cuando no están de acuerdo con las decisiones de las empresas acuden a multas excesivas para tratar de frenarlas, pero es importante recordar que Google no genera información, solo la ordena”.


Intentar importar el esquema de la UE en cuanto al derecho al olvido es un error, ya que el contexto de México y del bloque conformado por 28 países es muy diferente

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